viernes 14/5/21

La sentencia de Bravo, Maldonado y Padilla

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Se había consumado la estrepitosa derrota del ejercito comunero en la batalla de Villalar, a medio camino entre esta pequeña localidad y Marzales, aquella desapacible y lluviosa jornada del 23 de abril de 1521. La caballería del ejército realista infringió un serio revés a las tropas que, de manera caótica y desorganizada, intentaban retirarse a Toro para hacerse fuertes. Sus capitanes Juan Bravo, Francisco Maldonado y Juan de Padilla fueron apresados de manera rápida, no sin su resistencia desesperada. Cuando llegó la infantería leal al emperador al lugar,  la lucha ya había cesado.

El IV condestable de Castilla, Fadrique Enríquez de Velasco, el III almirante de Castilla, Iñigo Fernández de Velasco, y las huestes de los grandes señores del reino habían impuesto su autoridad ejercida en nombre de Carlos I, todavía ausente de su reino, tras haberse proclamado emperador, el 26 de octubre de 1520,  del Sacro Imperio Romano Germánico, sustituyendo a su abuelo, Maximiliano I de Habsburgo.

          Los acontecimientos se sucedieron con enorme rapidez y diligencia, de forma que de inmediato se procedería a dictar una sentencia que ya estaba prevista de antemano. Antes de su captura la suerte ya había sido sellada. Al día siguiente, un tribunal formado por los Alcaldes Cornejo, Salmerón y Alcalá, en presencia del regente del reino, Adriano de Utrecht, preceptor y hombre de confianza del bisoño rey, de tan sólo veinte años de edad, condenaban con la pena capital a los sublevados.

La brevedad del acto final era consecuencia directa de dos importantes precedentes que ya presagiaban el destino de los valerosos capitanes. De una parte, el Edicto Real de Worms (17 de diciembre de 1520) y, más tarde, el Decreto de Excomunión de los comuneros (·1 de enero de 1521), firmado por el propio Adriano por delegación del entonces papa, León X. Tanto uno como otro, ponen de relieve el alcance y la gravedad de la rebelión que se había producido en el Reino de Castilla. No se trataba de una simple revuelta, a tenor de los acontecimientos acaecidos desde que se iniciara la sublevación.

          Así pues, no había ningún juicio en sentido estricto, no había ningún tipo de normativa jurídica aplicada, ni fundamentación del fallo del tribunal. No había derecho a defensa, ni interrogatorio del que derivase una posible exoneración de los reos. Solamente se hizo una referencia a los hechos acaecidos y a la culpabilidad de sus autores.

La condena ya había sido impuesta previamente por vía gubernativa, no por una ordinaria vía judicial. Se trató de un simulacro de proceso, sin ninguna formalidad, pues la pública y notoria gravedad de las faltas cometidas eximía de cualquier probanza ordinaria de los delitos imputados.  El delito de lesa majestad, es decir, de traición al rey, su señor, habían sido sobradamente acreditados. La traición a Su Majestad se paga con la vida.

          La sentencia y condena de Padilla, Bravo y Maldonado, fechada el 24 de abril, es un documento que consta de dos pliegos (cuatro folios), que forman parte de la colección de Patronato Real del Archivo General de Simancas (Valladolid). Se conserva incompleto, pero está compuesta por los traslados de todas las sentencias impuestas a los principales cabecillas de la sublevación. Junto a los ya mencionados, habría que citar: Alonso de Saravia, Pedro Pimentel, Licenciado Bernaldino y Francisco Mercado.

          La transcripción del documento es la siguiente (mantengo el castellano antiguo empleado en la misma). Dice así. “ En Villalar a veynte e quatro días del mes de abril de mil e quinientos e veynte e un años el señor alcalde Cornejo, por ante my Luys Madera, escrivano, recibo juramento en forma devida de derecho de Juan de Padilla, al que fue preguntado sy a sydo capitan de las Comunidades e sy a estado en torre de Lobatón peleando con los governadores de estos reynos contra el servicio de sus majestades dixo que es verdad que ha sydo capitán de la gente de Toledo y que a estado en torre de Lobatón, con las gentes de las Comunidades e q a peleado contra el Condestable e Almirante de Castilla governadores de estos reynos, e que fue en prender a los del Consejo e Alcaldes de sus majestades.

          Lo mismo confesaron Juan Bravo e Francisco Maldonado aver seydo capitanes de la gente de Segovia e Salamanca.

          Este dicho día los señores alcaldes Cornejo e salmerón e Alcalá dixeron que declaravan e declararon a Juan de Padilla a Juan Bravo e Francisco Maldonado por culpables en aver seydo traydores de la corona real de estos reynos. En pena de su maleficio dixeron que los condenavan e condenaron a pena de muerte natural e a confiscación de sus bienes e oficios para la Camara de sus majestades como a traydores. E firmaronlo Doctor Cornejo e licenciado Fernando.

El licenciado Salmerón

         E luego incontinente se executó la dicha sentencia e fueron degollados los suso dichos”.

          La ejecución fue inmediata -incontinente dirá el traslado de la sentencia a los condenados-, después de comunicada y un breve tiempo para redactar las cartas de despedida por parte de los sentenciados.  Juan de Padilla  se despidió de su esposa, María Pacheco, y de Toledo, es de suponer que sus compañeros hicieran lo propio. Finalmente, efectuarían confesión con un fraile franciscano antes de proceder a su decapitación. De esta forma, in extremis, la absolución de sus pecados que, de manera natural y lógica, incluía su excomunión. Sin embargo los delitos cometidos contra el rey Carlos I y contra su reino no serían, en modo alguno,  perdonados. A partir  de ese momento se iniciaría la represión y persecución de las gentes levantadas en armas durante la llamada Guerra de las Comunidades.

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