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El Supremo se planta ante la "provocación" de algunas defensas y sus testigos

AM | 14 de mayo de 2019

Ni los encontronazos ni las subidas de tono con las defensas han perturbado la posición del tribunal del "procés" hasta este martes, cuando por vez primera la Sala ha hecho público su "profundo malestar" por la "intolerable" actitud de algunos abogados y sus testigos que supone toda una "provocación"

El tribunal ha dicho basta el día que ha autorizado a los cinco presos electos en los comicios generales a salir de prisión el 21 de mayo para asistir a los plenos constitutivos de las Cortes, aunque ha rechazado suspender el juicio y pedir permiso a las cámaras para continuar con la vista, como pidieron los acusados.

Dice la Sala que "el normal desarrollo" del juicio no puede exigir "para su normalidad democrática" la aprobación del órgano parlamentario, aunque lo que sí autoriza "con carácter excepcional" y para "no menoscabar el derecho de participación" es que los acusados, en prisión preventiva, acudan el 21 de mayo al considerarlos "actos indispensables" para adquirir su condición de parlamentarios.

En respuesta, la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull pedirá al tribunal que les deje salir más veces para estar en igualdad de armas con el resto de parlamentarios; mientras que la de Oriol Junqueras y Raül Romeva quiere que acudan la víspera para acreditarse personalmente antes de la sesión constitutiva.

Este fallo que afecta a la vertiente política del juicio hubiera eclipsado otras jornadas pero la que prometía ser una sesión anodina ha terminado por irritar a los magistrados como nunca antes.

Que haya sucedido en la jornada 44 es anecdótico pero no tanto que ocurra tras atender más de 500 testimonios, porque las muestras de agotamiento no son ajenas a ninguna de las partes, como tampoco a lo siete magistrados del tribunal. Otras cosa es que ocurra cuando comparecen los testigos de la defensa de Jordi Cuixart, con quienes el presidente del tribunal ha tenido más que un rifirrafe.

Ya ayer se vio a Manuel Marchena más cortante e incisivo que de costumbre, pero hoy ha quedado acreditado que su posición es compartida "por unanimidad" por sus compañeros, tanto por sus declaraciones como por los gestos y aspavientos de los magistrados en varios de los interrogatorios, algo nada común en ellos.

Fuentes del tribunal han informado del "profundo malestar" de los magistrados con la estrategia de defensa de esta mañana y "el comportamiento" de testigos y abogados, hasta el punto de tildar de "intolerable" lo que consideran una "provocación al tribunal".

Es más, entienden que el comportamiento de algunos letrados choca "con el código deontológico de la abogacía", si bien desde la otra bancada varias de las defensas manifiestan todo lo contrario.

Uno de los letrados de Cuixart, Benet Sallelas, -un habitual de las refriegas dialécticas con Marchena- lo ha verbalizado cuando sin mirar al tribunal y resignado ha denunciado la "indefensión y la vulneración de derechos fundamentales" que se estaba produciendo.

Ha sucedido en el interrogatorio más accidentado hasta la fecha, protagonizado no por un agente o político, sino por una filósofa.

A ella y a otro testigo, Marchena les ha reprendido con dureza por introducir valoraciones personales constantes en sus respuestas que "no importan ni interesan a la Sala", por tratar de debatir respecto al uso del catalán y por traer guiones para responder.

Está por ver qué hubiera ocurrido si otro de los testigos, que ha dicho que era un payaso, se hubiera colocado la pelota roja que tenía sobre la mesa, de la que no se ha percatado el tribunal.

El receso para comer ha servido para cambiar de tercio y retomar ya sin polémicas la malversación. La subdirectora de gestión económica del departamento de Justicia, Montserrat Mintró, ha señalado que de la Consellería de Carles Mundó no salió ningún gasto para el 1-O, que había órdenes expresas del conseller de no contratar con Unipost, y que, en cualquier caso, desde mediados de septiembre hasta el 19 de octubre, las cuentas estaban bloqueadas.

El 6 de septiembre de 2017 el Govern firmó un acuerdo de gasto solidario para el 1-O, si bien según Mintró, un proceso contractual dura como mínimo cuatro meses y por él pasan muchos intermediarios, con trámites que quedan registrados.

También han testificado dos antiguos compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament (Lluis Corominas y Anna Simó), quien han insistido en que la admisión a trámite de iniciativas legislativas como las denominadas leyes de desconexión de septiembre de 2017, se guía por criterios formales, y que la cámara debe "amparar" la participación y no limitarla.

No han faltado tampoco votantes del 1-O, que han denunciado que los agentes les "arrastraron" sin "mediar palabra" y "de malas maneras" pese a su actitud pacífica. "Había voluntad de hacer daño", ha dicho una; "Yo fui a dar una opinión limpia y clara, nada más", ha comentado otra.

Entre los votantes han estado el alcalde de Callús (Barcelona), Joan Badia, que intentó mediar sin éxito con un guardia civil, y el concejal de San Joan de Vilatorrada (Barcelona), Jordi Pesarrodona, que se manifestó el 20-S con una nariz de payaso: "Mi protesta fue simbólica".

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