domingo 1/8/21

El Club Liberal 1812 de Cádiz 1982-2020. La presidencia de la Asociación Española de Directivos, Asede y defensa de José Mª Ruiz Mateos

 En mi anterior artículo, mencioné de pasada al Club Liberal 1812 de Cádiz, lo que me trajo a la memoria a Joaquín Garrigues Walker. Ya que este club con él, fue el decano de los clubs liberales de España, con el Club Liberal de Madrid presidido por Juan Antonio de Zulueta. Su presidente Enrique García Agulló con sus asociados fue el núcleo central de la celebración durante 39 años de la presencia, de los liberales de toda España en “La Pepa” el 19 de marzo de todos los años el día de San José, en recuerdo de la Constitución de 1812, la primera liberal en el mundo, a quien dábamos apoyo el resto de los clubs liberales existentes, especialmente el de Madrid, pero el quehacer organizativo e intelectual hay que convenir que era totalmente suyo, así como de Rafael O´Donnell de Málaga y Aurelio García de Sola y otros compañeros que terminaban con nosotros la celebración de la entrega de flores en el monumento a la Constitución después de un “paseo cívico” en casa del Manteca, fallecido recientemente. Eran días felices en libertad. ¡Viva la Pepa! Y los amigos liberales de Cádiz.

         Ser Presidente de los directivos españoles, es una meta que cualquiera desea alcanzar, lo que me ocurrió hace muchos años. Desde 1990 han pasado 31 años, y en su momento me pareció haber llegado a lo más alto de la escalera, aunque se debía, a la enfermedad del anterior presidente Vicente Fauquier Director General de Hilti, que tuvo un ictus y estuvo a punto de morir, quedó muy menoscabado en sus funciones, parálisis dificultad para hablar y coordinar etc., mantuvimos relación algunos años, pero luego le perdí la pista, Curiosamente estos días y buscando su nombre en Google, me encuentro con la defunción de su mujer Amparo, pero no la suya. Habrán sido años difíciles, pues si él no ha mejorado, necesita constante atención, que creo le proporciona su hija Esther, a quien no he llegado a conocer. Vaya un recuerdo en mi nombre.

       En octubre 1990 ASEDE. nombra a Bernardo Rabassa nuevo presidente de la asociación En la última Asamblea General de ASEDE (Asociación Española de Directivos de Empresa) celebrada en Madrid, se procedió a la elección de su nuevo presidente, cargo para el que fue elegido por unanimidad Bernardo Rabassa Asenjo, quien hasta entonces ostentaba la vicepresidencia de dicha Asociación.

      Bernardo Rabassa Asenjo, doctor en Filosofía y Letras y diplomado en Psicología Industrial, exprofesor de Psicología Social en la Universidad Complutense de Madrid, es presidente de Consultores para Europa Bernard Krief, S.A., empresa consultora en Marketing y Comunicación. Autor de numerosos trabajos sociológicos, así como de tres libros individuales: "PSICOTECNOLOGIA PUBLICITARIA","DICCIONARIO DE MARKETING" Y "PROMOCION DE VENTAS", ha recibido varios premios y medallas a su labor profesional, entre los que destacan: su nombramiento por la Revista Dirigentes como "Dirigente de Éxito", en Julio de 1988; "Hombre Empresa del Año, por la Revista Actualidad Económica (1981); Premio Alpha 1978; la Insignia de Oro de Aedemo……

       En el periódico el País, salía el 21 de abril de 1991, esta reseña “Las asociaciones de directivos encuentran su lugar bajo el sol. Ataviados con traje y maletín, con la responsabilidad a sus espaldas y con unos cuantos años de experiencia laboral, los directivos de empresa españoles tratan de hacerse notar, en el mundo de los negocios. ¡Para ello se agrupan en torno a las asociaciones nacionales de ejecutivos de primer nivel!, cuyo fin no es otro que mostrar, que los dirigentes de las compañías son quienes impulsan la economía. ¡Además, la mayoría buscan la participación en asociaciones internacionales, como la IAFE!  estadounidense o la EFFEI europea. y es que, tanto directivos como ejecutivos, son conscientes de que la agrupación hace la fuerza.  "Ahora es totalmente necesaria la valoración. del directivo, ya que no es, un sujeto pasivo de la economía, dijo Bernardo Rabassa presidente de Asede. Objetivo común de los ejecutivos de primer nivel en el mundo, que, según los profesionales, cuentan con las mismas características y los mismos problemas. "El. directivo español está más bien considerado en Europa, asegura Isidro Fainé, presidente de la Asociación de Directivos de Empresa de Cataluña. Por su parte, Alberto Echávarri, presidente de la Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas, considera que, aunque esté totalmente integrado en las corrientes de conocimientos mundiales aún le hace falta cierta experiencia en los mercados de capitales mundiales y. en servicios y productos financieros, retraso que compensa con una mayor. agresividad, tomando, más Iniciativas y teniendo más inquietud que los europeos". Pese a que los ejecutivos españoles de primer nivel estén totalmente a la altura de los extranjeros existen ciertos matices que los diferencian”

       Desde ASEDE dimos muchas conferencias a directivos, de lo más notable, es la defensa que hicimos de José M.ª Ruiz Mateos, hermano de Alfonso, rotario, psiquiatra y muy amigo mío. Yo había conocido a José M.ª años antes cuando su vino, el “Paternina”, había comenzado a explotar en las bodegas de los restaurantes de lujo.

     Estuve en su despacho, enorme, en la plaza de Colón, me dijo que era debido a la fermentación del ácido maro láctico, y mi propuesta fue retirar las botellas de esa añada.

    Era muy presuntuoso y no quiso, y esa marca que era una de las más apreciadas del mercado, se perjudicó gravemente en su imagen. Después le he visto algunas otras veces, por lo que le invitamos a dar una conferencia en ASEDE y le defendimos porque considerábamos que la expropiación de sus empresas por otro amigo, Miguel Boyer. Luego casado con Isabel Preysler, de quien hablaré a continuación, era injusta, ilegal y anticonstitucional.

