domingo 27/9/20

Quedarse por el camino

Han transcurrido nueve meses desde que se tuvieron en España los primeros datos de personas contagiadas por coronavirus y, sin embargo, parece que ha pasado una eternidad.

En efecto, la brutal pandemia por la enfermedad provocada por el contagio del Covid_19 se nos está haciendo muy larga, penosa, compleja y costosa. Un coste en vidas humanas muy alto (el número de fallecidos en el mundo se aproxima ya al millón de personas); el económico, de proporción asimilable al coste de reconstrucción tras una guerra mundial.

Mientras escribo estas líneas, el número de personas fallecidas en España según los datos oficiales que informa el Gobierno asciende a 30 mil personas. Otros organismos también oficiales, como el Instituto Carlos III, informan de 45 mil fallecidos. Hay quien sitúa el número de fallecidos en nuestro país por encima de las 60 mil personas.

Más allá del número real de muertes por coronavirus, lo cierto es que esta pandemia supone un auténtico drama por la sangría humana que deja a su paso y por los efectos devastadores en la economía de los países afectados. Si hablamos de España, los datos económicos son muy preocupantes. Para hacernos una idea de la magnitud que la pandemia está provocando en la economía española sólo tenemos que observar los datos del segundo trimestre del año, con un descenso interanual del 22,1%. Esta brutal caída del producto interior bruto en España es la mayor de su historia en tiempos de paz y, además, nos sitúa como el país con la mayor caída del P.I.B. del mundo (datos internacionales publicados y recogidos por varios medios, entre ellos, Bloomberg).

Llegados a este punto, conviene reflexionar sobre qué se ha hecho hasta la fecha y, sobre todo, qué más se puede hacer en adelante para combatir a un enemigo invisible, revestido de incertidumbre y letalidad. Por el lado de la salud, objetivo primordial para salvaguardar la propia vida de las personas, se han tomado y se siguen tomando medidas preventivas. Pero, no nos engañemos, en este punto, si hablamos de medidas correctivas, es decir, de un posible medicamento que pudiera curar y/o de la aplicación directa de la tan esperada vacuna que pudiera inmunizarnos frente a este virus mortal, seguimos estando en manos de la ciencia.

Cabría decir que el margen del Gobierno para prestar su ayuda en los avances de la ciencia, al objeto de vencer a la enfermedad, es reducido. Esto no obsta, en cambio, para que los responsables del Gobierno de España pongan a disposición de los científicos todos los recursos necesarios para tal fin. Al contrario, los responsables políticos tienen el deber y, valga la redundancia, la responsabilidad, de no entorpecer la labor de aquéllos, simplificando toda la burocracia posible y de retribuirles de forma proporcionada al enorme tamaño de la empresa para la que han sido llamados: ni más, ni menos, que proteger y salvar la vida de las personas.

Respecto a lo anterior, conviene apuntar también que es responsabilidad de los políticos, en este caso concreto del Gobierno, el hecho de informar en tiempo y forma a los ciudadanos sobre todas las cuestiones que afecten o puedan afectar a la salud de la colectividad. Es un deber elemental para la salud pública. No parece prudente el hecho de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, responsable de comunicar a la población sobre las cuestiones que afectan a la salud por la enfermedad del Covid_19, tras el primer caso positivo por coronavirus en España (se dio en La Gomera), asegurara que, “con los datos disponibles parece que la epidemia en Wuhan tiene posibilidades de empezar a remitir" y que "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado" (Fernando Simón, dixit, a 31 de enero de 2020).

 

Se dirá que, a toro pasado, los problemas y/o las posibles soluciones a adoptar siempre son más sencillas de tratar o de responder, pero lo cierto es que los responsables políticos no están para tratar las cuestiones o los problemas “a toro pasado”, sino para, precisamente, proponer posibles soluciones antes de que los problemas crezcan en gravedad o se conviertan en irreversibles.

 

Junto con el grave problema sanitario padecemos también el grave problema económico. En este punto la responsabilidad del Gobierno de la nación parece evidente. El equipo de gobierno de España, en efecto, es el encargado de dirigir las políticas económicas y fiscales del país. Antes del efecto económico tan negativo a consecuencia del coronavirus, ya existía un debate entre los diferentes agentes sociales y los principales operadores económicos donde se advertía de la necesidad de dinamizar más la economía española (el problema, viene de largo, no sólo es achacable al actual Gobierno). Los sectores que sustentan principalmente la economía en España son: el turismo, la hostelería, el comercio y la construcción. Estos sectores, en su conjunto, emplean a millones de personas y contribuyen a generar buena parte del P.I.B. Ahora bien, son sectores que no se centran en la investigación, desarrollo e innovación. Nuestro país adolece de sectores que inviertan en tecnología y desarrollo (aunque, poco a poco, se va corrigiendo este déficit frente a otros países de nuestro entorno). Esto hace que seamos menos competitivos y que, cuando vienen crisis económicas (ya sucedió también con la pasada crisis financiera, iniciada en 2008), suframos más que otros países, precisamente por depender de los sectores ya apuntados.

