El Supremo rechaza juzgar a Ione Belarra por llamar “corrupto” al juez García Castellón
La Sala de lo Civil del Alto Tribunal devuelve el caso a los juzgados ordinarios al considerar que las acusaciones de Belarra no se realizaron en su condición de diputada
El Tribunal Supremo ha decidido inhibirse del caso por vulneración del derecho al honor presentado por el magistrado jubilado Manuel García Castellón contra la líder de Podemos, Ione Belarra, por sus declaraciones en redes sociales en las que le llamó "corrupto" y prevaricador. El Alto Tribunal considera que las afirmaciones no se produjeron en el ejercicio de su cargo como diputada, por lo que la competencia no le corresponde.
La decisión, contenida en una resolución dictada este viernes por la Sala de lo Civil, con ponencia del magistrado Rafael Sarazá, señala que serán los juzgados de primera instancia quienes deberán dirimir el conflicto. Según el auto, el hecho de que la cuenta de Belarra en la red social X (antes Twitter) tenga verificación gris no implica que sus publicaciones deban considerarse institucionales.
“No puede ser la empresa del señor Elon Musk la que, mediante el cobro del correspondiente precio, decida cuándo una actuación de un dirigente político ha sido realizada en el ejercicio de su cargo”, zanja el Supremo.
Una demanda por calumnias en redes
García Castellón demandó inicialmente a Belarra por 120.000 euros, cifra que posteriormente duplicó hasta los 240.000 euros tras constatar que la dirigente de Podemos se ratificó en sus acusaciones incluso después de iniciarse el proceso judicial. Para el exjuez de la Audiencia Nacional, los calificativos de Belarra son “ultrajantes, ofensivos y carentes de interés general”.
El exmagistrado ha sostenido que las manifestaciones en redes se hicieron “desde su posición institucional como representante de la soberanía nacional”, y por tanto debían ser atendidas por el Tribunal Supremo, dada la condición de aforada de la política de Podemos.
Belarra, sin embargo, alegó que sus declaraciones formaban parte del ejercicio de su libertad de expresión y de su rol político, amparado por su cargo parlamentario. Según su argumentación, las críticas a García Castellón eran legítimas y propias del debate público.
La Fiscalía apoyó al juez, pero pidió rebajar la indemnización
La Fiscalía, por su parte, se posicionó a favor de García Castellón, al considerar que los comentarios de Belarra eran “claramente ofensivos e innecesarios”, aunque propuso reducir la indemnización de 240.000 a 20.000 euros, atendiendo al principio de proporcionalidad.
En abril, el Supremo celebró una audiencia preliminar para evaluar si las declaraciones de Belarra debían considerarse institucionales o personales. El presidente de la Sala, Ignacio Sancho, otorgó entonces 10 días a las partes para pronunciarse sobre la cuestión de aforamiento.
Finalmente, el Alto Tribunal ha resuelto que no es competente y deja el caso en manos de la jurisdicción ordinaria. Ahora, será García Castellón quien deberá decidir si continúa la demanda en los juzgados de lo civil.