sábado 12/6/21

Historias de mi vida liberal. La decadencia Física de Franco. 1968-1973

A medida, que Franco fue envejeciendo, fue atrincherándose en sus convicciones y temores, demostrando su incapacidad para evolucionar al compás de los cambios producidos en la sociedad española. Franco no supo entender ni anticiparse a los acontecimientos y respondió a las manifestaciones de vitalidad de la sociedad civil con reformas insuficientes y tardías. Pero, como contrapartida, el excepcional desarrollo económico conseguido durante esos mismos años sacó a España del subdesarrollo, y la convirtió en un país industrial y urbanizado en el que había grandes posibilidades de promoción social. La transformación de España en la década del desarrollo fue radical. Los años de mayor crecimiento fueron entre 1961 y 1964, con tasas de un 8,7% anual, una inflación controlada entre el 5 y el 9%, y alzas salariales de entre el 8 y el 11%. No fue ajeno a este crecimiento el I Plan de Desarrollo (1964), dedicado a la inversión industrial, la expansión de las exportaciones y el desarrollo agrícola. Sin embargo, los tres pilares del desarrollo español fueron el turismo, la inversión extranjera y las divisas aportadas por los emigrantes.

Entre 1961 y 1966, el número de turistas se elevó de 7 a 17 millones, y en 1970 la cifra ya alcanzaba los 24 millones. El crecimiento de las exportaciones continuó siendo insuficiente para equilibrar el déficit comercial resultante de las importaciones crecientes de alimentos y bienes de equipo, pero los ingresos del turismo lograron compensar la diferencia. El turismo, además, supuso la modificación de la estructura económica española, en la que el sector servicios fue adquiriendo cada vez mayor relevancia.

La inversión extranjera, cifrada en unos 7.600 millones de dólares entre 1960 y 1974, se orientó preferentemente a la industria automovilística, electrónica y química. El principal atractivo que norteamericanos, suizos y alemanes veían en España eran las posibilidades de un mercado en expansión y los bajos costes salariales. En cuanto a la emigración, el régimen no hizo nada para desalentarla. Al contrario, las más de 100.000 personas que salieron de España durante la década de los sesenta aportaron enormes partidas de divisas que sirvieron para capitalizar el país, además de resolver el secular problema del desempleo rural. Como en todos los países en vías de industrialización acelerada, la agricultura se vio relegada en los planes de inversión del estado.

Las nuevas oportunidades de encontrar empleo en la ciudad o en el extranjero, provocaron el éxodo masivo de jornaleros y minifundistas. La reducción de la mano de obra disponible estimuló el alza de salarios. Si entre 1950 y 1972 los precios subieron del índice 651 al 1.465, los salarios rurales pasaron del 424 al 5.030. El aumento de los costes salariales junto con la posibilidad de beneficiarse del crédito oficial contribuyó a la modernización del campo español. El número de tractores pasó de uno por cada 228 hectáreas (1962) a uno por cada 45 (1970).

La liberalización nacida del I Plan de Desarrollo (1964), inició el mayor ciclo de industrialización y de prosperidad que España había conocido jamás. De hecho, los planes de desarrollo impulsados por López Rodó y después por López Bravo, ambos ministros tecnócratas vinculados al Opus Dei, contaron con la oposición de determinados sectores del Movimiento, en concreto por Suances, entonces al frente del INI. El resultado de la batalla entre los partidarios de la liberalización y los defensores del intervencionismo fue el incumplimiento de los propósitos iniciales de los planes: aunque se limitaron las inversiones del INI, éste siguió controlando buena parte de la producción de algunos sectores clave, como la construcción naval, fabricación de camiones, carbón, aluminio, hierro, acero, etc. Para López Bravo, el INI debía tener un papel subsidiario de la empresa privada, lo que a la larga acabó convirtiéndole en un refugio de empresas insolventes mantenidas artificialmente por motivos políticos. 

La política gubernamental respecto a la empresa privada siguió presidida por el intervencionismo a través de subvenciones, financiación oficial o exenciones fiscales. Una muestra de este intervencionismo fueron los llamados “polos de desarrollo”, consistentes en favorecer la inversión privada en zonas industrialmente deficitarias como Vigo, La Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla, a través de infraestructuras a cargo del Estado y todo tipo de beneficios fiscales y ayudas directas.

A pesar de las contradicciones y limitaciones de los planes de desarrollo, el crecimiento industrial fue extraordinario, un 160% entre 1963‑72. La productividad se duplicó durante el mismo periodo y las exportaciones se multiplicaron por 10. Las tasas anuales de crecimiento eran las más altas de Europa y unas de las más altas del mundo. En los años setenta, España pasó a ocupar el undécimo puesto entre los países más industrializados del mundo, y todo ello con las limitaciones que imponía el estar al margen de la Comunidad Económica Europea.

