El fiscal -que pide dos años de cárcel y multa de 4.200 euros para cada imputado- señala en sus conclusiones provisionales que uno de ellos, «a sabiendas de lo ilícito de su proceder» y operando desde terminales informáticos de la Universidad de Murcia, donde fue becario, y en su propio domicilio, operó con webs de las que era administrador.
Mediante tres dominios alojados en un servidor domiciliado en Sevilla puso a disposición de los usuarios de internet, presuntamente, el acceso a material audiovisual con derechos de propiedad intelectual, al facilitar enlaces para su visionado en línea y su descarga directa.
La Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales ha valorado los perjuicios en 546 millones y la Federación Antipiratería, en 9,5 millones.
Redacción