viernes 14/5/21

La evolución del Gobierno socialista 1983-1996. González y Fernández Ordoñez

No me caen muy bien los socialistas, pues en el fondo son marxistas, aunque demócratas, y ellos son los que han llevado España a este país subvencionado, alejado del liberalismo y condenado por ello a un menor progreso, ¿Cómo consiguió Rajoy bajar el paro en sus últimos cinco años en 2017?, ¡Que nadie se engañe!, fue liberalizando disimuladamente, los salarios, precarizándolos como dice la UGT y las CC. OO. Pero consiguiendo que en la última EPA:  El número de ocupados disminuye en 50.900 personas en el cuarto trimestre de2017 respecto al trimestre anterior (un –0,27%) y se sitúa en 18.998.400. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 0,39%. El empleo había crecido en 490.300 personas en los 12 últimos meses. La tasa anual era del 2,65%.

     Pasito a pasito lo fue consiguiendo Rajoy. Encuesta de población activa | cuarto trimestre de 2012. España cierra 2012 con una tasa de paro del 26%, la más alta de su historia. El número de desempleados se quedó al borde de los seis millones (5.965.400). Los hogares con todos sus miembros en paro aumentaron un 16,4% en 2012. Hoy hay 3.461,128, prácticamente la mitad.                  

    Mientras procede, la evolución del gobierno socialista 1991-1993. Que, según Javier Tusell, en su Historia de la Transición: “Hasta 1991 el hecho de que Felipe González fuera una figura apreciada casi universalmente contribuyó a la estabilidad afectiva de la democracia. Desde esta fecha en adelante los problemas de corrupción contribuyeron a deteriorar su figura (Flik y Flok, Malesa, Filesa y Time Export, Montedison y Antibióticos, Galerías Preciados, el metro de Medellín, la compra del 25% de Telefónica del Perú, los GAL etc. etc. añado yo) pero también a colocar en el primer plano de las preocupaciones de los españoles, esté problema político. Entre el 30 y el 40 por 100 de los españoles lo consideraban el más grave, de modo que la mejora de la atmósfera política se convirtió en una verdadera necesidad.

    Se ha considerado la política antiterrorista de los gobiernos socialistas como uno de sus mayores fracasos, pero este juicio ha nacido, principal y casi exclusivamente, de la consideración de los inconvenientes que, a medio plazo, los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) le causaron.

     Nueve días después de llegar al Ministerio del Interior Barrionuevo se produjo el primer asesinato y, según él, cada tres días se repitió otro a lo largo del primer año. Ese mismo año, 1982, fue asesinado el general que estaba al frente de la División Acorazada Brúnete, la unidad militar de mayor eficacia del Ejército español. Pero, por mucho que se sintieran abrumados por estos acontecimientos o incluso que recibieran como "retórica y palabras" las declaraciones de solidaridad de terceros, lo cierto y objetivo es que el peor momento del terrorismo de ETA había pasado ya. En la primera legislatura socialista el número de muertos se situó en torno a una cuarentena, una cifra que venía a ser un tercio del peor año de incidencia terrorista. Más que la multiplicación de la actividad etarra, lo que explica los errores de los socialistas en esta materia reside en la inexperiencia, la errada elección de los responsables del Ministerio del Interior y determinadas peculiaridades del momento en que entonces se vivía.

       El propio José Barrionuevo da la sensación, en sus Memorias, de estar perpetuamente abrumado por el peso de su responsabilidad, mientras que no ofrece nada parecido a un diagnóstico o un plan con el que enfrentarse a la complicada tarea que tuvo entre manos. Pronto desapareció el dirigente que procedía del partido (Sanjuán), pero eso no evitó la lucha entre otras dos figuras (Vera y Sancristóbal) hasta que desapareció el segundo en 1987 (el mismo año en que lo hizo el GAL). La misma rivalidad parece haber existido entre la Guardia Civil y la Policía Armada (y a ella se sumó la Ertzaina cuando fue creada). El clima de euforia en que vivían los dirigentes socialistas les hizo pensar muy pronto en la posibilidad de acciones expeditivas. Conozco al hijo de Vera, con el que he hablado y que está convencido de la inocencia de su padre.