La industrialización de los años sesenta y setenta provocó una auténtica transformación social y cultural en España, que dejó de ser un país rural y agrícola. En la década de los sesenta, alrededor de 4 millones de españoles cambiaron de residencia. En el último censo de la era franquista (1970), el 33% de la población residía en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, mientras que el 37% lo hacía en poblaciones de más de 100.000.

El proceso de urbanización se llevó a cabo de forma regionalmente desequilibrada. Las zonas de recepción de emigrantes fueron las costas (País Vasco, Cataluña, Valencia), el eje del Ebro y Madrid. Dicha distribución correspondía, en líneas generales, a la localización de la industria: a mediados de los setenta la mitad de la industria española se repartía tan sólo entre Madrid, País Vasco y Cataluña. Al final del franquismo la estructura de la población activa española era la propia de un país moderno: aunque las tasas de la población agrícola (22%) eran superiores a las del resto de Europa, el sector servicios y el industrial ocupaban al 40 y 38% de la población activa. Sin embargo, el pluriempleo y la escasa incorporación de la mujer al mundo laboral distinguían todavía a España de la realidad laboral del resto de Europa. El crecimiento económico español alcanzó a la mayoría de la población. Desde 1960 hasta la muerte de Franco la participación de los salarios en la renta nacional creció al menos un 20%. El consumo también se incrementó extraordinariamente. El bienestar de la vida moderna estaba al fin al alcance del español medio. En 1975, el 80% de la población tenía frigorífico, televisor y lavadora. Al mismo tiempo, la semana laboral media se redujo de 48 horas en 1964 a 44 en 1975. Época en que yo estaba en pleno desarrollo profesional. La modernización de España supuso la emergencia de la clase media nacida del esfuerzo y la austeridad, del pluriempleo y de las largas jornadas laborales. Sin embargo, todavía al final del franquismo un 1,2% de la población acumulaba el 22% de la renta nacional.

El progreso económico permitió aumentar el sistema asistencial y educativo. El sistema de seguridad social, inicialmente previsto para los trabajadores de la industria y servicios, se amplió a la población agrícola (1964) y a los trabajadores autónomos (1971), para pasar a generalizarse finalmente (1972). Al final del franquismo, la escuela primaria ya era obligatoria a nivel nacional, destinándose recursos suficientes para la construcción de escuelas. En 1971, la proporción del PNB empleada en educación era más del doble de la de 1964. Una de las principales consecuencias de la modernización de España fue el progresivo abandono de las costumbres inspiradas en la moral católica tradicional. El bienestar económico, el impacto cultural del turismo y la propia reforma interna de la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II impulsaron unos nuevos hábitos en la sociedad española.

A mediados de los setenta, la mayoría del clero había abandonado la ideología española tradicional sobre la que se asentaba el franquismo. Cientos de sacerdotes se habían visto involucrados en actividades de oposición sindical, universitaria y política, provocando la virulenta reacción de la extrema derecha. Los más radicales eran la organización paramilitar Guerrilleros de Cristo Rey, cuyas acciones contra militantes de izquierda fueron reiteradamente censuradas por la jerarquía eclesiástica. Quizá por ello el final de los sesenta se caracterizó por la agitación obrera y estudiantil. La juventud y los trabajadores estaban ya perdidos para la causa del Movimiento, del SEU y la Organización Sindical. Cada año que pasaba los afiliados al Movimiento envejecían y disminuían simultáneamente.

Una vez concluida la institucionalización del régimen, Carrero Blanco y López Rodó presionaron a Franco para que garantizara la continuidad y estabilidad política, nombrando sucesor a un heredero legítimo al trono, el príncipe don Juan Carlos. A pesar de las maniobras para imponer a Alfonso de Borbón y Dampierre, casado con una nieta de Franco, por parte de algunos prohombres del régimen como Nieto Antúnez o Solís, el Caudillo ya se había decidido por don Juan Carlos, de quien apreciaba su discreción y sobriedad.

El 21 de julio de 1969, Franco presentó al fin ante el Consejo del Reino la designación de Juan Carlos como sucesor al Trono a título de Rey, posteriormente ratificada por las Cortes con el resultado de 491 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones. Hasta entonces, el príncipe se había movido con suma cautela, sabedor del estrecho margen que tenía para actuar. Sin embargo, el futuro rey y su extutor, Fernández Miranda, ya habían estudiado la posibilidad de reformar el régimen desde la legalidad una vez asumiera la jefatura del estado.

El proyecto de mayor calado político del gobierno fue el borrador de asociaciones presentado por Fernández Miranda el 21 de mayo de 1970. En él se exigía que la petición de constitución de asociación debía contar con el apoyo de 10.000 firmas, un documento notarial declarando que respetaban los Principios Fundamentales del Movimiento y las Leyes Fundamentales, y la autorización del Consejo Nacional.

