Le reclama así al juez que, «tras años sin que se haya considerado oportuno hacerlo, llame a declarar al representante legal del partido investigado», según informa IU en una nota de prensa este martes.
En el mismo escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, IU, que ejerce la acusación popular en esta causa, le solicita también que amplíe el plazo de instrucción de la misma “al menos por un plazo de 6 meses” al concluir el próximo viernes la última prórroga de tres meses que el juez acordó en julio.
Considera que “aún quedan diligencias por practicar e innumerables aspectos del objeto de esta causa por esclarecer, que deberán ser investigados en el curso de los próximos meses mediante la práctica de nuevas diligencias de prueba” hasta llegar a aclarar la existencia de una supuesta caja B en el PP madrileño.
Recuerda que ya pidió la imputación del PP como persona jurídica en 2017, 2018 y 2019 y que el instructor alegó que “la investigación aún se estaba desarrollando y que resultaba prematuro imputar al Partido Popular”.
Esta formación sostiene ahora ante el juez que está más que justificada la imputación del PP por las decisiones tomadas por varios de sus principales dirigentes en la Comunidad de Madrid, y que lo hicieron “para generar un entramado de pagos ajenos al control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y por ende del conjunto de la sociedad”.
Para esta acusación popular, “resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de diversos delitos electorales, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos”.
Esto es así, alega IU, “más aún cuando tenemos conocimiento de quien de manera directa ha podido realizar tales actuaciones, el secretario general del PP de Madrid (Ignacio González), el gerente del partido (Beltrán Gutiérrez) o la presidenta del PP de Madrid (Esperanza Aguirre)”, todos/as ellos/as imputados ya en esta causa.
Al mismo tiempo, este modo de actuar “debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que el Partido Popular se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento, obstruyendo sus principales dirigentes la acción de la justicia por acción u omisión”. EFE
A.M.