    En realidad, en cuanto a lo que atañe a política antiterrorista lo más positivo y decisivo que consiguieron los socialistas fue el cambio de actitud de Francia que, a partir de 1984, dio facilidades crecientes para expulsar presuntos terroristas y acabó aceptando su extradición a España. La actividad de los GAL se extiende desde octubre de 1983 hasta 1987. Las acciones que realizaron a menudo se debieron a errores de información, incluso en casos de asesinato. Los ejecutores fueron en algunos casos delincuentes de pequeña monta, alguno de los cuales ni siquiera recibió el pago previsto. En ocasiones se dieron casos de tortura sádica. Pero lo que aquí más interesa son las consecuencias políticas de esta fórmula de antiterrorismo. El más grave inconveniente de los GAL fue que prolongaron, en un sector de la juventud nacionalista vasca más maximalista, la sensación de que la lucha se planteaba en idénticos términos que en el franquismo.

    En contra de lo que a veces se ha sostenido, los atentados del GAL no disminuyeron el terrorismo etarra. Es cierto que una parte de los terroristas se instalaron en Hispanoamérica, pero también lo es que, de forma inmediata, los actos más bárbaros de terrorismo tuvieron lugar en 1987, inmediatamente después del momento álgido de la acción de los GAL. Ese año el terrorismo repuntó hasta una cota de 52 muertos anuales. En 1988 dos policías, Amedo y Domínguez, fueron detenidos siendo procesados al año siguiente. La utilización de procedimientos como los ya citados no implicaba la ausencia de contactos con la organización terrorista. Siempre habían existido algún tipo de relación indirecta y ahora las conversaciones se convirtieron en semipúblicas, con el grave inconveniente de que la expectativa de negociación perjudicó de forma grave la perspectiva de la reinserción de los antiguos terroristas.

     Tras las conversaciones con ETA en Argel en1986, que resultaron un fracaso, se prolongaron los contactos hasta 1988 en otros lugares (Burdeos, por ejemplo) sin conseguirse resultado alguno. Mayor éxito tuvo la dispersión de presos que, en 1989, estaban en tan sólo dos centros penitenciarios y que, al quedar en disposición de poder tomar decisiones por sí mismos, sin la presión ambiental, pudieron comenzar a reinsertarse. Lo hicieron, no sin peligros: ya en 1986 la ex-terrorista Yoyes fue asesinada por haberlo hecho.

     En un terreno mucho más positivo hay que llamar la atención sobre la realidad de que durante la etapa de gestión de los socialistas en el poder se produjo el desarrollo del título VIII de la Constitución, cuyo contenido concreto estaba por precisar, pues hasta entonces los repetidos intentos de ordenar el proceso autonómico habían fracasado. Hasta 1981 tan sólo se habían aprobado cinco Estatutos de Autonomía, pero entre 1982-1983 lo fueron otros doce; hubo que esperar hasta bien entrada la década de los noventa para que los estatutos de Ceuta y Melilla se pusieran definitivamente en marcha.

        De esta manera la "desconstitucionalización", por así denominarla, de la organización territorial del Estado, no se define en el texto de 1978 de forma nítida, ha ido construyéndose sucesivamente con el transcurso del tiempo y con el auxilio decisivo de una instancia excepcional, como es el Tribunal Constitucional, sin que a lo largo de los años ochenta y noventa pareciera diseñarse con un perfil definitivo el resultado del proceso. En agosto de 1983 la controvertida LOAPA, fue declarada inconstitucional en partes decisivas de su contenido por el Tribunal Constitucional descartándose de este modo cualquier proceso de "reconducción" del proceso autonómico hacia niveles competenciales más bajos. El alto Tribunal se atribuyó a sí mismo, la potestad de realizar lo que a los políticos les había sido vedado, pero por ese procedimiento se alcanzó, al menos, un principio de ordenación de todo el proceso autonómico. De este modo hubo también una instancia capaz de enfrentarse con la tradición centralista de la Administración española.

