Marlaska ha reconocido que el flujo de pateras en Canarias «preocupa», pero lo ve «bajo control», tras reunirse en Las Palmas de Gran Canarias con el presidente regional, Ángel Víctor Torres, quien ha pedido que se activen los mecanismos de solidaridad previstos en la Unión Europea para la acogida de los inmigrantes que llegan a sus costas.
Torres ha anunciado que cabildos y ayuntamientos están dispuestos a habilitar más plazas de acogida humanitaria, porque la mayoría ya están desbordados, y el Estado va a hacer lo propio con sus recursos.
En este sentido, el ministro ha adelantado que se va a acondicionar el módulo de madres de la cárcel de mujeres de Tenerife como espacio de acogida para mujeres inmigrantes, mientras se estudian nuevas opciones que se van a llevar a la reunión que mañana celebra la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, presidida para esta ocasión por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Grande-Marlaska ha dicho compartir con las autoridades canarias la «preocupación» que suscita este incremento en las entradas irregulares de personas por vía marítima al país a través de las islas, pero ha pedido no ser «alarmista», porque la situación no es comparable a la crisis de los cayucos de 2006 y porque, ha recalcado, este Gobierno «tiene una política migratoria», a diferencia de su antecesor, en cuyo mandato «dejó de existir».
Respecto a la situación que viven los internos en los CIE como el de Barranco Seco, en Gran Canaria, criticada por agentes sociales y por jueces de control, como el de Las Palmas, Arcadio Díaz Tejera, Grande-Marlaska ha informado de que el Gobierno ha destinado 33 millones de euros a la mejora de las ocho infraestructuras de este tipo que operan en el país y a la creación de un nuevo concepto de CIE en Algeciras que abrirá en dos años.
En cualquier caso, el ministro ha garantizado que se harán las obras que se precisen para garantizar «un sistema de vida» a los usuarios de estos centros.
Preguntado por la polémica abierta en torno a la devolución de inmigrantes de Mali a Mauritania, criticada por varias ONG, Grande Marlaska ha recalcado que todo el proceso de repatriaciones se hace respetando las leyes españolas, la normativa internacional y los derechos de los afectados y bajo control judicial.
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