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Terrorismo machista e independencia económica

Jaime Cedrún | A la ofensiva

Estrella Digital | 26 de noviembre de 2017

Ana se engañaba a sí misma, “después de las palizas me aseguraba que no iba a pasar más y yo le creía porque…, no tenía a dónde ir con mis once hijos y tenía que aguantarlo”. Ana Orantes explicó aquel 4 de diciembre de 1997 en la televisión los cuarenta años de terribles maltratos que le asestaba su marido, José Parejo, especialmente cuando llegaba borracho a casa. Su relato conmocionó a una España que, hace sólo 20 años, apenas había tomado conciencia de esta lacra.

La conmoción  se transformó en impacto emocional de toda la sociedad cuando, once días después, José Parejo quemaba viva a su esposa en presencia de una de sus hijas de catorce años. Ana había denunciado los maltratos de su marido en quince ocasiones ante la Justicia, pero un juez impuso que conviviera con su maltratador.

El hartazgo y la valentía llevaron a Ana a una terrible muerte, pero también a un punto de inflexión en nuestro país. El relato de Ana y su asesinato fue el detonante para que el Gobierno reformase el Código Penal y aumentaran las denuncias de mujeres. El asesino murió en la cárcel seis años después de una condena de diecisiete y siempre se le negó un permiso para no generar “alarma social”.

Es innegable que hemos avanzado en legislación y visibilización de esta barbaridad, pero el asesinato de novecientas mujeres en los últimos quince años en nuestro país y la ausencia de importantes partidas económicas para hacerlo frente con medidas de prevención resulta frustrante. Una frustración que, como explica Pilar Morales, secretaria de las Mujeres de CCOO de Madrid, lleva al hartazgo.

Una de las claves fundamentales de las violencias machistas (físicas y psicológicas), las relataba Ana Orantes y la he mencionado al principio de estas líneas. Ana, como tantas mujeres, no tenía a dónde ir con sus once hijos. Es decir, la ausencia de independencia económica. En este asunto también abundaba el magistrado Eduardo López Palop en un interesantísimo y pedagógico acto organizado por la Secretaria de las Mujeres  de CCOO de Madrid el pasado jueves.

López Palop es juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid y narraba espeluznantes testimonios de mujeres que van a solicitarle la libertad de sus parejas maltratadoras, potenciales asesinos encarcelados, porque son la única fuente de ingresos con que cuentan para sobrevivir ellas y, fundamentalmente, sus hijas e hijos. Son situaciones que llevan al maltrato silencioso en el que la mujer se encierra en sí misma en una terrible tragedia íntima y personal.

En los estudios que desde CCOO de Madrid venimos realizando sobre las violencias machistas coincidimos plenamente con que las causas socioeconómicas son las que llevan a la violencia. Es el maltratador quien lleva el dinero a una casa en el que la mujer está en paro, aunque realizando gratuitamente las labores de un hogar convertido en cárcel, o bien, con un contrato temporal y precario, cuando no en la economía sumergida.

La mujer vive así un doble maltrato: físico y/o psicológico y económico. Las políticas de austeridad y los recortes presupuestarios son caldo de cultivo de este desolador escenario de violencia y asesinatos, algo de lo que no quiere debatir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tal como aseguraba recientemente en Twitter.

Y es que, en la comunidad de Madrid, a día de hoy, se han cuadruplicado el número de mujeres asesinadas. Son ocho ya los asesinatos desde que comenzó el año. Una región en la que ha habido 24.400 víctimas reconocidas y hay 7.700 casos de mujeres en riesgo. Además, se han registrado 2.965 solicitudes de órdenes de protección en el primer semestre del año, de las que sólo el 55 por ciento han sido aceptadas.

En este terrorífico escenario, desde el año 2003 el número de contratos bonificados a favor de mujeres víctimas de violencia de género en la región habría sido de 1.017. Es decir, una ridícula media de 78 contrataciones anuales. Además, desde 2005, el número de contratos de sustitución a favor de mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid también es vergonzoso, ya que habría sido de 307.

El pasado mes de septiembre el Congreso de los diputados y diputadas aprobaba un Pacto de Estado con más voluntad que medios. Un pacto que debe ejecutarse y tener su réplica en la Comunidad de Madrid porque es imprescindible el trabajo de sensibilización y prevención directamente en la ciudadanía, pero también en los medios de comunicación y, fundamentalmente, en los centros educativos.

Mientras haya mujeres asesinadas, esta sociedad estará enferma. El debate político que esquiva el PP debe darse, igual que debe mantenerse la movilización en las calles, como ayer 25 de noviembre.

Los hombres no podemos dejar solas a las mujeres en esta lucha. No consiste en ayudar, tenemos que participar activamente en el movimiento feminista desde cualquier ámbito. Hay que armar a las mujeres para que escapen del maltrato diario silencioso; hay que armarlas para que desde jóvenes sepan la importancia de la independencia económica. Los hombres no podemos ser cómplices de actitudes machistas, de neomachismos, ni micromachismos. Es también nuestro deber denunciar y, si en nuestros círculo conocemos actuaciones agresivas, invitar a que se pida ayuda para controlar la agresividad. 

Jaime Cedrún, Secretario general de CCOO de Madrid

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