   José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada (Rota, Cádiz, 11 de abril de 1931 - El Puerto de Santa María, Cádiz, 7 de septiembre de 2015) fue un empresario y político español, accionista principal de los extintos grupos de empresas Rumasa y Nueva Rumasa, el primero fue expropiado por el Gobierno español, en mi opinión fraudulentamente y el segundo quebró por las deudas. En 1983 el gobierno de España le expropió por Decreto Ley, objeto posterior de recursos desestimados de inconstitucionalidad, el holding Rumasa, con un enorme peso económico en el país, alegando impagos millonarios a Hacienda y la situación de quiebra virtual del conglomerado de empresas. En 1991 se convirtió en propietario del Rayo Vallecano, equipo de la Liga española de fútbol. Procesado por la imputación de un delito de fraude, tras conseguir escaño de diputado en el Parlamento Europeo encabezando la candidatura de una agrupación electoral a su nombre, la Agrupación Ruiz-Mateos, su caso pasó a ser llevado por el Tribunal Supremo. Su tema volvería a la Audiencia Nacional y sería absuelto por esta en 1997, del grueso de una acusación de falsedad documental que pesaba sobre él, a pesar de encontrar acciones constitutivas de delito. Fundador del entramado de empresas Nueva Rumasa, en 2005 la Audiencia Nacional le condenaría a tres años de prisión por alzamiento de bienes. Ostentó el título nobiliario, de origen sanmarinense, de marqués de Olivara.

     El 23 de febrero de 1983, Rumasa fue expropiada por el gobierno español, que lo decidió en su Consejo de Ministros, siendo ministro de Economía Miguel Boyer, aunque se me ha dicho que fue una reacción a una rueda de prensa que dio Ruiz Mateos el día antes, jueves porque Boyer había dicho algo “off the récord” a unos periodistas sobre el mal estado del Grupo Rumasa. El gobierno alegó, que Rumasa había evitado pagos millonarios a Hacienda durante años. También consideraba que Rumasa estaba en bancarrota virtual, manteniéndose a flote exclusivamente debido al amaño de los libros de contabilidad de la empresa, que según el gobierno arrastraba una deuda con la Seguridad Social de 11 977 millones de pesetas.

      Ruiz-Mateos estuvo en desacuerdo con la expropiación, y demandó judicialmente al gobierno solicitando una indemnización. Fue encarcelado tras ser condenado por evasión de divisas, fraude y apropiación indebida. Hay que decir que la reprivatización estuvo en tiempos del Gobierno González llena de irregularidades, como fue vender Galerías Preciados a ​ Gustavo Cisneros, que poseía una fortuna calculada por la Revista Forbes en unos 6.000 millones de dólares estadounidenses, apareciendo en la escena española en 1983, tras la expropiación de Rumasa, por parte del Gobierno de González.

         El venezolano, amigo personal del presidente, compró Galerías Preciados por 1.500 millones de pesetas, precio acordado por el Consejo de Ministros. Pero el 15 de enero de 1988 vendió los almacenes a una sociedad inglesa Mountleigh por 30.600 millones. La venta supuso uno de los primeros escándalos del «felipismo», pese a lo cual el presidente no se desvinculó del empresario, a cuya residencia dominicana de La Romana ha seguido acudiendo. Mi artículo sobre la X de los Gal, le vinculaba a otros casos, como los de Montedison con Mario Conde y la compra del 25% de Telefónica del Perú con un sobreprecio de unas diez veces lo razonable.

     José M.ª Ruiz Mateos disfrazado de Superman, fue a un juzgado donde estaba Miguel Boyer, e intento pegarle con una frase que se hizo famosa “que te pego, leche!”. Ciertamente había subido mucho en la escalera de la vida, pero, así como la primera parte fue bastante irregular, la segunda fue simplemente una estafa a los inversores. Descanse en paz, en tanto sus hijos están siendo juzgados por ello.

   Miguel Boyer Salvador (San Juan de Luz, Francia, 5 de febrero de 1939 - Madrid, España, 29 de septiembre de 2014) fue un economista, profesor y político español, ministro de Economía y Hacienda del primer gobierno de Felipe González.  Militante socialista desde los años sesenta, llegó a estar encarcelado varios meses por su militancia política en la cárcel madrileña de Carabanchel. Después de pasar por la ejecutiva del partido, lo abandonó y no volvió al mismo hasta 1979, cuando fue elegido diputado en las elecciones legislativas por la provincia de Jaén. En el ínterin en 1976-77 se inscribió en el partido socialdemócrata de Paco Fernández Ordoñez, donde le encontré en casa de Joaquín Garrigues, indignado por la jugarreta que le hicieron a José M.ª de Areilza sustituyéndole por Adolfo Suarez.

    Ministro de Economía y Hacienda con Felipe González del 3 de diciembre de 1982 al 6 de julio de 1985. Entre sus actuaciones más polémicas se encuentran la expropiación por sorpresa de Rumasa; la Ley de Activos Financieros, que impedía de facto la colocación financiera del dinero opaco al fisco, para canalizarlo hacia la construcción y el sector inmobiliario; y el conocido como Real-Decreto Boyer, mediante el que se liberalizaron los horarios comerciales, y se derogó el carácter tuitivo de la legislación sobre Arrendamientos Urbanos, indexando los alquileres a la inflación (muy elevada entonces) y expulsando de la regulación la prórroga automática de los contratos, con la vista puesta, en que la demanda de vivienda, se centrara en exclusiva en el mercado de compra. Mantuvo conflictos con otros ministros y altos cargos del Gobierno no tan convencidos, de las supuestas bondades de la popularización del capitalismo, especialmente en su versión inmobiliaria; tal fue el caso de Alfonso Guerra y de Josep Borrell. Hay quien dice que fue Guerra quien presionó especialmente para realizar la expropiación. Hacia unos días que los socialistas habían ganado las elecciones.