      Se fue originando un grado de descentralización muy considerable, que puede compararse ventajosamente con la que disfrutan otros países que se definen como federales. Desde el punto de vista del gobierno central, la construcción del Estado de las Autonomías exigió la aprobación de determinadas disposiciones de carácter general. La primera de ellas fue la aprobación del llamado Fondo de Compensación Interterritorial (1984) destinado a compensar aquellas regiones peor dotadas de recursos. Asimismo, se aprobó la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA (entre otras cosas, para que no se les escaparan las Cajas de ahorro al control de los partidos, lo que al final las ha llevado a la ruina).

   Mientras tanto, un número creciente de españoles de muy diversas significaciones desempeña un papel importante en organismos internacionales desde la presidencia del Parlamento europeo, a la dirección de la UNESCO, desde el Comité Olímpico Internacional a la Secretaría general de la OTAN. La relevancia mundial de la transición democrática española ha contribuido, con independencia de méritos personales, a ello. En Iberoamérica la transición hacia la democracia ha servido, a la vez, como ejemplo positivo a imitar y como instrumento para ejercer una influencia en otros terrenos.

      Además, la política exterior española había adquirido una especial dimensión por el hecho de haber sido en gran medida protagonizada por la Corona. La larga duración de los gobiernos socialistas ha permitido, por otra parte, llevar a cabo una política estable, más allá de las periódicas contradicciones que se dieron en la época centrista en la que hubo contradicciones que se explican por el hecho del predominio que en estos momentos existía de la política interna.

     En 1985 se creó la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, luego convertida en Agencia, y desde el año siguiente se pusieron en marcha los planes anuales de cooperación. En el desarrollo de esta política jugó un papel importante el Parlamento, que aprobó en 1987 unas directrices generales.

       El gobierno socialista ratificó con respecto al Sahara una política que se sumaba los acuerdos de los organismos internacionales y pedía el respeto a la voluntad del pueblo saharaui mientras que no reconocía a la República Árabe Democrática Saharaui (que todavía está por resolver).

      Durante la primera mitad de la década de los ochenta PSOE había mantenido la intención de voto entre el 30 y el 40 por 100 mientras que el grado de satisfacción del electorado con González se mantenía altísimo, entre el 46 y más del 60 por 100 y el centroderecha, no superaba más del 15 por 100 de la intención de voto, como media, antes del período electoral propiamente dicho. No obstante, ha de tenerse en cuenta que en la elección de 1989 ya había constituido uno de los temas principales de la campaña la necesidad, expresada por la oposición, de que el PSOE perdiera la mayoría absoluta. Durante el período entre 1986 y 1992 la intención de voto al PSOE siguió manteniéndose muy alta, entre un 24 y un 33 por 100, mientras que la del centroderecha osciló mucho y sólo en la fase final se acercó a la cifra más baja de los socialistas.

     El momento en que se empezó a producir un cambio decidido en la opinión fue en 1991, momento en que el PSOE empezó a perder de forma definitiva, la hegemonía de que había dispuesto hasta el momento en el voto urbano. Ya en 1992 el voto socialista resultaba muy distinto en su procedencia de aquel recibido una década antes:

      Ya en 1991 el 56 por 100 de los encuestados pensaba que pagaba demasiados impuestos en comparación con los servicios estatales de todo tipo que percibía y la proporción ascendía hasta el 91 por 100 en el caso de los altos ejecutivos. Además, el porcentaje de los españoles que se identificaban con el centroizquierda había pasado del 40 al 27 por 100. Estos datos hacen pensar que el modelo de apoyo social que hasta el momento había tenido el PSOE empezaba a agotarse. Por otro lado, idéntica sensación de agotamiento transmite la propia acción gubernamental.

