lunes 23/11/20

La nueva LEY de EDUCACIÓN, polémica y con visos de inconstitucionalidad

 El proyecto de ley de educación, ya en avanzada tramitación parlamentaria, ha creado gran alarma en muchos ambientes, sociales, por su contenido sectario en importantes aspectos de la misma. Aunque su contenido, es en general, público y notorio, voy a resumir los puntos quizás más cuestionados y su visible inconstitucionalidad.

Primero, el ataque a la enseñanza concertada, a la que acuden clases medias y de bajo nivel económico, que quieren fundamentalmente, una enseñanza para sus hijos basada, en valores normalmente cristianos, que no se tratan en la enseñanza pública o que incluso se marginan. Estas familias, se verían privadas de ese derecho, que les reconoce el artículo 27,3 de la Constitución, en relación con el 16,3 de la misma, pues carecen de medios económicos para enviar a sus hijos a centros privados, como si puede hacer   la clase política, que promueve la ley, caso de la ministra de educación, la cual y familia, estudiaron en centros no solo privados sino de élite de Vizcaya.

La ley, tiene un objetivo claro, no de justicia e igualdad social, que ya no buscan las viejas izquierdas ,ahora  ya convertidas en  nuevas castas económicas en el poder, en  "ricos"  hablando claro, que podrán  seguir mandando sus hijos a colegios privados , sino un fin de atentar contra los valores cristianos de gran parte de la enseñanza concertada y así poder   adoctrinar  ,a la juventud, en la escuela  pública, en el pensamiento político dominante ,no neutral en ideologías como la de género, que van contra la concepción  antropológica  centenaria universal de la familia .

Una ley, en definitiva, que no iguala socialmente, que es de falsa izquierda económica, sino que abona el terreno para adoctrinar sectariamente.

Segundo, la eliminación de la educación especial, es algo injusto y cruel, pues pretende ,que alumnos con capacidades disminuidas y que requieren ayuda y tratamientos  especiales se integren, con los que no lo requieren y por ello no puedan seguir el nivel ordinario  de enseñanza ,además de exponerlos a posibles rechazos , burlas y ser víctimas de bulling.

Tercero, es absurdo y disparatado,  permitir los pasos de curso escolar sin aprobar las asignaturas .Eso implica  desmotivación para estudiar y  discriminación frente a quien estudie ,que obtendría la misma titulación , que la de quien no lo haga ,y además, una estafa y burla a la sociedad ,que va a tener, gente con titulación escolar que no responde a los conocimientos reales .Esto tampoco es igualación social ,sino  que perjudica a quien con el esfuerzo del estudio quiera tener puestos en la sociedad , que no puede alcanzar por la situación económica familiar. Eso sí iguala, el demérito con el esfuerzo. Se entiende, que esto lo apoyen , tantos políticos como  hoy que  medran sin preparación ni cultura y  que  incluso algunos , ocupen puestos  de poder administrativo sin la titulación  que exige la legislación vigente .Se busca el triunfo de la mediocridad, para dar paso a una  visible JETOCRACIA en el poder , que accede  a él , con la demagogia de decir que  pretende redimir a las masas ,pero que lo que busca y lo  vemos notoriamente en ciertos casos,  es enriquecerse y encima pretenden silenciar a la oposición y a los  pocos medios de comunicación  independientes, que informan libremente y  conseguir el  adoctrinamiento ideológico ,objetivo claro  de   la nueva ley de educación.

Cuarto y final, queda el tema de la marginación del castellano idioma español, oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber y el derecho de conocer (en teoría), según el artículo 3 ,1 de la Constitución. Si bien la, Constitución no dice expresamente, que sea medio vehicular de la educación en toda se España, se deduce del artículo citado y, así lo ha, dicho el Tribunal Constitucional con gradual alcance. Lo que es obvio, es que con la marginación que se pretende, difícilmente se puede cumplir el citado artículo 3 de la Constitución.

Será el Tribunal Constitucional, en su momento quien teóricamente al menos pueda corregir la ley, de cuando a la, Constitucional, aunque es evidente la desobediencia a sus mandatos por parte de la Generalidad de Cataluña, que incumple abiertamente las   sentencias, contrarias a, sus objetivos de marginación total del idioma común de España. Y por supuesto, podría la ley, ser derogada o reformada en profundidad en un futuro por otro Gobierno, respetuoso con la Constitución, aunque cuando ello pueda producirse, quizás sea ya, demasiado tarde.

 

Manuel Álvarez de Mon Soto.

Ex magistrado de trabajo, exfiscal, ex del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. Letrado del Colegio de Abogados de Madrid.

La nueva LEY de EDUCACIÓN, polémica y con visos de inconstitucionalidad
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