        Según el catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Tamames, comunista, que participaba en las reuniones de la “platajunta” conmigo, "en esto del endiosamiento o del síndrome ministerial en el PSOE, Boyer se llevó la palma. Boyer siempre fue desdeñoso y pocas veces sonriente salvo en la intimidad, que podía llegar a aparecer casi humano. Se casa con Isabel Preysler, la ex de Julio Iglesias y del Marqués de Griñón y se hace un verdadero palacio en PTª de Hierro, en un terreno que me ofrecieron a mí por 500 millones de pesetas, muy lejos de mi alcance. Había sobre el mismo, una casa anticuada, la de los Olazábal que se podía arreglar. Bueno pues el feliz matrimonio la arraso con una excavadora, y construyo una espléndida casa, que me dijeron les costó unos mil millones de pesetas ¿De dónde salieron?, Buena pregunta. Ahora La viuda Isabel, es mi vecina, con Mario Vargas Llosa.

   Miguel Boyer muerto en 2014, había subido desde luego la escalera de la vida, lo que no estoy tan seguro es de que fuera muy feliz, ni que sus métodos fueran regulares. Un socialista, no vive de ese modo y manera.

   Merece la pena, la referencia a la expropiación de Rumasa. La noche del 23 de febrero de 1983, miércoles, el portavoz del Gobierno socialista, Eduardo Sotillos, hace público por televisión el decreto ley 2/1983 de expropiación forzosa del holding Rumasa, propiedad del empresario jerezano José María Ruiz Mateos. De madrugada, horas antes de que el real decreto haya sido firmado por el rey Juan Carlos y el presidente González y publicado en el Boletín Oficial del Estado, la Policía Nacional y los Geos, asaltan con armas ligeras, pistolas y metralletas en mano, la sede central del grupo, situada en el Paseo de Recoletos y en las Torres de Jerez, en la madrileña Plaza de Colón. Para llevar a cabo tan extraordinaria medida, el Ejecutivo utiliza de forma torticera y arbitraria las facultades discrecionales que recoge el artículo 33.3 de la Constitución (privar de sus bienes y derechos a alguien por “causa justificada de utilidad pública o interés social”), que desarrolla una disposición de incautaciones de 1939; es decir, de tiempos de economía de guerra, en vez de haberse apoyado en la Ley de Expropiación de 1958.

         Con ese golpe pseudorevolucionario el Gobierno se incauta de un plumazo el primer holding privado del país, integrado por más de 600 empresas y sociedades que operan en 30 sectores diferentes, con más de 65.000 puestos de trabajo directos y una división bancaria de 20 bancos, el octavo de los grandes, con 1.300 sucursales distribuidas por toda España, 800.000 millones en recursos y 50.000 millones en activos inmobiliarios. Y el Banco Atlántico como divisa.

      El holding Rumasa en el momento del expolio es el primero en el sector vitivinícola, con bodegas de fuerte arraigo y referencia en Jerez, en Rioja y de cava en Cataluña; primero también en el agrícola, ganadero y en piel; el segundo en grandes almacenes, con Galerías Preciados y almacenes Sears; tercero en el inmobiliario; quinto en construcción con Hispano Alemana de Construcciones; con Hotasa (Hoteles Agrupados) posee la mayor cadena hotelera privada con treinta y cinco hoteles, como el Hotel Los Galgos en Madrid, los Lebreros en Sevilla y el lujoso Jardín Botánico en el Puerto de la Cruz en Tenerife y tiene tiendas como Mantequerías Leonesas y marcas emblemáticas y de lujo como Loewe. El imperio de la abeja representa en el momento de su nacionalización el 1,8 del PIB nacional.

    En sus orígenes el motor de Rumasa está en un joven Ruiz Mateos, que, siguiendo los pasos de su padre con la Bodega Zoilo Ruiz Mateos, había logrado hacerse un hueco exportando vinos de Jerez al Reino Unido. En 1961, tres años después de haber contraído matrimonio con Teresa Rivero y de haberse vinculado al Opus Dei como socio supernumerario, Ruiz Mateos funda Rumasa con sus hermanos con un capital social de 300.000 pesetas. Y se asienta en Madrid. Ruiz Mateos, inteligente, pícaro, seductor y halagador y muy duro negociador, se ve favorecido por su militancia activa en el Opus Dei, en el momento que los impulsores de la tecnocracia controlan y dirigen la política económica e industrial del régimen franquista, ya en plena fase de expansión y liberalización de la economía. Su crecimiento imparable se produce en el verano de 1969 al hacerse con los Bancos Siero y Murciano, propiedad de Ramón Rato, quién encarcelado por un presunto tráfico de divisas, se ve obligado a suspender pagos y a entregárselos por una migaja. Y contra su voluntad. Unos años antes ya se había hecho con el control de los Bancos Meridional, Sevilla y Comercial Cordobés. Con el tiempo se irá haciendo con el resto de fichas bancarias, a las que en muchos casos cambiará de nombre. El jerezano se da cuenta de que para alcanzar un óptimo desarrollo necesita disponer de un grupo de pequeños bancos que sean el motor financiero de su holding empresarial. Es un caso singular de empresas que poseen bancos. Al contrario de lo que la ortodoxia de la Banca acepta: bancos con sectores industriales participados. Para ello adquiere entidades financieras en dificultades con el beneplácito de las autoridades monetarias y del Banco de España, quién además le concede importantes créditos a muy bajo interés para su saneamiento. Ruiz Mateos no comete ilegalidad alguna, pero se aprovecha de los vacíos legales. Y del manto protector de la familia Opus.

