Así lo advierte la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que ha pedido la creación de una subcomisión dentro de la Comisión para la Calidad Democrática para investigar las contrataciones públicas.
Concretamente quiere que la subcomisión analice todos los expedientes administrativos o contratos formalizados por la administración pública para la adquisición de material o la realización de prestación de servicios por el coronavirus.
También pide que se examinen las órdenes de pago y facturas emitidas tanto por las administraciones públicas como por las entidades del sector público estatal.
Olona recuerda en la iniciativa que, dos días antes de la declaración del estado de alarma, el Gobierno se habilitó mediante un real decreto para la contratación pública de emergencia.
Pero subraya que esa habilitación no le exonera de cumplir con el régimen de publicidad y transparencia de todos los contratos del sector público ni, en particular, de la obligación de publicar la licitación en el perfil del contratante.
«No es admisible que el Gobierno se acoja a este régimen extraordinario para no informar a través de su portal de contratación de las licitaciones selladas por el Ministerio de Sanidad durante el estado de alarma», denuncia.
Para la dirigente de Vox, «la contratación de emergencia ante el coronavirus no puede ser, en ningún caso, un cheque blanco al Gobierno».
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