Las medidas del Gobierno para reducir los costes del sistema eléctrico han originado el rechazo de las asociaciones fotovoltaicas, que ven comprometido su futuro, mientras que las eléctricas esperan que sea el último esfuerzo que les piden y el PP denuncia la incapacidad del Ejecutivo para asumir las reformas.
Con el paquete normativo que ha aprobado este jueves el Consejo de Ministros, el Gobierno espera ahorrar más de 4.600 millones de euros al sistema eléctrico hasta 2013, lo que permitirá además, entre otros aspectos, controlar el «inasumible» déficit de tarifa, el desajuste que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico vía tarifa no son suficientes para cubrir los costes.
Sin embargo, algunas de las novedades que incluye el Real Decreto no han sido bien acogidas por algunos de los agentes que constituyen el sector eléctrico.
Es el caso de las principales patronales fotovoltaicas (AEF, Asif y la sección pertinente de APPA) que han visto como la nueva normativa reducirá de forma importante las horas con derecho a prima que podrán cobrar estas instalaciones, una decisión con la que el Ejecutivo prevé ahorrar 740 millones de euros anuales al sistema.
En este sentido, los fotovoltaicos anunciaron que recurrirán ante los tribunales este recorte ya que consideran que compromete el futuro del sector, así como a sus inversiones y al empleo, al tiempo que lamentaron el carácter retroactivo de las medidas, la imagen de incertidumbre que transmite España y la escasa apuesta del Ejecutivo por la energía solar.
Asimismo, señalaron que el recorte aprobado este jueves, que se suma al que anunció el Gobierno el pasado 3 de diciembre para los sectores termosolar y eólico, no es equilibrado respecto a otras tecnologías, aumenta la dependencia energética de España y llevará a muchas plantas al concurso voluntario de acreedores.
Por su parte, Endesa e Iberdrola coincidieron en que algunas de las medidas anunciadas les afectarán directamente, como la que incluye, a partir del próximo 1 de enero, un peaje de 0,5 euros para el Megavatio hora (MWh) que tendrán que pagar todas las empresas que generan electricidad por el uso de las redes eléctricas y que representará un ahorro de 453 millones entre 2011 y 2013.
Sin embargo, esperan que sea el último esfuerzo que les pide el Gobierno, al que sin embargo, valoran su voluntad para acabar con el déficit de tarifa que ahora soportan sus cuentas y que podría alcanzar 20.000 millones de euros al cierre del año.
Asimismo, esperan que el Gobierno, que ha elevado los objetivos de déficit a 5.500 millones para 2010; a 3.000 millones para 2011; y a 1.500 millones en 2012, no se retrase más en convertir en deuda negociable este desajuste del sistema y confían en que estas medidas contribuyan a mejorar la confianza de los mercados en la economía del país.
Por otro lado, el principal partido de la oposición, el PP, criticó la incapacidad del Gobierno para asumir una reforma en profundidad del sistema eléctrico que elimine «de una vez por todas» el déficit de tarifa.
Además, el secretario de Economía del PP, Álvaro Nadal, acusó al Gobierno de no haber consensuado con ellos dicho Real Decreto, que incluye además la prórroga de seis meses más, hasta 2013, del denominado «bono social» al que pueden acogerse los consumidores más desfavorecidos.
Asimismo, destacó que el Ejecutivo no ha tenido una voluntad verdaderamente reformadora, sino que sencillamente ha asumido el fracaso adoptando acciones parciales en un intento de controlar la situación.