No obstante, su máxima expansión y desarrollo lo alcanza en los años de la transición del régimen autoritario al sistema democrático y especialmente durante la etapa de los gobiernos de la UCD. Para los diferentes ministros de Economía y Hacienda; desde Juan José Espinosa San Martín, Alberto Monreal Luque, Antonio Barrera de Irimo, Rafael Cabello de Alba, Juan Villar Miguel Mir, Eduardo Carriles Galarraga, Enrique Fuentes Quintana, Fernando Abril Martorell, hasta Juan Antonio García Díez y gobernadores del Banco de España como Mariano Navarro Rubio, Luis Coronel de Palma, José María López de Letona y José Ramón Álvarez Rendueles, nunca existió preocupación alguna por Rumasa. Había otras mucho más serias y graves que solucionar. Así, en la etapa ministerial de Barrero de Irimo el grupo tenía una entidad limitada y una dimensión financiera de escasa importancia. Con Villar Mir se fue haciendo más notable, comenzando el Banco de España a inspeccionar sus finanzas, cuyos “bancos están al límite de la normalidad”. Y únicamente con García Díez, ministro de Economía desde septiembre de 1980 hasta la llegada de los socialistas al poder, es cuando el holding adquiere su máximo crecimiento y se le empieza a ver con recelo y hostilidad entre el patriarcado de la nomenclatura cerrada del sistema financiero.

El estilo agresivo, dinámico y avasallador de Ruiz Mateos suscita la atención de las autoridades monetarias, quienes se deciden a controlar cada vez más de cerca el imperio Rumasa. El jerezano, con su perfil heterodoxo, compra barato y bien entre la creciente animadversión de los siete grandes de la banca privada, que ven en él no sólo un competidor, sino una seria amenaza para su status quo y para la estabilidad del sistema financiero. El endeudamiento de su división bancaria con las empresas del grupo se incrementa notablemente. Desde el Banco de España, Ministerio de Economía y sus correligionarios del Opus en la cúpula financiera, como Rafael Termes, presidente de la Asociación de Banca Privada (AEB) y Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular, le aconsejan que frene su expansión e inversiones. Que consolide el grupo. Pero Ruiz Mateos hace caso omiso acelerando su carrera de compras. Sin embargo, desprecia entrar en el sector de la comunicación, tan útil siempre para salvaguardarse y contrarrestar cualquier maniobra de los poderosos enemigos que va sumando. Tampoco se prodiga en declaraciones ni en granjearse simpatías mediáticas. El silencio es la tónica para intentar pasar lo más inadvertido posible. Su estrategia pasa por colocar al frente de sus empresas a personas de gran relevancia social, como el duque de Wellington, presidente de Bodegas Internacionales, con sede en Inglaterra, donde el Banco de Jerez lleva todas las operaciones de Augustus Barnett, Williams & Humbert e Imported Wines. Ficha a la condesa de Romanones, Aline Griffith; Jesús Aguirre Ortiz de Zárate, duque de Alba consorte; Manuel Fernández García-Figueras, los periodistas José María Alfaro y Jaime Campmany, éste último en el consejo del Banco de Murcia; Antonio Guerrero Burgos, en el consejo del Banco Meridional; Antonio Hernández Gil, Santiago Foncillas, Manuel Quintana Ferguson, presidente de Inmobiliaria Urbis; el popular locutor de radio Matías Prats, el conde de Mayalde, Alberto Ballarín Marcial, José Ramón Lasuén, Juan Gich, presidente del Banco Peninsular y ex delegado nacional de Deportes, Nicolás Franco Pascual de Pobil, presidente del Banco del Noroeste y Manuel Bénitez el Cordobés, entre otros muchos. Nos obstante, el cerco y acoso sobre Rumasa se va estrechando a lo largo de 1981 y 1982.

Ruiz Mateos se percata de que se están encendiendo muchas luces rojas y trata de blindarse comprando apoyos, seguridad y silencio. Comienza a hacer cuantiosos donativos millonarios. Entrega unos 4.000 millones de pesetas a las arcas del Opus Dei, de los que 1.500 millones van a la Universidad de Navarra a través de Gregorio López Bravo; 300 millones a financiar las actividades del CDS (Centro Democrático y Social), nuevo partido de Adolfo Suárez, quién cede a Rumasa dos de sus colaboradores más relevantes; Alejandro Rebollo y Fernando Castedo, que ocupan puestos claves del holding; transfiere tres millones de dólares a una cuenta de un banco de Nueva York controlada por Manolo Prado y Colón de Carvajal, encargado de gestionar los dineros del rey Juan Carlos, a quién con motivo de su onomástica, Ruiz Mateos le regala personalmente un maletín de fina piel negra que supuestamente contiene en su interior 25 millones de pesetas. Y se echa en los brazos de Luis Valls Taberner, quien para el jerezano es el gran estratega de las finanzas españolas. El presidente del Popular, numerario del Opus y figura siempre enigmática, le recomienda al abogado Matías Cortés y al periodista Antonio Navalón, como equipo de asesores y de comunicación, al tiempo que le sugiere que para templar el acoso del Banco de España entregue 1.000 millones. Durante semanas el propio Navalón irá sacando el dinero de la sede de Rumasa en cajas de cartón con destino incierto. Y cuando Ruiz Mateos le pregunta a Valls Taberner para quién o quienes está yendo ese dinero, no obtiene más respuesta que para “un señor con corbata”. Navalón mallorquín como yo a quien nunca tuve oportunidad de conocer.

