miércoles 28/10/20

Separen sus garras de la Justicia

lacaci
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Ya desde la época de la primera dinastía del Imperio Antiguo de Egipto, allá por el año 3000 a.C., se viene representando mediante el símbolo de una balanza el factor para determinar si el alma de los difuntos (Ba) merecía o no llegar a la otra vida (Yarú). Los difuntos, en la llamada Sala de las dos Verdades y ante los dioses, ofrecían su corazón con las buenas acciones realizadas en vida y lo depositaban ante una de las bases de la balanza. Sobre la otra base, colocaban una pluma de avestruz (“Pluma de Verdad”), que representaba las malas acciones cometidas. Cuando la balanza daba el resultado de que el corazón pesaba más que la pluma, entonces, los dioses, daban su permiso para que el alma de los difuntos pudiera llegar al Yarú, a la otra vida, lo que podríamos entender como salvarse de ir al infierno.

En la Antigua Grecia y en la civilización romana también se representaba la balanza como símbolo de igualdad entre los justiciables. Para los griegos la diosa de la Justicia se representaba por la deidad Themis, mientras que en la Antigua Roma era Iustitia.

En aquellas diferentes civilizaciones, las diosas de la Justicia tenían en común que se representaban portando una balanza a la que ya nos hemos referido, como símbolo de equilibrio, el razonamiento y la búsqueda de la justicia. Posteriormente, la civilización de la Antigua Roma añadió a la diosa una espada, como símbolo de la fuerza inflexible de la ley: la ley es dura, pero es ley, “dura lex sed lex”.

La figura de la mujer portando con una mano la balanza y con la otra mano una espada ha llegado hasta nuestros días con gran fuerza icónica, al igual que pretendían transmitir en las civilizaciones de la antigüedad, sin olvidar que la hierática imagen se muestra con los ojos vendados, sin estar influida por miedos ni favoritismos, independientemente de la identidad, el dinero, el poder o debilidad; es decir, la representación de la Justicia ciega e imparcial.

La simbología de lo que desde la antigüedad se entendía como Justicia, lo resumió bien el jurista romano, Ulpiano, quien definió la idea de Iustitia así: “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”; “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho”. También podríamos relacionarlo con el lema que acuñó la Escuela Libre del Derecho: “Jus neque inflecti gratia, Neque perfringi potentia, Neque adulterari pecunia debet”, “el derecho no puede verse influenciado por el favor, seducido por el poder ni adulterado por el favor pecuniario”.

Pues bien, sirva la breve introducción histórica para reseñar la importancia respecto a la simbología apuntada y el necesario respeto a los principios mínimos por los que debería regirse la Justicia en la actualidad, siendo uno de los poderes fundamentales dentro de cualquier Estado de derecho en una democracia real.

Y, pese a lo anterior, no corren buenos tiempos para la salud de esa necesaria justicia ciega e independiente a la que venimos refiriéndonos. Es cierto que nuestro país no es el único que sufre atropellos frente al poder judicial y, por tanto, frente a la actividad de impartir Justicia en la sociedad, pero España es uno de los países donde con más claridad llevamos asistiendo desde hace varios lustros a las injerencias de los otros poderes del Estado sobre aquél.

Los pilares de lo que conocemos como estado de derecho se fundamentan en la teoría clásica de la separación de poderes, atribuida a Montesquieu. En efecto, fue Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, filósofo y jurista francés, quien sentó las bases de la teoría de la separación de poderes en su tratado del siglo XVIII, “El espíritu de las leyes” teoría introducida en las constituciones de varios Estados, como lo fue en la Constitución de los Estados Unidos de América.

Lo que conocemos actualmente como estado de derecho se fundamenta en la división de poderes acuñada por Montesquieu. Las ideas del jurista francés pueden resumirse en su muy acertada reflexión: “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Es por ello por lo que existe la necesidad de que cada uno de los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) deban vigilarse entre ellos, para que cada uno controle y detenga los excesos de los demás, en definitiva, para que exista un equilibrio entre ellos.

Qué ha ocurrido entonces en España para que, actualmente, exista un déficit de cumplimiento en la necesaria separación de poderes. Seguramente, como sucede con todas las realidades complejas, y esta es una de ellas, las causas no respondan sólo a uno de los hechos a los que me referiré a continuación, existen, sin duda, otras muchas causas que darían otras respuestas a por qué se han producido esas injerencias en el poder judicial por parte del poder ejecutivo y legislativo.

Para comprender por qué existe en España un déficit de independencia entre los poderes del Estado, en concreto respecto al Poder Judicial (no confundir con la Administración de Justicia), tendremos que examinar una de las principales causas que se refiere a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se llevó a cabo en el año 1985, gobernando el Partido Socialista Obrero Español y siendo presidente Felipe González.

Desde ese año, hasta la fecha presente no ha habido ningún gobierno que haya revertido lo que muchos juristas, entre los que me encuentro, entienden que significó una grave injerencia del poder ejecutivo y legislativo en la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y, también, del presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. La separación de poderes quedó tocada desde entonces.

Intentaré explicar con más detalle lo que sucedió: nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 1978, en su artículo 122.3 dice que 8 de los 20 vocales del CGPJ los nombra el Congreso y el Senado entre juristas de reconocida competencia elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión y los otros 12 vocales, se elegirán entre jueces y magistrados de todas las categorías.

En 1980, una ley orgánica estableció que 12 de esos 20 vocales serían nombrados entre los propios jueces y magistrados, mediante votación. Sin embargo, en 1985, el PSOE, gobernando con mayoría absoluta cambió el modo de elección de los vocales del órgano de poder judicial, fijando que el total de los 20 vocales los elegirían el Congreso y el Senado El Tribunal Constitucional avaló un año después el nuevo sistema de elección, haciendo una advertencia: el Poder Judicial se acabaría convirtiendo en un reflejo de la lucha parlamentaria.

Como ya hemos indicado más arriba, este perverso sistema de elección de los miembros del poder judicial por parte del ejecutivo y legislativo, sigue vigente hoy. Ningún gobierno ha vuelto a la ley anterior a la reforma de 1985. No les ha interesado. Algunos partidos políticos, como el Partido Popular, siendo Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, llevaba en su programa electoral, el cambio de designación de los vocales del CGPJ, para que todos ellos fueran elegidos entre los propios jueces y magistrados. Otra promesa incumplida.

En esta misma semana, la Comisión Europea ha elaborado un informe con los datos que aporta el Consejo de Europa (organismo independiente) y ha dado un nuevo tirón de orejas a España. El informe trata sobre el Estado de derecho en los 27 países miembros de la U.E., y pone de manifiesto que nuestro país sufre importantes demoras tanto en los procesos judiciales (más de 600 días, en el caso del Tribunal Supremo), como en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Además, se refiere a la disfunción por parte de la elección del Fiscal General, quien es nombrado por el Ejecutivo, habiendo ostentado, además, la anterior cartera como ministra de justicia. y, aunque el Ejecutivo no puede cesarla, su mandato termina con el del Ejecutivo y eso, dice en su informe la Comisión Europea: "puede afectar la percepción de independencia".

Ningún partido político quiere sacar las garras del poder judicial. Y, ahí sigue el problema. Mientras tanto, la Justicia, debe seguir su camino ciega para hacer posible su constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho, lo justo.

Carlos Lacaci

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