La juez imputa por homicidio imprudente a 10 sanitarios tras la muerte de Sara Gomez tras una lipoescultura en Cartagena

La magistrada aprecia indicios de responsabilidad en el desenlace fatal del cirujano y el anestesista que intervinieron a la paciente y varios de los médicos de guardia el tiempo que estuvo en la UCI

La paciente creyó, engañada por redes sociales, que estaba en manos de un cirujano plástico de prestigio. La magistrada detecta graves negligencias médicas durante la intervención y los días posteriores en la UCI.

El proceso continúa por la vía penal tras constatarse indicios de imprudencia médica

El juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena ha acordado continuar el procedimiento penal por un presunto delito de homicidio imprudente contra diez profesionales sanitarios, entre ellos el cirujano y el anestesista que participaron en una intervención de lipoescultura que acabó con la vida de una paciente.

La resolución, notificada este lunes, señala graves indicios de responsabilidad médica en el desarrollo y seguimiento del procedimiento quirúrgico al que se sometió la mujer el pasado 2 de diciembre. Fue operada en un hospital privado de Cartagena y trasladada en estado crítico a una UCI de otro centro sanitario, donde murió el 1 de enero tras casi un mes de complicaciones.

Engañada por redes sociales

El auto judicial recoge que la paciente decidió operarse convencida de que el cirujano era un especialista plástico con experiencia, influida por la imagen que proyectaba en redes sociales. Sin embargo, el documento revela que el médico no era cirujano plástico, sino cardiólogo con formación en medicina estética, y que era su primera intervención de este tipo.

Contaba con cursos en laserlipólisis, lipomarcación abdominal 4D y un máster en medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento, pero no tenía la titulación ni experiencia acreditada en cirugía estética invasiva.

Negligencias en la UCI y retraso en la actuación médica

La paciente fue trasladada a una UCI horas después de la operación, pero, según el auto, ese traslado debió realizarse tres horas antes, decisión que recaía sobre el anestesista, también imputado.

La magistrada también aprecia indicios de responsabilidad penal en varios de los médicos de guardia que atendieron a la paciente durante los días posteriores. Las analíticas detectaron signos de sepsis ya desde el día siguiente al ingreso en la UCI, pero la primera intervención quirúrgica para abordar esa infección no se practicó hasta el 7 de diciembre.

Pese a una cierta mejoría temporal, la mujer empeoró gravemente el 22 de diciembre, y el 1 de enero falleció tras una intervención de urgencia por fallo multiorgánico.

Sobreseimiento parcial del caso

En su resolución, la juez acuerda el archivo provisional de la causa contra los sanitarios que atendieron a la mujer el primer día de su ingreso en la UCI, ya que entonces no había signos claros de sepsis ni justificación médica para intervenir. También quedan eximidos los facultativos que la trataron tras el 7 de diciembre, cuando la primera laparotomía ya se había practicado.

Próximos pasos en la causa judicial

El caso se encuentra ahora en la fase previa a la apertura de juicio oral. Se da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, que deberán decidir si solicitan juicio, sobreseimiento definitivo o si piden diligencias complementarias.

La resolución judicial no es firme. Contra ella cabe presentar recurso de reforma y/o apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.