Esta ofensiva de contención parece darle resultado a Ruiz Mateos. Pero el apabullante triunfo del PSOE y la práctica desaparición de UCD en las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982, va a cambiar el panorama. Los socialistas llegan al poder con más de diez millones de votos, el 48 por ciento de los sufragios, que le otorgan una amplísima mayoría absoluta de 202 diputados. Tras pasar el trámite del debate de investidura el 1 de diciembre de 1982, Felipe González forma un gobierno moderado de corte socialdemócrata y ribetes católicos, aunque su programa electoral se mostraba partidario de la nacionalización de sectores estratégicos. Al frente de la cartera de Economía y Hacienda coloca a Miguel Boyer Salvador. El altivo y todopoderoso ministro trata de embridar el mundo financiero y solicita del Banco de España informes sobre los bancos en situación de riesgo y quiebra. A lo largo de su vida profesional Boyer había formado parte del Servicio de Estudios del Banco emisor. Su amistad con el subgobernador Mariano Rubio es estrecha, lo mismo que con el banquero Claudio Boada. Un círculo cerrado de confianza que muy poco tiempo después de la expropiación de Rumasa se conocerá con el nombre de “la beatiful people”.

    De los 800.000 millones de pesetas que tienen en recursos los bancos de Rumasa,500.000 están destinados a créditos, de los que 150.000 millones se han otorgado a las empresas del holding. Las autoridades del Banco de España instan a Ruiz Mateos a cortar en seco su expansión empresarial. No invertir una sola peseta más y afianzar bien los recursos de sus bancos. Al tiempo que le apremian a entregar las auditorias del grupo, que desde hace meses está haciendo Arthur Andersen y que Ruiz Mateos ha paralizado, al estar en desacuerdo con los métodos del auditor, especialmente en la división bancaria. Sin embargo esta nueva postura de firmeza y exigencia del Banco de España se contradice con el hecho de que entre 1982 y 1983 haya autorizado a Rumasa a abrir 200 nuevas oficinas bancarias y que poco tiempo atrás, le haya permitido adquirir Galerías Preciados, otorgándole un crédito de 10.000 millones de pesetas, quedarse con Fidecaya, una entidad de ahorro intervenida en 1980, concediéndole un crédito de 7.000 millones a fondo perdido, comprar la cadena Sears y a pocas jornadas de la crisis de febrero, que el Banco Exterior, presidido por Francisco Fernández Ordóñez, le haya vendido la empresa Vitrocerámica por 500 millones de pesetas.

       El cerco que se va estrechando sobre Rumasa con el beneplácito y la satisfacción de los grandes banqueros, no pasa inadvertido para Ruiz Mateos que intenta suavizar lo que se le puede venir encima. Poco antes de las elecciones de octubre, Felipe González le ha recomendado que detenga su desenfrenada carrera de compras e inversiones durante un almuerzo celebrado en la sede central de Rumasa. Tiempo atrás, la relación entre los dos personajes había sido algo más que correcta. Felipe González, líder de la oposición, había intervenido a favor de los habitantes de Castellar de la Frontera (Cádiz), en el largo pleito que el pueblo mantenía con la Casa de Medinaceli. Ruiz Mateos se puso de acuerdo con él y aceptó desprenderse de más de 300 hectáreas de la enorme extensión de su finca La Almoraima, en la que está el magnífico convento de San Miguel del siglo XVI y que en 1972 había comprado al duque de Medinaceli. Fue un regalo del empresario que a González le sirvió para acreditar su prestigio, ganarse una calle y ser nombrado hijo adoptivo del pueblo. Y a Ruiz Mateos la felicitación y una buena relación de quien le distinguía como un “desclasado, que no formaba parte de la oligarquía clásica, tradicional y conservadora del país”. Para González, Rumasa “cuidaba el empleo y era una maravilla de organización”. Animando entonces al empresario a que “debía contribuir a la creación de empleo en España de acuerdo con el programa del PSOE.” Apelando a aquel buen entendimiento de no mucho tiempo atrás, Ruiz Mateos se decide a escribir a Felipe González el 13 de enero de 1983. En la carta el empresario se pone a disposición del nuevo Ejecutivo sin reservas. Para lo que “Rumasa está firmemente decidida dentro del marco que establezca el Gobierno legítimo de la nación, a cumplir con el mayor afán de servicio su misión económica y social, creando nuevos puestos de trabajo y siendo un eficaz instrumento de colaboración en los nuevos tiempos al servicio de España”. La misiva no tiene respuesta.

      La suerte de Rumasa está echada. El 9 de febrero de 1983 el Banco de España envía un informe a Miguel Boyer con las propuestas posibles de actuación sobre el holding. El documento, pergeñado por la mano de Mariano Rubio, contempla tres alternativas: la primera abrir un procedimiento sancionador a cada uno de los bancos en los que se detecten anomalías (no conveniente pues los demás del grupo las taparían); la segunda con dos opciones; intervenir todos los bancos con apoyo financiero del Banco de España y la suspensión genérica de los bancos, y la tercera, la toma del control del grupo en su conjunto. El viernes 18 de febrero una inocente pregunta de un periodista al ministro Boyer sobre qué es lo que ocurre en Rumasa, casi al final de un almuerzo en la sede del Ministerio, desata el vendaval. El ministro suelta a bocajarro que, si Ruiz Mateos sigue bloqueando que Arthur Andersen concluya las auditorias de los bancos, “como poco le enviaré los inspectores del Banco de España”. El fin de semana es frenético. Y especialmente el lunes 21. Ruiz Mateos intenta hablar con Felipe González sin conseguirlo. Pero sí que lo hace con Boyer, reuniéndose con él a primera hora de la tarde. La bronca y las voces entre ambos son de tono subido. Sin embargo, se intenta salvar la situación y la cara con un comunicado conjunto de dos puntos: Rumasa se compromete a entregar las auditorias en un corto espacio de tiempo y permitirá que la firma auditora, hable directamente con el Banco de España. Esta segunda imposición es inasumible para Ruiz Mateos y la sesión concluye sin acuerdo. Cada parte hará su comunicado por separado. Al día siguiente, martes 22, Ruiz Mateos convoca una multitudinaria rueda de prensa asesorado por su equipo de consejeros; Alejandro Rebollo, Diego Selva, Matías Cortés, Fernando Castedo y Antonio Navalón. El empresario declara enfáticamente que “alguien quiere provocar una catástrofe sin precedentes”.