 

Por otro lado, los puestos de trabajo, dentro del mercado laboral en España, dependen en más del 80% de las contrataciones que se llevan a cabo en las pequeñas y medianas empresas, así como por los autoempleados, los autónomos.

 

Pues bien, volviendo sobre la responsabilidad del Gobierno en cuanto a las políticas económicas y fiscales, así como sobre las políticas con impacto en el mercado laboral y Seguridad Social, hay que reseñar que, si bien muchos gobernantes (insisto, no sólo los actuales, también los de equipos de gobierno anteriores) no han realizado políticas de calado para dinamizar la economía española, sin invertir ni ayudar a crear empresas en sectores más productivos, sin acometer nuevas reformas en el mercado laboral ni en la Seguridad Social, pensiones, etc., por reseñar únicamente algunas de las cuestiones clave para el buen fin de nuestra economía, aún es más sorprendente la parálisis y mala gestión que, hasta la fecha, viene demostrando el actual equipo de gobierno, desde que se iniciara la actual pandemia por el coronavirus.

 

Cuando me refiero a parálisis y mala gestión es porque, además de la responsabilidad debida por parte de los gobernantes para proveer y garantizar a los ciudadanos los recursos mínimos para poder vivir dignamente, también traigo ahora las palabras (¿huecas?) que pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, unos días después de decretar el estado de alarma, el 14 de marzo de 2020 y en las que él mismo se comprometía a no dejar a nadie por el camino.

 

Decía el presidente de España:

 

“Quiero agradecer el apoyo de los sindicatos, empresarios y también a otros líderes políticos. Gracias también a las comunidades autónomas. Ahora debemos frenar la caída y después relanzar la producción. Para que la salida sea una V y no una L, tenemos que ser contundentes. Por eso hemos decidido reforzar las medidas ya aprobadas la semana pasada. Es la mayor movilización de recursos de la historia”; “Nuestro esfuerzo debe estar como mínimo al nivel del sacrificio de los españoles”

 

“Es un plan de choque sin precedentes. El Estado tiene recursos poderosos, pero también los empresarios, los trabajadores, los propietarios, los inquilinos. Si construimos una cadena de solidaridad antes saldremos de esta crisis. Hoy aprobamos medidas extraordinarias, 100.000 millones para liquidez de las empresas, 17.000 millones para colectivos muy vulnerables. Todos van a tener la protección del Gobierno. No vamos a dejar a nadie atrás. El Estado va a asumir el shock que representa el frenazo de la economía española. Y después tendremos que hacer frente a la reconstrucción”.

 

Seis meses después de que el presidente de España, Pedro Sánchez, pronunciara estas frases dentro del discurso que dirigía a toda la población en un tono solemne, vemos que la gestión realizada, hasta la fecha, es muy deficiente. Lo es por varios motivos, pero se los resumiré con el principal: muchas personas, ya se han quedado por el camino.

 

Cuando el máximo responsable al frente del organismo público que debe comunicar a la población las cuestiones de la salud en relación a la pandemia por el coronavirus, el señor Fernando Simón,  informa al inicio de la misma que: "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado" y luego resulta que fallecen miles de personas y cientos de miles se contagian, con graves secuelas de salud, al menos, merecería un reproche en el plano político y, aunque sólo fuera por la ética, o por la estética, debiera dimitir, automáticamente, de su cargo.

 

Cuando el máximo responsable al frente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, comunica a toda la población, de forma reiterada que: “no vamos a dejar a nadie atrás” y luego resulta que asistimos a la mayor caída del P.I.B. de la historia de España, con el mayor retroceso de todos los países del mundo, cuando los datos que ofrece el propio Banco de España arroja cifras de previsión de una tasa de paro en torno al 20% y un déficit público que podría dispararse hasta el 12%, existiendo en España una cifra total de parados situada en 3.802.814 desempleados, su nivel más alto en un mes de agosto desde 2015 y con 625.000 trabajadores aún en la muy complicada situación de ERTE (expediente de regulación temporal de empleo); cuando el sector turístico está prácticamente en quiebra; cuando la hostelería se encuentra agonizando; cuando al comercio, en el mejor de los casos, si no ha tenido que cerrar, se le acumula un ingente stock del que no puede dar salida; cuando cientos de miles de autónomos y pymes no pueden seguir con su actividad, al no poder sufragar los costes fijos, como son los impuestos y cuotas a la Seguridad Social cuya exigencia de pago no han sido condonada, sino que, en el mejor de los casos, fueron aplazados; cuando todo esto, junto a otras pésimas realidades sociales, económicas y laborales han sucedido ya y siguen produciéndose, ¿a qué suenan las palabras del máximo responsable del gobierno de España?

 

Pues eso: quedarse por el camino…

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