El plan de ayudas a las empresas y los autónomos que aprobará este viernes el Consejo de Ministros contará al final con 7.000 millones de euros en ayudas directas y los otros 4.000 millones para reforzar la solvencia de los negocios con dificultades por las restricciones impuestas para contener la pandemia de Covid-19.
Así lo confirmaron a Servimedia fuentes gubernamentales, que detallaron además que, de esos 4.000 millones de euros, 3.000 millones irán al fondo de reestructuración de deudas financieras y los otros 1.000, para el fondo de apoyo a la solvencia de empresas.
Además, las fuentes consultadas apuntaron que finalmente se establecerá un marco territorial común para todo ese fondo, si bien la canalización de los recursos en las ayudas directas se prevé que tenga lugar a través de las comunidades autónomas.
Estas son las cifras principales del real decreto ley que elevará el Ministerio de Asuntos Económicos -tras un trabajo combinado principalmente con el Ministerio de Hacienda- al Consejo de Ministros extraordinario de mañana, pero está todo sujeto a la soberanía de este órgano que lo aprobará de manera colegiada.
Según dichas fuentes, este paquete reserva además una partida especial para que Baleares y Canarias puedan apoyar a los negocios más afectados por la crisis que sufren actualmente el turismo, la restauración y otros sectores por culpa de la caída a plomo del turismo con las restricciones.
TRES EJES
El plan pivotará así sobre tres ejes o tres fondos para apoyar a los sectores más perjudicados por la situación creada con la crisis sanitaria, pero tomando como tal un espectro de negocios no excesivamente restrictivo. Brindará soporte en función de su situación y necesidades.
Con el paquete correspondiente a ayudas se podrán sufragar costes fijos, como podrían ser pagos de facturas o con proveedores, costes de alquileres o, incluso nóminas. Las comunidades cuentan con los 16.000 millones de euros transferidos por el Gobierno con el llamado Fondo Covid-19, más 8.000 millones del fondo europeo React-UE, y las regiones ya anticiparon que destinarían un 25% o 2.000 millones a ayudar al tejido productivo.
El segundo mecanismo o fondo será el dotado de 3.000 millones de euros para reestructuraciones de deuda avalada, en coordinación con las entidades financieras y donde el ICO podría, incluso, llegar a asumir quitas.
El tercer fondo de ayuda es el de 1.000 millones reservado para reforzar la solvencia de empresas, al estilo del fondo de rescate creado con 10.000 millones de euros y gestionado por la SEPI para ayudar a compañías estratégicas y que ya ha comprometido inyecciones de créditos participativos y ordinarios para Air Europa, la aerolínea Plus Ultra y Duro Felguera.
Este último vehículo lo gestionará la empresa pública Cofides y está pensado, como el de SEPI, para recapitalizar compañías, pero de tamaño mediano o pequeño. Entre otros instrumentos se ha barajado que pudiera utilizar deuda híbrida o créditos participativos.
Unidas Podemos reclamó hace unos días un mínimo de 8.000 millones en ayudas directas y, al final, que éstas se entregaran directamente desde el Gobierno, sin pasar por las comunidades. Su planteamiento era no circunscribir los apoyos a los sectores más golpeados por la crisis -turismo, transportes, restauración, hoteles- y condicionar las ayudas a que las compañías garanticen el mantenimiento de empleo.
MORATORIA CONCURSAL
Junto con este paquete de ayudas el Gobierno aprobará mañana una nueva extensión de la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre. Se trata de una nueva prórroga que ha justificado precisamente que se celebre mañana una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, ya que el plazo vigente actualmente vence el próximo 14 de marzo, y lo que ha impedido al Ejecutivo llegar a la reunión ordinaria de los martes.
La moratoria concursal libra a las empresas de la exigencia de solicitar un concurso de acreedores aunque su negocio haya caído de forma abrupta y elimina la obligación de los jueces de admitir procesos así presentados por sus acreedores.
Con su última prórroga el Gobierno también amplió el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación.
La idea detrás de esta congelación es evitar que empresas “solventes” y que, en condiciones de normalidad, serían viables, no vayan a un proceso donde la mayoría de compañías acaban en liquidación con la intención de que ganen tiempo para refinanciar sus deudas.
Estrella Digital