El Gobierno recurre a la vía judicial contra Aragón por su negativa a acoger menores migrantes
El Ejecutivo central ha decidido acudir al Tribunal Constitucional tras la negativa del Gobierno de Aragón a colaborar con la reubicación de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y Ceuta
El Gobierno de España confirmó este martes que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra Aragón por negarse a proporcionar los datos necesarios para calcular su cuota de acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAS), como exige el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha lamentado la falta de cooperación del Ejecutivo autonómico aragonés, que considera que el decreto “vulnera competencias” propias de la comunidad. Sin embargo, el Gobierno central defiende que la norma se ampara en la obligación de solidaridad interterritorial para hacer frente a una situación extraordinaria.
Origen del conflicto
Desde hace meses, las Islas Canarias y Ceuta han experimentado un aumento muy significativo en la llegada de migrantes, muchos de ellos menores de edad sin acompañamiento familiar. Actualmente, se estima que más de 4.400 niños y adolescentes están bajo tutela en estos territorios, superando ampliamente su capacidad de acogida.
En respuesta, el Gobierno aprobó un decreto para repartir equitativamente a estos menores entre las distintas comunidades autónomas. La medida cuenta con el apoyo de la mayoría de regiones, pero Aragón se ha desmarcado del consenso, negándose incluso a enviar los datos básicos necesarios para hacer el reparto.
Reacciones políticas
El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha defendido su postura asegurando que el decreto es “impositivo” y que “no respeta el marco competencial de la comunidad”. Ha anunciado que también valoran recurrir el decreto ante los tribunales.
Desde el Gobierno central, la ministra portavoz Pilar Alegría ha acusado a Azcón de "incumplir un deber moral y legal" y ha asegurado que el recurso al Constitucional es una medida “necesaria para garantizar la igualdad de trato y los derechos de estos menores, independientemente del territorio donde se encuentren”.
Un precedente peligroso
Expertos en derecho constitucional han advertido que, de prosperar la negativa de Aragón, podría sentarse un precedente que permita a otras comunidades desentenderse de acuerdos comunes en situaciones de emergencia, debilitando el principio de cooperación territorial recogido en la Constitución.
Mientras, la situación en Canarias y Ceuta continúa siendo insostenible. La mayoría de los menores permanecen en centros saturados, a la espera de una solución que dependa ahora, en parte, de la decisión del Tribunal Constitucional.