Así, el TC deberá decidir si el Supremo vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de Stop Mare Mortum cuando en febrero dio marcha atrás y declaró la imposibilidad de ejecutar el fallo que unos meses antes había obligado a España a cumplir su parte del acuerdo con el que la UE quiso dar respuesta al trágico éxodo de refugiados, principalmente sirios, que iban llegando a Grecia e Italia.
En concreto, según recordaba el Alto Tribunal en su primera sentencia, España asumió en septiembre de 2015 la obligación de recibir a 19.449 personas de un total de 160.000 en el plazo de dos años, pero solo ofertó el 12,85 por ciento de las plazas (1.875 de Grecia y 625 de Italia).
Hasta hoy, solo ha reubicado a 1.124 desde el primer país y a 235 del segundo, menos del 7 % de la cuota que tenía establecida.
¿Qué motivó el cambio de criterio de julio de 2018 a febrero de 2019? Pues, según el Supremo, que acogió la tesis de la Abogacía del Estado, las autoridades comunitarias aprobaron el pasado diciembre un nuevo reglamento que dejó sin efecto la ejecución del reparto pactado tres años antes.
Pero, sobre todo, «la ausencia» de personas reubicables. «No sólo resulta de imposible ejecución la sentencia dictada, sino lo que es más relevante, que, atendiendo a las circunstancias del caso, en el presente supuesto nada ha de ejecutarse», concluían los magistrados.
De hecho, fue en esa «ausencia» de personas que cumplieran los criterios para ser reubicadas, junto con el argumento de que Grecia e Italia retrasaban los procesos, en la que el Ministerio del Interior entonces dirigido por Juan Ignacio Zoido siempre se agarró para justificar que esos refugiados nunca llegasen a nuestro país.
Sin embargo, decir que no hay personas reubicables es, para la organización que dio origen a esta causa, una «falsedad con mayúsculas». «Hay una opacidad de datos que usan políticamente para provocar el despiste», censura a Efe su portavoz, Sònia Ros, que rechaza «la guerra de cifras porque lo que hacen los gobiernos es usarlas para asustarnos».
Lo cierto es que, cuatro años después de la agónica huida de refugiados, retratada en la imagen del pequeño Aylan Kurdi sin vida en una playa turca que conmocionó a Europa, la situación de hacinamiento en Grecia es aún dramática, sobre todo en Lesbos y Samos: las cinco islas que sirven de principal punto de entrada acogen a más de 16.000 inmigrantes, el doble de su capacidad, y en el continente hay más de 50.000 personas.
Frente a esta realidad, el TS hace «un juego absolutamente peligroso» porque en julio de 2018 reconoció que «el Gobierno se ha saltado la ley y que su incumplimiento afecta a derechos fundamentales de estas personas», pero en febrero de este año «vuelve a decir que esto es cierto pero que no pasa nada».
Aun con todos sus «errores y deficiencias», Stop Mare Mortum cree que el mecanismo de reubicación es «válido» porque los países receptores «necesitan un mecanismo de distribución de personas» que, no hay que olvidar, «entran por ellos por motivos geográficos, no porque sea donde quieran quedarse o donde tengan a sus familias y sus vínculos culturales».
Por ello, no entienden «el papel secundario y la cintura para evadir sus responsabilidades en política migratoria» del Gobierno español, al que reprocha no ser coherente «con la situación y el contexto de realidad migratoria que vive España».
El giro del Supremo también ha sido criticado por Intermon Oxfam, cuya responsable de Incidencia, Lara Contreras, critica que se haya alineado con las «excusas» que daba Zoido para no cumplir con su compromiso. «Lo cierto es que se necesitaban mas medios para facilitar el procedimiento de asilo de asilo», asegura en declaraciones a Efe.
«No lo entendemos porque no ha cambiado la situación: sabemos y llevamos denunciando desde hace un par de años que hay miles de personas hacinadas en las islas griegas, en albergues que no tienen las condiciones básicas para llevar una vida digna. El problema sigue estando ahí y España sigue incumpliendo sus compromisos», zanja.
Desde Amnistía Internacional, la portavoz sobre refugio y migración, Verónica Barroso, considera que el mecanismo de reubicación, además de discriminatorio, ya que segrega por nacionalidades y fecha de entrada, se ha quedado obsoleto porque «no se ajusta a las necesidades y a los perfiles de los refugiados».
«No sabemos la vía más correcta, pero se tienen que abrir más vías legales y seguras para los que están atrapados en el Egeo sean distribuidos y acogidos por los estados miembro», sentencia.
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