En el documento el Ministerio de Sanidad admite que la escasa calidad de los datos de muertes en residencias trasladados por las comunidades autónomas durante la pandemia ha dificultado su difusión, incluso una de ellas no los ha enviado, por lo que la cifra total, «entre fuentes», oscila entre 27.359 y 32.843 fallecidos.
Según el Resumen Nacional de Residencias, con fecha 20 de junio, que el ministerio ha mostrado a los responsables de sanidad de las comunidades, de los 27.359 fallecimientos en residencias, en 9.003 casos (uno de cada tres de los fallecidos) fue por covid-19, en 9.830 se detectó sintomatología pero no se llegó a confirmar y el resto se atribuyen a otras causas.
«Es incomprensible que pasada la emergencia inicial todavía no se haya iniciado una evaluación con recogida de datos directos de manera unificada, que permita la realización de estudios de los centros para tener un relato objetivo y certero de lo que ha pasado y poder proponer medidas a tomar», denuncia a Efe el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez.
Considera que «es urgente e imprescindible tomar estas medidas con carácter inmediato, si queremos estar preparados por si en otoño hubiera un rebrote».
La asociación de Gerentes en Servicios Sociales propone monitorizar los datos de las residencias para implantar un Sistema de alerta temprana y seguimiento unificado para todo el Estado.
«Es posible que se estén filtrando los datos (incluso manipulando) por los Gobiernos Autonómicos, por las empresas o entidades gestoras e incluso por las direcciones de los centros», censura.
Esta asociación advierte de que no es lo mismo los datos de muertes en residencias que los de residentes fallecidos y lamenta que en algunas comunidades, los residentes que fallecían en hospitales no se registraban como residentes fallecidos.
«Los centros residenciales de los servicios sociales no solo sufrieron el abandono del sistema sanitario público, sino además el del propio Ministerio de Sanidad», lamenta Ramírez.
Por ello Ramírez cree que es preciso que las consejerías competentes en servicios sociales y las entidades gestoras prevean esta cuestión y «preparen planes de contingencia y reservas adecuadas de materiales».
«Hay que establecer protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención sanitaria de los residentes, especialmente desde la atención primaria o bien adecuando las plantillas de personal sanitario de los centros de salud, o bien estableciendo equipos específicos organizados y supervisados desde las áreas sanitarias», argumenta.
En caso de que se vuelva a la situación de hace unos meses, Ramírez plantea valorar diversas opciones, como la de medicalizar las residencias con recursos humanos y técnicos del sistema público de salud implantando medidas de hospitalización para los residentes en los propios centros de mayores.
«Se contribuiría con ello a aliviar la presión en los centros hospitalarios, se reduciría el riesgo de contagio en una población tan vulnerable como son las personas mayores y constituirían un beneficio evidente para su bienestar y el de sus familiares», plantea.
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