Domingo 16.12.2018

Sánchez no puede modificar por decreto los presupuestos, como asegura

Los ciclos económicos no son uniformes. Ni uniformemente acelerados ni uniformemente frenados. Los organismos internacionales, OCDE y FMI, además de nuestro gobierno europeo, creen que la economía española crecerá menos de lo que habían previsto en un principio y, seguramente, este cálculo se cumplirá, salvo muy gratas sorpresas que vendrían, básicamente, de fuera. No obstante, creceremos. Y lo haremos a pesar de que el Gobierno, dispuesto a pegarse a sí mismo un tiro en el pie, no sepa qué hacer sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o, lo que es casi peor, no se atreva a decir que hará respecto a ellos.

Es urgente decir, para evitar errores que cometen algunos comentaristas, que el Gobierno está obligado a presentar en el Congreso un proyecto de Ley de Presupuestos, aunque sepa de antemano que no va a superar el trámite (Artículo 134 de la Constitución). Será el Congreso el que desapruebe el proyecto de Ley y, con ello, el que fuerce la prórroga. Que el Gobierno lleve en demora desde el 30 de septiembre no le exime de presentarlos.

Ésta si que es una situación aperplejante. Lo normal, viniendo de unos PGE aprobados por un gobierno formado con otra mayoría parlamentaria, es que la opción de la prórroga presupuestaria no sea en absoluto lo deseable para el Gabinete socialista y, en consecuencia, para su grupo parlamentario y los que lo soportan. Esa debería ser razón suficiente para convocar elecciones. Pero parece que no.

Aunque el presidente Sánchez afirma con gesto decidido que, aún con un presupuesto ajeno, gobernará por Decreto para sacar adelante alguna de sus promesas lanzadas para ganarse el favor de Podemos, esto tampoco va a ser posible. Es la Constitución la que prescribe (Artículo 134. 5) que cualquier aumento del gasto o reducción de ingresos que plantee el Gobierno sobre el presupuesto en vigor (que es una Ley) requiere la presentación en el Congreso de un proyecto de Ley. Así que, menos decretos.

Hechas estas precisiones legal-mecánicas respecto al periodo que enfrentamos, volvemos a las objeciones que los organismos internacionales ponen al desempeño económico español. Podríamos decir que todas ellas se encierran en dos, como decía el Astete. O bien se aumentan los ingresos mediante impuestos o bien se reducen los gastos, a lo que el Gobierno no va a atender.

Una vez más, desde el Gabinete se asegura que la deuda va a disminuir aunque se aumenten los gastos por encima de lo prudente. Y es cierto porque la deuda, habitualmente y para evitar marearse poniéndole ceros a la cantidad, se mide en términos de PIB y si crece el producto un 2,5 por ciento como se prevé, la deuda será menor frente al PIB, aunque pueda ser mayor en términos reales. De este juego, los italianos saben mucho. Y así les va, con una prima de riesgo de más del doble que la española. ¿Ese es nuestro modelo?

Como el Gobierno, y ahí si que hay que creer lo que anuncia, va a aumentar los gastos (ellos siempre añaden “sociales”, aunque, por definición, todos los gastos del presupuesto lo son, ya que se consumen en salarios de los funcionarios y servicios públicos), el corolario es que va a subir los impuestos y, seguramente mucho más de lo que se dice, a no ser que renuncien a algo tan urgente como la revisión del sistema de financiación autonómica, que políticamente les van a exigir los propios y los extraños. Todos los gobiernos acaban teniendo el brazo más largo que la manga.

Creo, que por todo lo anterior, las elecciones deberían producirse cuanto antes. Febrero es un gran mes, con cuatro preciosos domingos.

Sánchez no puede modificar por decreto los presupuestos, como asegura

Comentarios