El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado este miércoles el cese de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, «agradeciéndole los servicios prestados», y un segundo real decreto por el que se encarga a la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «el despacho ordinario de los asuntos de su Ministerio».
La Secretaría de Estado de Comunicación ya informó este martes de que el cese de Gallardón se haría efectivo hoy mismo y de que sus funciones serían temporalmente asumidas por la vicepresidenta, ya que el nuevo ministro, Rafael Catalá, tomará posesión la semana que viene, cuando el Rey y el presidente del Gobierno hayan regresado de sus viajes internacionales.
De hecho, los dos reales decretos fueron sancionados por Felipe VI desde la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas, Nueva York, el martes 23 de septiembre.
Alberto Ruiz-Gallardón anunció el martes que abandonaba el Ministerio y toda actividad política, después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmase que el Gobierno no seguirá adelante con su anteproyecto de reforma de ley del aborto.
Sesión sin control de Justicia
El Gobierno ha comunicado al Congreso el aplazamiento de las preguntas y la interpelación que Alberto Ruiz Gallardón iba a responder este miércoles en el Pleno del Congreso en la sesión de control al Ejecutivo, según ha revelado el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, una vez que se ha conocido la dimisión del ministro de Justicia.
En concreto, Ruiz Gallardón estaba emplazado a responder este miércoles dos preguntas en la sesión de control: una de UPyD sobre la regulación pendiente de la custodia compartida (corresponsabilidad parental) y otra del PSOE sobre la reforma de la ley del aborto, precisamente el asunto que ha provocado su dimisión.
Además, debía contestar una interpelación planteada por el grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) sobre ese frustrado anteproyecto de ley, debate del que iba a derivarse una moción que el grupo que capitanea Cayo Lara tenía pensado someter a votación en el Pleno del Congreso el próximo 7 de octubre.
Aplazadas las preguntas y la interpelación, los grupos parlamentarios decidirán si mantienen el tema para el sucesor de Gallardón u optan por cambiar el enunciado. En cualquier caso, no pierden el cupo de preguntas e interpelaciones al Ejecutivo.