La propuesta aprobada por el Gobierno y que pasa por diversos órganos consultivos del estado antes de su remisión a las Cortes en febrero es «muy equilibrada» y «da la última palabra a los jueces, que deberán de decidirá rápidamente».
Entre las medidas aprobadas figura la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, que será el órgano que reciba las denuncias de afectados por la piratería.
Una vez que esta comisión compruebe que en efecto existe una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, solicitará el cierre o bloqueo de la página a un juez, que deberá de tomar una decisión en cuatro días.