lunes 24/1/22

Lucha legal contra el coronavirus, inconstitucionalidad y falta de legitimidad

mon

La lucha contra el coronavirus es un gravísimo problema mundial, pero en España adolece de específicas agravantes de orden político jurídico, que tienen alarmada a la sociedad, ante el desconcierto y arbitrariedad, que ve en las autoridades gubernamentales y lo que es peor, las flagrantes falsedades de los mensajes que estas emiten.

Referiré en primer lugar, al desprecio y vulneración de la Constitución (C E), que ofrece el decreto del estado de alarma, proclamado por 6 meses.

El artículo 116 ,2 de la CE establece que el plazo máximo de 15 días no podrá ser prorrogado, sin la autorización del Congreso, diciendo textualmente " DICHO PLAZO ", osea el de 15 días, por interpretación textual, lógica y sistemática, dejando el aprobado de 6 meses, al Gobierno sin control parlamentario. Alucinante   ver los votos a favor y la abstención de algunos.

Hay más, es manifiestamente ilegal, que el Gobierno delegue la Autoridad competente, en los presidentes de las comunidades autónomas, pues ello infringe la Ley Orgánica de 1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, que solo lo permite cuando la declaración afecte expresamente a todo o parte del territorio de una Comunidad, y ahora afecta a toda España.

Además, hay que recordar, que según el artículo 149 ,16 C E, es competencia exclusiva del Estado, la coordinación general de la sanidad, lo que es vulnerado por esa delegación de autoridad, que obedece claramente, a complacer a alguna autoridad autonómica concreta y a excluir de la responsabilidad de tomar decisiones impopulares a las autoridades gubernamentales estatales. No se reformaron las leyes que lo permitirían, como dijo el Gobierno que lo haría, pero que no lo ha cumplido.

Pero, hay más, el problema de la falta de legitimidad, de " autoritas “, de buena parte de la clase política, con públicos comportamientos inoportunos, como acudir a determinados eventos o romper por razones particulares, las normas de limitaciones de desplazamiento.

También hay que referirse, a la desconfianza social, que ha creado el mentir sobre pretendidos comités de expertos inexistentes, obviando el gran número de excelentes científicos que hay en España, como eminentes catedráticos de prestigio mundial y algunos en materias tan relevantes como la inmunología. Ahora eso sí, son independientes y no lacayos del poder, como un licenciado portavoz, que no doctor y sin conocida cualificación médica, pero con contactos familiares en altas esferas políticas.

Finalmente referirme a 2 cuestiones jurídicas.

Una la inadmisible postura del Ministerio Fiscal, oponiéndose a investigar cualquier indicio de responsabilidad punible en la materia.

Otra la intolerable tardanza del Tribunal Constitucional en resolver sobre los recursos ya presentados contra el anterior estado de alarma fuera constitucional o no. Lo desolador es la injustible demora, ya escandalosa a veces como el de la ley del aborto.

Manuel Álvarez de Mon Soto.

Exmagistrado, exfiscal. Letrado del Colegio de Abogados de Madrid.

Comentarios