     En la mañana del miércoles 23 de febrero el pulso entre Ruiz Mateos y Miguel Boyer, entre un empresario atípico y desclasado y un ministro despechado, de actitudes chulescas, está servido en la mesa del Consejo de Ministros con los titulares de las declaraciones del jerezano en la portada de los periódicos a cinco columnas. Hay críticas por las irresponsables declaraciones del viernes de Boyer, que abrieron la espita, pero este desafío no lo puede dejar pasar por alto un Gobierno con tan gran respaldo social y popular y que demagógicamente quiere meter en cintura a la burguesía capitalista. Para que se sepa quién es el que manda. Entre los miembros del Gabinete Narcís Serra (Defensa), Morán (Exteriores) y Barrionuevo (Interior), son los más reticentes a la expropiación; en tanto que Felipe González, Alfonso Guerra y Javier Moscoso (Presidencia), además de Boyer, naturalmente, son los más firmes partidarios de la medida. El Gobierno expropiará el holding Rumasa mediante decreto ley de carácter forzoso y urgente por “interés social y utilidad pública”. Tiene garantizado el beneplácito y hasta el aplauso de la Banca. La referencia de lo tratado en el Consejo se suspende y mientras los técnicos preparan la redacción del decretazo, varios ministros acuden por la tarde al Parlamento, donde con notable disimulo afirman que no ocurre nada. Absolutamente nada. Por la noche se hace pública la medida. Y al día siguiente, jueves 24, el superministro Boyer, escoltado por otros miembros del Gabinete, intenta explicar en conferencia de prensa, en el Palacio de la Moncloa con la televisión y radios en directo, las razones de la expropiación. Boyer reconoce que la expropiación se ha ejecutado ante la excesiva concentración de riesgos de Rumasa. Se trata de una medida preventiva para averiguar después cuál es la situación real de Rumasa, cuyo valor patrimonial lo rebaja a 5.000 millones de pesetas ante los casi 120.000 millones que dice que vale Ruiz Mateos, a quién a pesar de mantener deudas con la Seguridad Social y Hacienda, no se le imputa ilegalidad alguna.

      Ruiz Mateos reacciona rezando en familia ante la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y guardando silencio. Unos días después hace declaraciones pasadas por el tamiz de la serenidad. Se defenderá a través de la Ley, no de la Prensa. Toda su confianza la deposita en el Estado de derecho. Y en el Gobierno de España, que es su gobierno. En el seno de los siete grandes el alborozo es evidente. Más que eso. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, padre del ya fallecido presidente del BSCH, dirige un escrito a Felipe González felicitándole por la gesta. Y la AEB emite una tibia nota para salir del paso. El interés de la patronal es saber si más adelante podrá engullirse los bancos de Rumasa, una vez saneados. Es el acento que ha puesto Rafael Termes en su conversación con Boyer al preguntarle si la incautación-nacionalización afectaba también al Banco Atlántico. Sólo el presidente de la Confederación de Empresarios (CEOE), Carlos Ferrer Salat se muestra contundente al afirmar que “existen muchas dudas serias y razonables sobre la legalidad y constitucionalidad de la medida tomada por el Gobierno.” Pero la retórica demagógica gubernamental alcanza su clímax con la declaración del vicepresidente Alfonso Guerra: “Rumasa, to pa’l pueblo.” Y la oposición de centro derecha integrada por Alianza Popular- Partido Demócrata Popular (AP-PDP), solicita un debate en el Congreso y anuncia que presentará un recurso de inconstitucionalidad del decreto ley ante el Tribunal Constitucional.

    Boyer se cubre afirmando que el holding estaba en quiebra técnica, cuando la realidad es que desconoce absolutamente cuál es la situación patrimonial del grupo. El dato cierto es que desde el viernes 18 hasta el jueves 24 de febrero, los bancos de Rumasa han pagado por ventanilla 8.200 millones de pesetas con sus propios recursos, sin tocar el coeficiente de caja ni pedir dinero al Banco de España ni al interbancario. Unos años después, Mariano Rubio, ya como gobernador del Banco de España, declarará en el Juzgado que los datos en los que se basó el informe elevado al Ministerio de Economía unos días antes de le expropiación, eran “totalmente provisionales, simples indicios sobre la situación financiera de los bancos del grupo Rumasa.” Con el tiempo la medida se seguirá intentado justificar, ante el temor de que Ruiz Mateos utilizara el Banco Atlántico en el mecanismo de financiación de su grupo de empresas. “La posibilidad de que Ruiz Mateos ejerciera el poder en el Banco Atlántico fue la gota que colmó el vaso”, reconocerá en marzo de 1985 el Informe de la Comisión de Investigación.

El 4 de marzo de 1983 Ruiz Mateos decide establecerse en Londres. A los pocos días el Gobierno anuncia una querella criminal contra él por los presuntos delitos de estafa, malversación de fondos y evasión de capitales, además de deudas con la Seguridad Social y con Hacienda. Luego se añadiría la de injurias al Rey. La Fiscalía del Estado designa fiscal especial de la causa a Jiménez Lablanca. Y la instrucción del sumario recae en el juez Luis Lerga Gonzalbez, del Juzgado de Delitos Monetarios. El empresario aprovecha pasa salvar todo lo que puede de su holding internacional, estructurado a través del grupo Multinvest, que con el tiempo también se lo apropiará el Gobierno, camufla la fortuna que tiene en fondos y cuentas numeradas en Suiza, en el Nordfinanz Bank de Zúrich, las que a lo largo del tiempo ha ido sacando a través del Banco del Norte y de Jerez y otorga una escritura de capitulaciones de los bienes gananciales del matrimonio; acciones de Rumasa, la casa familiar de Somosaguas y la residencia del Puerto de Santa María, a favor de su mujer Teresa Rivero. Hay que preservar su refugio familiar antes de que el estado lo engulla también. Luego rompe con su equipo de abogados y asesores; Matías Cortés, Alejandro Rebollo, Navalón, Fernando Castedo, todos ellos colocados por Luis Valls, su demonio particular. Elige  nuevo abogado a Crispín de Vicente, que le durará un año, hasta su detención en Fráncfort. Y empieza a desatarse con declaraciones explosivas en las que implica a la Banca, a Valls Taberner, a Rafael Termes, a los directores del Opus en España, sus hermanos en la fe, los “vallses”; arremete duramente contra Felipe González, Boyer, y Mariano Rubio. Todos ellos autores y coautores del expolio e implicados en la conspiración contra Rumasa. Y crítica ácidamente al rey Juan Carlos por permitir su caída: “Soy el general Armada de la economía española”.

