lunes 12/4/21

Estrella Digital

La moción de Murcia hace saltar por los aires la estabilidad institucional

El tsunami que ha desencadenado la moción de censura de Murcia ha sacudido el panorama político. El intento de Ciudadanos y PSOE de sacar al PP del Gobierno murciano propició la ruptura definitiva entre Ayuso y Aguado y el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid. Lo sucedido en Murcia también ha hecho eco en el Gobierno central con el anuncio de la dimisión de Iglesias de la vicepresidencia segunda para competir contra Ayuso en los comicios madrileños. Otra de sus consecuencias ha sido la cadena de dimisiones en Ciudadanos, propiciada por las últimas decisiones de Arrimadas y que podrían ser la antesala de la disolución total de los naranjas. Pero si algo se ha tambaleado en las dos últimas semanas han sido las relaciones entre los partidos, lo que sin duda tendrá serias consecuencias en la estabilidad institucional y económica de España.

 

El primer daño colateral es el fracaso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Las negociaciones entre PP y PSOE para elegir a los nuevos vocales del órgano judicial comenzaron el pasado 17 de febrero, y, aunque en las últimas semanas se habían encallado por el veto de los populares al nombramiento del juez De Prada, las conversaciones seguían abiertas entre Félix Bolaños, secretario de presidencia, y Teodoro García Egea, secretario general del PP. Sin embargo, todo saltaba por los aires tras conocerse que Bolaños fue uno de los gestores de la moción de censura de Murcia contra el PP y el partido de Casado decidiera romper las negociaciones. Los jueces dan por sentado que no habrá renovación hasta que se celebren las elecciones de Madrid en mayo, aunque ni siquiera ven claro si en este momento se producirá. Además, ahora se enfrentan a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada ya por el Congreso, que pretende limitar sus funciones, y que, de salir adelante, les privaría de su función principal de nombrar jueces y magistrados.

 

Madrid es, sin duda, la región más sacudida por los últimos acontecimientos políticos. El adelanto electoral ha provocado la disolución del Gobierno y el freno a la tramitación de los presupuestos regionales, que iban a ser aprobados la misma semana que Ayuso rompió definitivamente con Aguado. Esto supone que el principal motor económico de España se queda sin cuentas públicas para hacer frente a la recuperación tras la pandemia, proceso en el que iba a ser clave la aprobación de un plan de ayudas de 1.000 millones de euros para empresas y familias, que la Comunidad ultimaba y que queda paralizado hasta nuevo aviso. La ruptura del Ejecutivo madrileño deja también en el aire el plan de su presidenta de recortar medio punto cada tramo del impuesto sobre la renta, una promesa electoral que el PP aseguraba que cumpliría antes del fin de la legislatura. La salida de los seis consejeros de Ciudadanos del Gobierno, además, le pone las cosas difíciles a Ayuso, que deberá seguir gobernando Madrid con la mitad de consejeros que antes.

 

¿Y qué pasa con el Gobierno central? La espantada de Pablo Iglesias ha generado varios cambios en el Ejecutivo de Sánchez, siendo el ascenso de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz a vicepresidenta el más significativo. La noticia no ha caído muy bien entre los empresarios, que temen que este aumento de poder le de más margen de maniobra en la negociación de asuntos tan delicados como la derogación de la reforma laboral. También Díaz tiene un peso considerable en las conversaciones para la reforma de los alquileres, asunto en el que los morados buscan perjudicar a los grandes tenedores e intervenir el mercado de los precios. En ambos temas Podemos tiene posturas contrarias a sus compañeros del PSOE, lo que sin duda generará aún más tensiones en los próximos meses que podrían acabar con una ruptura de la coalición y, quién sabe, un adelanto de las elecciones generales.

 

La moción de Murcia hace saltar por los aires la estabilidad institucional
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