La ley declara como empresas de «utilidad pública y sujetas a expropiación» a Aerolíneas y sus subsidiarias Austral, vuelos domésticos; Optar, operador de turismo; Jet Paq, carga, y Aerohandling, servicios de rampa.
Tras la aprobación de la norma hace una semana, Marsans dijo que considera la expropiación como una «confiscación» «arbitraria e ilegítima», porque contradice un acuerdo entre el grupo y el Gobierno argentino firmado en julio, por el cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas.
Marsans solicitó el pasado día 12 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde buscará una «compensación monetaria por la confiscación que el Estado argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años».
La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de «utilidad pública» y que por él debe pagarse una indemnización que «solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación».
Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización de acuerdo a lo que establezca el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un «valor simbólico» de un peso.
Para Marsans, dueño del 94,41% de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.
Una comisión parlamentaria recomendó en noviembre debatir esta ley de expropiación, después de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un «valor simbólico».
El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.