      Un grupo de expertos catedráticos constitucionalistas; como Manuel Jiménez de Parga, Manuel Albaladejo, Manuel Alonso García, Pablo Lucas Verdú, José Ramón Parada y Rafael Entrena, emiten un dictamen en contra de la expropiación. Para todos ellos el decreto ley es inconstitucional por afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, por destruir la seguridad jurídica, la igualdad en la ley y ante la ley, la tutela efectiva de los jueces y tribunales, por suprimir el previo pago, negar el derecho de reversión y porque en momento alguno se ha podido probar y justificar la utilidad pública y el interés social. Por todo ello, se produce una aberrante violación del Estado de derecho. Un abuso de poder. La oposición conservadora presenta recurso de inconstitucionalidad del decreto ley ante el Tribunal Constitucional. Previamente Herrero de Miñón y Oscar Alzaga, portavoces parlamentarios de AP-PDP, sondean a Ruiz Mateos si puede estimular la iniciativa con 100 millones de pesetas, que al final le rebajan a 80 millones.

      Todo el mundo de la Judicatura y del Derecho está convencida de la inconstitucionalidad de la medida gubernamental. Y esa es la tendencia mayoritaria de los miembros del Constitucional. Así se expresan también Manuel García Pelayo y Jerónimo Arozamena, presidente y vicepresidente del Alto Tribunal, muy reservadamente. Quizá por ese extendido convencimiento el Grupo Popular no presenta recurso de la Ley 7/1983 de 29 de junio, que sustituye al decreto ley, por lo que el Tribunal Constitucional ya no puede entrar en el fondo de la expropiación. Tan sólo en el aspecto formal de si la expropiación se puede realizar a través de un decreto ley. Además, el Gobierno, que se juega mucho en el envite, realiza una asfixiante maniobra de presión y cerco sobre García Pelayo y Arozamena. Al primero se le recuerdan sus orígenes republicanos e izquierdistas y la lealtad y agradecimiento que debe a quien le ha traído para tan alto puesto desde su exilio venezolano. Al segundo, más resistente, se le mete directamente al Cesid en casa. Y aún sin tenerlas todas consigo, el Gobierno hace que entre en escena sus apoyos mediáticos filtrando a El país el texto de la sentencia, antes de que ésta haya sido votada por el Pleno del Tribunal. Éste decide que el decreto ley de expropiación de Rumasa viola la Constitución por seis votos contra cinco. Pero el presidente García Pelayo, en contra de toda doctrina y buena práctica jurídica, hace valer su voto doble de calidad y se decanta a favor de la minoría fallando que el decreto ley es constitucional.

      El mazazo es importante para Ruiz Mateos que se revuelve irritado desde Londres sin tener intención alguna de regresar a España. Viaja a América para salvar negocios y se pierde unos días en una aventura jamaicana, acompañado de Cory Miarnau, la esposa de su amigo José María Savater. El 25 de abril de 1984, en uno de sus viajes de regreso desde Miami, hace escala en Fráncfort donde es detenido. Permanece encarcelado 90 días en la prisión de máxima seguridad de Preugensheim. Los 550 millones de fianza le dejan en libertad a disposición de la Justicia alemana hasta que resuelva la extradición solicitada por el juez Luis Lerga. El 5 de octubre de 1984, el juez de Primera Instancia José María Gil Sáez, hace los deberes que no ha hecho el Partido Popular y presenta un interdicto ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre si los artículos 1 y 2 de la Ley de Expropiación ha anulado derechos fundamentales de Ruiz Mateos. El Alto Tribunal admite a trámite la acción interdictal y encarga de ponente al magistrado Pera Verdaguer, quién en la sentencia sobre el decreto ley emitió un voto particular por su inconstitucionalidad. A finales de noviembre de 1984, el Tribunal de Hesse concede a España la extradición de Ruiz Mateos, pero únicamente para ser juzgado por dos de los delitos solicitados; malversación de fondos y un delito continuado de estafa. 

        Ingresado en la prisión de Alcalá-Meco, el juez Lerga modifica su situación en los primeros días de enero de 1985 por la de prisión atenuada en su propio domicilio de Somosaguas, que se convierte en un fortín, donde el preso tiene que pagar a la Policía que le vigila.