Sin directrices de un Franco, cada vez más débil por motivos de salud y edad, el gobierno se dedicó a labores puramente gestoras, abandonando cualquier proyecto político de envergadura. El crecimiento de la violencia política por parte de las organizaciones terroristas (ETA, FRAP) y de los grupos de ultraderecha (Guerrilleros de Cristo Rey) paralizó cualquier iniciativa reformista que el gobierno hubiera podido albergar. Mientras, los grupos más reaccionarios del régimen vieron en el matrimonio de Alfonso de Borbón Dampierre y María del Carmen Martínez‑Bordiú Franco, nieta de Franco, en 1972, como una oportunidad para cambiar la línea de sucesión y colocar en el trono a un rey más manejable y afín a sus propósitos. La ultraderecha y la propia doña Carmen ejercieron todo tipo de presiones para degradar la imagen del príncipe, pero Franco no rectificó su decisión.

Como bien apuntan los historiadores Raymond Carr y Juan Pablo Fusi, el mal que atacaba el estado franquista “era una crisis de contradicciones. España era oficialmente un estado católico y, sin embargo, la Iglesia estaba enfrentada al régimen. Las huelgas eran ilegales, pero había cientos todos los años. España era un estado antiliberal, pero buscaba desesperadamente alguna forma de legitimidad democrática”.

En junio de 1973, Franco decidió descargarse de las funciones ejecutivas nombrando presidente del Gobierno a su fiel mano derecha, el almirante Carrero Blanco. El nombramiento de Carrero puso por primera vez en marcha el procedimiento institucional de elección de un presidente del gobierno. El Consejo del Reino presentó al jefe del estado una terna de candidatos formada por el futuro presidente, Manuel Fraga y Fernández Cuesta. De esta forma, se pretendía dar la apariencia de que en el nombramiento del presidente participaban las instituciones del Estado, cuando en realidad la decisión correspondía exclusivamente al propio Franco, que hacía llegar a los proponentes su candidato preferido para que fuera incluido en la terna.

Carrero Blanco intentó mantener la práctica del arbitraje entre las familias del régimen que Franco había seguido en la formación de sus gobiernos. Sin embargo, la mayoría de las nuevas figuras del régimen no se adscribían a ninguna corriente. En el gobierno de 1973 tan sólo Barrera de Irimo y Utrera Molina, católico y falangista respectivamente, podían ser identificados como miembros de uno de los clanes del franquismo. En cualquier caso, no se pudo acusar a Carrero de haber formado un gobierno de leales ni de haber tomado partido por una corriente u otra. El único rasgo en común de todos los ministros era su lealtad al régimen y a don Juan Carlos como sucesor en el Trono.

Parece ser que Franco dejó plena libertad a Carrero a la hora de elegir sus ministros. Solamente se limitó a proponer a Arias Navarro como ministro de la Gobernación. López Rodó, que siempre había sido considerado como el inspirador teórico de Carrero, fue alejado de la política nacional al asignársele la cartera de Exteriores. Fernández Miranda ocupó la vicepresidencia y la Secretaría General del Movimiento. Existió cierta continuidad respecto del gobierno de 1969. Julio Salvador, López de Letona, Allende García‑Baxter, Licinio de la Fuente y García del Ramal repitieron como ministros.

El gobierno de 1973 heredó la polémica sobre el proyecto de ley de asociaciones. Franco y Carrero pretendían que el tema estuviese eternamente en discusión para dar cierta sensación de renovación sin tenerse que pronunciar en favor de una u otra postura.  Correspondió a Fernández Miranda la tarea de dilatar la cuestión presentando un proyecto con tantas matizaciones y prevenciones que prácticamente lo vaciaba de contenido. En ese sentido, López Rodó instó al Secretario General del Movimiento a que abandonase las disquisiciones especulativas y presentase un texto concreto para su discusión. En definitiva, se trataba de abrir o no la posibilidad de legalizar asociaciones al margen del Movimiento. 

El 20 de diciembre de 1973 Carrero Blanco fue asesinado por el grupo terrorista ETA oficialmente. El atentado mortal que ETA llevó a cabo contra Luis Carrero Blanco frustró la posibilidad de una herencia del franquismo y este es un tema que no está nada claro, pues tuvo que haber superespecialistas en voladuras, para enviar el Dodge Dart blindado volando cuatro pisos para caer en el patio del colegio colindante. Dudo que ETA estuviera preparada para semejante hazaña, pues si llegan a llenar la calle Claudio Coello de explosivos, se cae media calle, mientras que ésta apenas sufrió daños, salvo un fenomenal boquete. Yo había pasado cien veces por ese sitio, normalmente buscando aparcamiento. para ir a funerales de la iglesia de los Jesuitas de Serrano de donde provenía el coche de Carrero. Además, estaba en el radio de acción de la embajada USA, sumamente vigilado por la CIA .La operación “Ogro” consiguió evitar que Carrero sucediera a Franco con idénticos postulados políticos. 

 

Bernardo Rabassa Asenjo

    

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