AI, con sede en Londres, ha recopilado «pruebas significativas» de que en los cinco días que duró el conflicto -desde la noche del 7 al 8 de agosto hasta el 12- y en los días posteriores se cometieron «crímenes de guerra y contra la humanidad». La organización defensora de los derechos humanos recuerda que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) también llegó a esta misma conclusión, y señala que ambas partes cometieron este tipo de crímenes y violaron la ley internacional.
El Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, pidió este viernes a las autoridades rusas y georgianas que respeten los compromisos que asumieron en el acuerdo de paz del año pasado y que faciliten el retorno de la población desplazada. Solana destacó en un comunicado que la situación es de relativa calma, aunque aludió al aumento de la tensión los últimos días por supuestos actos de violencia y acusaciones mutuas.
El jefe de la diplomacia comunitaria aseguró que los observadores europeos en la zona no han encontrado pruebas de los supuestos ataques denunciados por ambas partes y recordó el papel fundamental de estos enviados para consolidar la estabilidad. Solana consideró que rusos y georgianos deberían aprovechar el aniversario para recordar a las víctimas del conflicto, así como para intensificar los esfuerzos para facilitar el retorno de la población desplazada
Escalada de tensión
El conflicto comenzó el verano pasado después de que la tensión entre Osetia del Sur, una región georgiana que desea separarse del país y unirse a Osetia del Norte -perteneciente a Rusia- y Georgia se disparara, con intercambios de fuego ligero incluidos. Las hostilidades entre osetios y georgianos implicaron a Rusia, que justificó su participación por la mayoritaria presencia de ciudadanos rusos en Osetia del Sur, algo que el Gobierno ruso había hecho posible al conceder por la vía rápida la nacionalización a cerca del 90 por ciento de los habitantes de la zona de Osetia del Sur controlada por los separatistas (el 65 por ciento de la región).
El enfrentamiento entre ambos países, dice AI, provocó «cientos de muertes civiles, miles de heridos y el desplazamiento de cerca de 192.00 personas».
Amnistía subraya en su informe que las fuerzas militares georgianas «no parece que adoptaran las medidas de precaución necesarias para proteger a los civiles en su asalto a Tskhinvali -capital de Osetia del Sur- en la noche del 7 al 8 de agosto». «Docenas de civiles fueron asesinados durante el asalto», a lo que se sumaron importantes daños en infraestructuras civiles por el uso de misiles GRAD, «un arma conocida por la dificultad de que siga una dirección precisa y, por tanto, que no es recomendable utilizar en áreas civiles densamente pobladas», apunta el informe.
Abusos en los asentamientos
Del otro lado, en los asentamientos de mayoría georgiana situados en Osetia del Sur, se cometieron «abusos e incluso asesinatos de residentes» cuando el control de la zona correspondía a militares rusos, encargados entonces de prevenir este tipo de acciones.
Asimismo, AI denuncia que los ataques aéreos y de artillería realizados por Rusia afectaron en ocasiones a pueblos y ciudades, y algunos de ellos fueron «indiscriminados o incluso directamente dirigidos a civiles o infraestructuras no militares».
La organización pro derechos humanos también lamentó el uso por ambas partes de bombas de racimo, un extremo confirmado por Georgia y negado por Rusia.
Entre los problemas que se siguen produciendo en la zona, AI destaca asimismo la dificultad para cruzar la frontera entre Osetia del Sur y Georgia, ya que las personas que desean visitar a sus parejas o familiares «no tienen garantizado que puedan regresar».