La supuesta conexión rusa de un colaborador del expresident Carles Puigdemont en busca de apoyo de Rusia al proceso independentista en Cataluña, de la que se ha hecho eco una investigación publicada por el diario The New York Times, ha agitado este viernes la política catalana.
El Times cita como fuentes un informe europeo de inteligencia corroborado por funcionarios españoles, expedientes de dos investigaciones realizadas por jueces en Barcelona y Madrid, entrevistas a políticos y activistas independentistas en Cataluña, y funcionarios de seguridad en España y el extranjero.
El diario señala que el historiador y jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, se reunió en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB con el objetivo de «garantizar la ayuda rusa».
El reportaje no aclara qué tipo de ayuda dio el Kremlin al independentismo ni si le brindó algún apoyo, pero apunta que tras los viajes de Alay a Moscú, que tuvieron lugar en 2019, surgió la plataforma de protesta Tsunami Democràtic.
Un informe confidencial de la Guardia Civil española obtenido por el diario afirma que Alay estuvo involucrado en la creación de ese grupo de agitación, que interrumpió las operaciones del aeropuerto de Barcelona y bloqueó la AP-7 tras la sentencia del procés.
La oficina de Puigdemont ha emitido un comunicado en el que alerta de informaciones que «tienen como fundamento un informe de la Guardia Civil que está lleno de falsedades, incongruencias e intoxicaciones», con el «único objetivo de criminalizar y desprestigiar» al independentismo ante la comunidad internacional, presentándolo como «elemento desestabilizador».
Estas filtraciones, según Puigdemont, están «descontextualizadas», ya que «existen muchos otros mensajes sobre situaciones políticas en otros países que se omiten intencionadamente».
Para el expresident, «la única fuente posible de esta manipulación son las autoridades españolas», por lo que hay «acción ilícita de poderes del Estado».
«La revelación de conversaciones privadas, que no tienen nada que ver con un delito, es un instrumento más de la guerra sucia que el Estado español practica contra Cataluña, con el intento antidemocrático de liquidar un movimiento legítimo, legal y democrático y que cuenta con el 52% del voto popular en las últimas elecciones nacionales catalanas», ha insistido.
El comunicado recalca que «todas las actividades internacionales de la oficina del president Puigdemont, así como también del jefe de la oficina, Josep Lluís Alay, y de su equipo jurídico, con Gonzalo Boye al frente, son perfectamente legales y tienen como objetivo contribuir a la resolución democrática del conflicto político entre Cataluña y España».
«Estudiaremos emprender acciones legales en el Estado español, y en otros Estados si es necesario, ante la posibilidad de que se haya cometido algún delito de revelación de secretos oficiales, ya que todas las evidencias señalan que la información ha llegado a algunos medios antes de que se levantase el secreto de sumario», añade.
Por su parte, el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha anunciado que buscará el apoyo de PSC, Vox y PPC para crear una comisión de investigación en el Parlament sobre los supuestos vínculos del entorno de Puigdemont con Rusia para conseguir apoyos para lograr la independencia.
Carrizosa ha advertido de que su formación no va a permanecer «impasible» ante este hecho, que ha tildado de «escándalo».
«Queremos saber si el nacionalismo catalán, los dirigentes separatistas catalanes, han propiciado estos contactos», ha afirmado.
La portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero, ha subrayado que «cualquier operación que intente desestabilizar Europa» no puede ser positiva y ha invitado a «reflexionar» a quienes «se hayan dejado llevar» por intereses contrarios a la estabilidad europea.
Estrella Digital