Compromís, Nueva Canarias y Más País quieren crear una comisión de investigación en el Congreso sobre las tarifas eléctricas, en la que se debata sobre los diferentes tipo de energía, comparezcan expertos y con todo lo que se aporte, legislar después para lograr que bajen los precios.
En rueda de presa, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, se ha referido a la «última oscilación» del precio, de ayer a hoy, un 14 por ciento más, y al «rosario de declaraciones y soluciones» propuestas por los partidos este verano, «algunas mágicas».
Entre ellas, ha citado la creación de una empresa pública, recortes en las retribuciones de las energéticas o bajar el precio de la luz a costa de los presupuestos, pero «ninguna para recortar los grandes beneficios del oligopolio eléctrico».
En su opinión, es urgente un debate serio sobre la energía «en el que opinen los que saben, los que están en el mercado eléctrico».
Los tres partidos proponentes de la comisión quieren saber cómo se puede bajar el precio de la luz, reducir la dependencia energética, si las grandes compañías manipulan los precios y hacer un diagnóstico del sistema eléctrico y de sus beneficios.
Tanto Baldoví como la diputada de Más País Inés Sabanés han considerado que el resto de los grupos deberían apoyar porque «nadie se puede oponer a que haya luz en un mercado tan oscuro» y todos deberían escuchar, intentar aprender y luego legislar en base a lo aprendido.
Sabanés ha apreciado que no se va a resolver «sin tocar los beneficios absolutamente escandalosos de estas empresas», unos 5.000 millones de euros en el último año.
A su juicio, hay que averiguar qué ha pasado y dar fin a la impunidad y el descontrol.
Respecto a las peticiones de comparecencia que se debaten este miércoles en la Diputación Permanente, Baldoví ha señalado que el PP ha tenido «furor peticionario» y que ellos van a apoyar las de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la de los ministros de Asuntos Exteriores y Sanidad, José Manuel Albares y Carolina Darias, respectivamente.
En su opinión, hay «una falta clamorosa», la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «por las devoluciones en caliente de Ceuta» y ha reclamado «claridad y respuestas».
Baldoví ha indicado que es «una mala política intentar eludir responsabilidades» ya que ha habido instrucciones para que se realizaran las devoluciones de los menores.
«Y decir que yo no he sido -ha continuado- está bien en la escuela, pero en política es bueno afrontar los hechos y admitir cuando uno se ha equivocado», pues en una expulsión tiene que haber un procedimiento individualizado.
Ha precisado que la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sería buena», pero que como lo van a hacer los ministros de las principales crisis de este verano -Afganistán, persistencia de la covid y el precio de la luz- les parece «razonable».
Sabanés también se ha referido a una iniciativa de Más País con medidas urgentes para el Mar Menor, porque si el Gobierno murciano «no actúa» lo debe hacer el nacional, pues la situación es de emergencia.
Ha abogado por buscar la cogobernanza, con un plan de actuación inmediata, ya que «lo que ha pasado es un ecocidio, un atentado contra un espacio que debería de ser protegido».
Quieren que se diriman responsabilidades para ver quién tiene que asumir las reparaciones y los vertidos, y ha dicho que Europa también tiene que tomar cartas en el asunto, pues se trata de «un delito de forma intencionada y reiterada».
Baldoví, por su partes, ha señalado que el PP lleva gobernando 26 años en Murcia, que tiene las competencias «y han permitido cosas que han llevado a esta segunda catástrofe».
A su juicio, «si no se sanciona a los responsables, volverá a suceder», y ha confiado en que la visita que este miércoles realiza la vicepresidenta Teresa Ribera a la zona pueda aportar alguna solución.
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