     Aunque prosiguió la construcción del Estado de Bienestar, prolongación de la enseñanza hasta los 16 años gracias a la LOGSE, ley de pensiones no contributivas en 1990 el ritmo de la producción legislativa decreció claramente y en ocasiones se enderezó hacia campos conflictivos. El caso más característico fue la ley de seguridad ciudadana considerada fundamental por el titular de Interior, Corcuera (la patada en la puerta), y, sin embargo, muy controvertida como consecuencia de la oposición a la misma de sectores muy diversos. Una parte sustancial de la ley acabaría por ser declarada anticonstitucional por el Tribunal Constitucional, lo que motivó la dimisión del ministro. El momento en que empezó el desmoronamiento del apoyo popular conseguido por el partido socialista se puede detectar de forma muy precisa porque coincide con la aparición de una serie de escándalos políticos.

     Estos empezaron en los momentos inmediatamente anteriores a las elecciones de 1989 y se fueron agravando con al transcurso del tiempo. Resulta una injusticia atribuir a todos los socialistas aquello de lo que fue responsable tan sólo una parte ínfima, pero, al mismo tiempo, no cabe la menor duda de que el exceso de pragmatismo, la sensación de que el fin era óptimo y cualquier atajo permisible, la larga permanencia en el poder que excitó al olvido de las responsabilidades y, en fin, una mala reacción inicial ante cualquier tipo de crítica, fueron vicios generalizados en la opción gobernante. Los escándalos no sólo proporcionaron nuevas armas a la oposición, sino que constituyeron un motivo para una división del PSOE que no se había producido hasta el momento y que se hizo patente de un modo muy exasperado ante la opinión pública, aunque nunca se tradujera en una escisión interna. En este sentido puede decirse que los dirigentes del PSOE habían aprendido la lección de la difunta UCD. La primera cuestión que llamó la atención de la opinión pública fue la relativa al comportamiento en Sevilla de Juan, el hermano de Alfonso Guerra, creando una especie de pequeña satrapía del favor personal que le había permitido labrarse una pequeña fortuna.

     Desde finales de la década de los ochenta Felipe González manifestó su deseo de no ser ya candidato a la presidencia por su partido. A la altura de 1991 se daba por supuesto que no lo sería ya en las elecciones siguientes, (por sus batallitas con Alfonso Guerra).

     Con ello fomentó la respuesta ante el guerrismo de quienes eran sus principales colaboradores. Serra, por ejemplo, se quejó de la "endogamia partidista" y del "espíritu de secta" indicando que en realidad los partidos no debían ser de los militantes sino de aquellos que les otorgaban su confianza en las urnas. Almunia aseguró que el guerrismo no tenía "ni patrón ni rumbo ni futuro". En octubre de 1992, tras muchas dudas, González anunció que seguiría siendo candidato de su partido, pero inmediatamente puso sus condiciones reivindicando una independencia del gobierno respecto del partido que él mismo siempre había dado por supuesta. Sus seguidores fueron conocidos como los "renovadores" pero, con la mención a ellos, no concluye el espectro de los grupos socialistas existentes en este momento. En toda la geografía peninsular quienes habían consolidado una influencia personal en votos y gracias al ejercicio del poder, los llamados "barones”, actuaron como elemento de contrapeso no adscribiéndose a una de las dos tendencias mencionadas.

 Francisco Fernández Ordoñez Ministro de Exteriores falleció en 1992.  Hablando de Paco Ordoñez, muy amigo mío desde los años 70, subió la escalera con mucho éxito (Nació en Madrid, 22 de junio de 1930 y murió el 7 de agosto de 1992) fue un político español muy destacado en los años de la transición política. Desempeñó los ministerios de Hacienda y Justicia bajo la presidencia de Adolfo Suárez y de Exteriores con Felipe González. Hijo de un ingeniero de caminos, Francisco Fernández Conde, fue el mayor de diez hermanos y estudió en el Colegio del Pilar de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de licenciatura, obtuvo por oposición las plazas de fiscal y de inspector de Hacienda. Realizó estudios de posgrado en Estados Unidos, diplomándose por el International Tax Program de la Universidad de Harvard.

