El documento, que compila muchas de las medidas que ya están en marcha, establece que sea el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) el que, en coordinación con la autonomía, evalúe el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida.
La evaluación de riesgo para cada comunidad tendrá en cuenta, entre otros, el ámbito territorial; los indicadores relativos a la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y de salud pública; la exposición al riesgo; las características de la población susceptible expuesta o la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control.
Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de actuación en caso de brotes, y de suponer una privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, deberán ser ratificadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
No obstante, prevé otros dos mecanismos si el coronavirus traspasa las fronteras de una comunidad: en el primero, Sanidad podrá echar mano de las actuaciones coordinadas en salud pública, previo conocimiento del pleno del Consejo Interterritorial, y que serían de obligado cumplimiento para todas. El otro es el estado de alarma.
La reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que presidirá el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se produce en pleno repunte de casos, ya que los últimos datos ofrecidos por Sanidad, 390 en las últimas 24 horas, suponen un nuevo máximo desde el fin del estado de alarma, y 127 más que el día anterior, de los que 160 han sido diagnosticados en Aragón y 91 en Cataluña.
De los más de 120 focos que están activos en la actualidad, los más preocupantes siguen siendo los que atenazan la comarca leridana del Segrià, donde ya han fallecido cuatro personas desde que se decretara su cierre perimetral el pasado 4 de julio.
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