Alcoa ha mantenido durante las seis semanas en las que ha durado el proceso para una eventual transacción el mismo discurso, el de que no podía atender las «demandas poco razonables» del grupo siderúrgico británico, que a su vez no veía la «oferta equilibrada» de la que ha estado hablando la propietaria.
En el caso de la Sepi, el desacuerdo de Alcoa con una compra temporal ha estado motivado por una serie de cuestiones que impiden llegar a un entendimiento en «condiciones razonables», entre ellas, pero no exclusivamente, según afirma la dueña de este emporio industrial, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería.
El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, lamentó en sus palabras a la prensa un hecho que desconocían, que Alcoa llegó a condicionar a «despidos firmados» la ampliación de un hipotético entendimiento con la SEPI para una eventual transacción, sin que de tal movimiento tuviese constancia alguna la plantilla.
Alcoa ha indicado al respecto que, conforme a lo tratado con Liberty House, el 27 de septiembre debía firmarse un contrato de compraventa y que ante la aparición de la SEPI en los últimos días y la imposibilidad de tener rubricado uno, se accedió a la posibilidad de un termsheet (carta de intenciones) y se propuso asimismo que se acordasen, con los representantes de los trabajadores, las condiciones que aplicarían en un ERTE (sin despidos) o un ERE, en el caso de que finalmente no se produjese la venta, como ha ocurrido. Esta propuesta, añade Alcoa, fue acatada inicialmente por el Gobierno, «aunque posteriormente se retiró».
En la reunión de Nigrán se intentó debatir desde la una de la tarde hasta cerca de las nueve, con un par de recesos por medio, la negociación de las condiciones para aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y, en caso de que no hubiera acuerdo, la aplicación de un ERE -un despido colectivo- que podría afectar a 534 trabajadores de la fábrica de aluminio primario, así como a los empleados de las compañías auxiliares.
Por ello, el comité de empresa sigue reclamando al Gobierno central que, llegado el caso, intervenga la fábrica para evitar su cierre, pues creen que la propuesta de Alcoa pasa por realizar una “hibernación ordenada de las cubas de electrolisis”, una “línea roja” que este órgano no está dispuesto a traspasar.
Los representantes de los trabajadores recuerdan que las cubas de electrolisis son el verdadero “corazón de la fábrica”, de modo que su parada supondría la “muerte” del complejo industrial.
El comité insiste en que cualquier acuerdo debe cimentarse sobre la premisa “de mantener el 100 % de la producción” y, consecuentemente, de los puestos de trabajo.
Alcoa vendió en 2019 al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés (Asturias) y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas, que justificó por los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones en las mismas y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.
Pero Parter Capital no tardó en deshacerse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
Este grupo garantizó en principio el mantenimiento del empleo y anunció una inversión de 250 millones en cinco años en las instalaciones, pero las dudas sobre que Riesgo tenga un plan industrial provocó las protestas de los trabajadores, que han pedido al Gobierno que las intervenga.
El complejo industrial de San Cibrao, asentado entre los municipios mariñanos de Xove y Cervo, el único que le queda a Alcoa en España, está compuesto por una fábrica de aluminio y una planta de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas, respectivamente, y su peso en la economía local es de tal envergadura que representa un tercio del producto interior bruto de la provincia de Lugo.
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