      Fue sucesivamente presidente de la delegación española ante la OCDE, secretario general técnico del Ministerio de Hacienda, presidente del Instituto Nacional de Industria –cargo del que dimitió por razones políticas- miembro de la Comisión de los Nueve, que representó a la oposición democrática española, fundador del Partido Social Demócrata (que luego sería uno de los integrantes de la coalición UCD), ministro de Hacienda, presidente del Banco Exterior de España, ministro de Justicia y ministro de Asuntos Exteriores.

        Siendo ministro de Hacienda, la reforma fiscal de 1977 constituyó un éxito en su vida política ya que supuso la modernización de la tributación española con arreglo al modelo dominante en el resto del mundo occidental, introduciendo el impuesto sobre la renta y le sirvió para ganarse la confianza del presidente Adolfo Suárez, que también lo nombró ministro de Justicia cuando remodeló su gabinete en septiembre de 1980. A pesar de la dimisión de Suárez y su sustitución por Leopoldo Calvo-Sotelo, Fernández Ordóñez continuó siendo ministro de Justicia y desde este cargo impulsó la Ley del Divorcio y la reforma del derecho de familia.

    Cuando percibe que la UCD toca a su fin, forma su propio partido, el Partido de Acción Democrática (PAD), aunque no dimite de su escaño pese a las peticiones de dimisión realizadas por el partido en cuyas filas fue elegido. Su nueva formación política acabó integrándose en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de manera que, cuando ganaron las elecciones de 1982, Francisco Fernández Ordóñez continuó su actividad política presidiendo el Banco Exterior hasta junio de 1985. Este año marcó otro punto de inflexión en su vida profesional cuando llegó a desempeñar uno de los puestos más atractivos en un gobierno, el de ministro de Asuntos Exteriores.

     Desde el ministerio pudo ser protagonista de la apertura internacional que protagonizó España en la década de 1980 con Felipe González en la presidencia. Como jefe de la cancillería española le tocó dirigir las nuevas relaciones bilaterales con Estados Unidos, no exentas de tensión, al tener que negociar la reducción de la presencia de las bases estadounidenses en España, el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, y la entrada en la Unión Europea Occidental. Asimismo, en el primer semestre de 1989 se encargó de conducir con éxito la presidencia española del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea y dirigió la integración española en la actual Unión Europea; pero, además, su influencia y la de tantos diplomáticos y políticos españoles, hizo que esta organización comenzara a “descubrir” América Latina.

      Precisamente durante estos años, España apoyó activamente la celebración de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Sin embargo, siendo todos estos momentos de especial significación para el país y para el ministerio dirigido por Fernández Ordóñez, el logro que más le satisfizo fue la celebración en Madrid de la Conferencia Internacional de Paz entre árabes e israelíes, en 1991.

Desarrolló parte de esa frenética actividad profesional estando gravemente enfermo de cáncer, le vi por última vez, recién operado delante de su casa en la colonia PTª de Hierro. Murió el 7 de agosto de 1992, un año de extraordinaria relevancia para España y en el que Fernández Ordóñez tuvo una gran importancia en el panorama político: integración de España en la UE, firma del Tratado de Maastricht (y de múltiples tratados de reciprocidad anteriormente firmados por España con Estados para el derecho de sufragio activo), miembro del Consejo de Ministros del gobierno que impulsó la reforma constitucional. Su hermano Miguel Ángel fue gobernador del Banco de España. Su hermano José Antonio fue un destacado Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y su sobrina Inés, filóloga y miembro de la Real Academia de la Lengua. Siempre tuve con él u.na relación fluida. Siempre me preguntaba, que opinaba yo de todos los temas que tratábamos, parecía dudar, pero yo creo que era una pose y realmente si sabía que hacer.

      

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