viernes, abril 19, 2024
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Cabify no ha tomado ninguna decisión sobre su posible salida de Barcelona

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La compañía de vehículos de alquiler con conductor (VTC) Cabify ha anunciado esta noche que no ha adoptado ni ha hecho pública ninguna decisión sobre su posible salida de Barcelona a raíz de las medidas anunciadas por el gobierno catalán para precontratar este tipo de servicios.

Representantes del sector de los vehículos de alquiler con conductor, los VTC que usan plataformas como Uber y Cabify, habían anunciado que se irán de Barcelona cuando se apruebe el decreto ley de la Generalitat que obligará a precontratar este tipo de servicios con un mínimo de 15 minutos mínimos de antelación ampliables a una hora.

«Desafortunadamente, la Generalitat ha cedido al chantaje del taxi y hemos decidido tomar medidas porque nos han impuesto el decreto», ha asegurado en declaraciones a los medios el presidente en Cataluña de la patronal Unauto VTC, Josep Maria Goñi.

Goñi ha hecho estas afirmaciones tras una breve reunión con el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, tras la cual ha asegurado que las condiciones que impone el Govern «obligan al cierre de estas empresas».

Sin embargo, Cabify ha emitido después un comunicado en el que afirma que «quiere aclarar que no ha adoptado ni ha hecho pública ninguna decisión sobre el posible abandono de Barcelona por parte de la compañía».

También un comunicado posterior, Unauto ha vuelto a denunciar que «la Generalitat de Cataluña ha cedido finalmente al chantaje del sector del taxi, que no ha dudado en secuestrar de nuevo la ciudad de Barcelona y emplear la violencia para seguir blindar su monopolio».

«Las restricciones anunciadas suponen la desaparición en Cataluña del sector de las VTC, que lamentablemente no podrán seguir dando servicio a los millones de ciudadanos que nos eligen cada día, y la destrucción de más de 3.000 empleos», añade.

La patronal Unauto VTC anuncia asimismo que van a «estudiar todas las medidas legales a nuestra disposición para luchar contra esta regulación injusta, dictada por el sector del taxi y impulsada bajo coacciones inaceptables en un estado de derecho». 

Redacción

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