    A mediados de 1985 el magistrado ponente Pera Verdaguer, tiene lista la sentencia que es claramente a favor de la inconstitucionalidad de la Ley. El presidente García Pelayo retrasa deliberadamente el fallo del Tribunal, después de hacer una votación de ensayo que mayoritariamente se inclina por la inconstitucionalidad. La cuestión interdictal planteada por el magistrado Gil Sáez era de carácter urgente y sumarísimo. Con las dilaciones y retrasos se violaba el principio de seguridad jurídica y toda la normativa del propio Tribunal. El 9 de enero de 1986 el presidente convoca un pleno en el que se acuerda no votar la Ley, hasta después de la renovación de cuatro magistrados. Pero García Pelayo y otro magistrado dimiten de improviso. Pelayo, amargado, se autoexilia en Venezuela reconcomido en su conciencia. En febrero de 1986 se renuevan seis magistrados, la mitad del Tribunal; Leguina Villa, Díaz Aimil, López Guerra, Rodríguez Piñero, García Mon, Tomás y Valiente. Los nuevos magistrados tienen una clara connivencia gubernamental. Rodríguez Piñero había ido en la lista del PSOE al Senado en las elecciones de 1977, Leguina Villa había sido asesor del ministro de Justicia Fernando Ledesma, para el debate parlamentario sobre la expropiación. El Gobierno coloca como nuevo presidente a Francisco Tomás y Valiente, de ideas socialistas marxistas y tesis colectivistas, que años después sería vilmente asesinado por pistoleros etarras. Y el ponente Pera Verdaguer es sustituido por Díaz Aimil, progubernamental, que redacta una nueva sentencia favorable al Gobierno. El nuevo Tribunal Constitucional acomoda una sentencia ad hoc a los deseos gubernamentales y la hace pública el 19 de diciembre de 1986, fallando por diez votos a dos que la Ley de Expropiación de Rumasa es totalmente constitucional. Toda la Judicatura señala que la sentencia es un escándalo. Jiménez de Parga afirma que es la peor sentencia del Alto Tribunal. Pero con todo, una de las peores consecuencias para Ruiz Mateos y resto de expropiados es que al ser una Ley singular y de caso único, les impide obtener la tutela judicial efectiva y poder defenderse ante los tribunales ordinarios.

      Si con las sentencias del Constitucional se pisotea el Estado de derecho, con la reprivatización de las empresas de Rumasa se abre la espita del saqueo de la Hacienda pública. Las divisiones y empresas emblemáticas del holding se sanean con dinero del Estado y luego se venden a precio de saldo y en ocasiones por la patilla a los amiguetes del poder. El director general del Patrimonio de la Rumasa estatal, Javier del Moral, hace una gestión indigna y bochornosa. Hay actas duplicadas y falsas en las que parece estar la firma del entonces ministro Moscoso. Escándalos como la venta de Hispano Alemana de Construcciones a Trans World, un grupo inmobiliario de reciente creación de la nada; la venta de Galerías Preciados a los Cisneros, amigos venezolanos personales de Felipe González, que las adquieren pagando 200 millones de pesetas y que un año después se las venden al grupo británico Mountleigh por 30.000 millones; las Bodegas de Rioja a Marcos Eguizábal, las de cava al empresario Ferrer, propietario de la firma Freixenet; las de Jerez, la división hotelera Hotasa al empresario mallorquín Escarrer, de la cadena Sol; la elegante firma Loewe, que al menos retorno a su anterior propietario Enrique Loewe, los mataderos Mafriesa y Propecsa…. Ante tal vértigo, el mismo Gobierno que enfáticamente argumentó como una de las causas de la expropiación la preservación de los puestos de trabajo permite tranquilamente la destrucción de 25.000 empleos. Y los bancos, inyectados con 440.000 millones del dinero de todos, los liquida y reparte a peseta la acción entre los grandes de la Banca. Ya predijo el patrón Rafael Termes, a raíz de la expropiación, que la Banca “no pensaba sacar tajada del asunto”.

   El saqueo es de tal calibre que el 26 de julio de 1988, el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, envía una carta al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga exponiéndole “la profunda inquietud que produce el crédito concedido al Banco de Expansión Industrial, banco que ha servido para financiar las operaciones de reprivatización de Rumasa, cuya evolución desde julio de 1984 en que se inició con un importe de 5.000 millones de pesetas, ha pasado a los 240.000 millones a finales de 1987, manteniéndose el mismo nivel a esta fecha”. Rubio expresa esa inquietud no sólo por el importante volumen que ha alcanzado esa financiación, sino por “su atipicidad en las relaciones del Banco de España con la Banca”. Para lo que sugiere que el asunto se resuelva en el presente ejercicio de 1988 utilizando la Ley de Presupuestos Generales del Estado en la que se “podrían introducir las cláusulas adecuadas de asunción del riesgo por el Estado.” Es decir, un asiento contable, carpetazo y todo a cero. Y en consonancia el Parlamento se niega a crear una comisión sobre la reprivatización porque “no es conveniente”. De un plumazo el tribunal de Cuentas da por buena la cifra de 670.000 millones como coste de la reprivatización, pese a que otros consejeros la sitúan por encima de los 850.000 millones y desprecia una sentencia del Tribunal Supremo que exige volver a investigar algo por lo que los españoles en su conjunto han pagada más de un billón de pesetas.

      Con el expolio de Rumasa se trituró soezmente el Estado de derecho. El Ejecutivo utilizó de forma espuria a la Justicia y se inició la grave corrupción que marcó a los gobiernos socialistas de Felipe González. Por algo el ministro Solchaga se encargó de acuñar la máxima de que España era el país dónde más fácil era hacerse rico y más rápido era hacer dinero. La España del pelotazo.

       En 2009, por indicación de su hermano Alfonso, gran amigo mío, visito a José M.ª Ruiz Mateos en su chalet de Somosaguas, tenía cita con él para hablar de escribir un libro sobre él, pero no salió al salón, profusamente decorado con cretonas por su esposa, pero me recibió uno de sus hijos, que me dijo que no veía a nadie, tomo nota de mi interés y nunca más se supo. Luego vino toda la historia de la estafa de Nueva Rumasa, pero ya no estuvimos en contacto. Nunca cobró la expropiación que se le había hecho de Rumasa, y supongo que los hijos y el hermano seguirán con el pleito.

    

    Ya no soy directivo y no tengo a quien mandar, salvo al servicio de casa, las cosas han cambiado, y se me hace difícil aceptar que mi vejez me ha jubilado.

El Club Liberal 1812 de Cádiz 1982-2020. La presidencia de la Asociación Española de...
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