jueves, diciembre 1, 2022

La vacunación de personal esencial abre el debate de quiénes son prioritarios

Tras iniciar la vacunación del personal sanitario, Cataluña ha empezado esta semana a vacunar a profesionales considerados esenciales -policías, bomberos, personal penitenciario y de Protección Civil- con la vacuna de AstraZeneca, que se administra a trabajadores de hasta 55 años.

TRABAJOS ESENCIALES

La decisión de empezar a vacunar a los cuerpos de seguridad y personal de emergencias llega después de que sindicatos y el propio conseller de Interior, Miquel Sàmper, hayan reclamado reiteradamente la priorización de estos profesionales por su labor «indispensable».

No obstante, según el presidente del sindicato de funcionarios CSIF en Girona, Rafa Sánchez, con esa priorización «puede haber un problema», porque si se vacuna a policías por estar en la primera línea «también se deben considerar a otros profesionales», como conductores de metro, personal de Correos o dependientes de tiendas.

De hecho, los sindicatos UGT y CCOO han pedido a la consellera de Salud, Alba Vergés, que se incluya a la plantilla de Correos dentro del personal esencial a vacunar en esta primera fase, por ser «el segundo colectivo con más afectado», después de los sanitarios.

Otros sectores, como el de la abogacía, han exigido que los letrados de oficio estén incluidos en los grupos prioritarios del programa de vacunación del servicio público por su labor «indispensable» y la «evidente situación de riesgo» a la que están sometidos.

Pero más allá de decidir quién tendría que ir primero, hay quienes sostienen, como el portavoz de la CGT Barcelona, Pedro Ortiz, que no se debería primar a unos sobre otros, sino que «todos los profesionales deberían tener prioridad en una vacunación masiva de toda la población», algo que solo se puede hacer si «la patente se hace pública» y se empiezan a fabricar vacunas suficientes para cubrir la cifra deseada, un 70 % de la ciudadanía.

LOS MÁS VULNERABLES

El catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Barcelona Josep Maria Ramon considera que existe un problema de «ambigüedad» a la hora de definir lo que se considera «personal esencial», porque no está clara la priorización «entre los más expuestos y aquellos grupos con una mayor mortalidad».

Para Ramon, más que por sectores de trabajo debería establecerse la prioridad en función de quienes son «más vulnerables», algo que se puede identificar con la información disponible, para determinar los grupos «donde la incidencia de la infección agrava su patología de base, lo que conlleva un mayor riesgo de mortalidad».

En esta línea, la presidenta del grupo colaborativo multidisciplinar para el seguimiento científico del COVID-19 del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Silvia de Sanjosé, comenta que para frenar el virus «habría estado muy bien empezar por la gente más activa», la que tiene más contactos y, por lo tanto, más probabilidad de propagarlo.

No obstante, reconoce que, ante la elevada mortalidad en algunas franjas de edad y entornos -como residencias de ancianos- es razonable que las autoridades sanitarias quieran priorizar a esos sectores.

De esta forma, añade, ante una situación donde la llegada de las vacunas depende de factores como el ritmo de producción, «al final siempre pesa más la gravedad de la situación que no las cifras».

VACUNACIÓN CON LÍMITE DE EDAD

La vacuna de AstraZeneca presenta otro dilema, y es que en España la Comisión de Salud Pública la ha limitado a las personas entre los 18 y los 55 años, a diferencia de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja utilizarla sin restricciones de edad.

Sanjosé considera esta limitación de edad «crítica», porque se deja «en el limbo» a un grupo que, precisamente, es el que concentra las mayores tasas de mortalidad.

Además, excluye a buena parte de los profesionales esenciales que ya han comenzado a vacunarse, según el miembro de la sección sindical de IAC-CATAC Carles Membra, que advierte que ello provoca situaciones como la de la cárcel de mujeres de Wad Ras, donde «solo el 15 % de los trabajadores» podrán recibir la dosis, al ser un centro con una plantilla con una media de edad de 57 años. EFE

Andrea Cuesta Díaz

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