Bruselas lleva a España ante el TJUE por incumplir la directiva sobre condiciones laborales

La Comisión Europea (CE) ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la transposición completa de la normativa comunitaria sobre transparencia en las condiciones laborales. Bruselas también ha solicitado la imposición de sanciones económicas por el retraso en aplicar estas reglas al marco jurídico nacional. 

La directiva en cuestión, aprobada en 2019, establece la obligación de que los trabajadores reciban información clara y detallada sobre aspectos clave de su empleo, como los horarios, el salario y otras condiciones esenciales. Pese a que España ha comunicado algunas medidas para ajustarse a esta legislación, la Comisión considera que la adaptación es parcial e insuficiente.

En septiembre de 2022, Bruselas abrió un expediente a España por este motivo. En junio de 2023 emitió un ultimátum instando al cumplimiento, y tras una respuesta incompleta en febrero de 2025, ha optado ahora por acudir al TJUE.

Sanciones por discriminación fiscal a no residentes

Además, la Comisión ha abierto un nuevo procedimiento contra España por lo que considera un trato fiscal discriminatorio hacia los no residentes. En concreto, se les exige tributar por el 2% del valor catastral de sus viviendas si estas se usan como residencia habitual, algo que no se impone a los residentes fiscales en el país.

Esta práctica, advierte la Comisión, infringe el principio de libre circulación de trabajadores y capitales. Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno español, que dispone ahora de dos meses para responder y corregir la situación. Si no lo hace, el Ejecutivo comunitario podría dar un nuevo ultimátum y llevar también este caso ante el TJUE.

Expediente por riesgos industriales sin plan de respuesta

Por último, la Comisión ha iniciado un expediente sancionador por deficiencias en la aplicación de la directiva Seveso III, que regula la prevención de accidentes industriales graves relacionados con sustancias peligrosas. Esta norma exige la elaboración de planes de emergencia, protocolos de respuesta y medidas de limpieza ambiental tras posibles incidentes.

Según Bruselas, España no ha incorporado correctamente varios aspectos clave de esta directiva a su legislación, incluidos los plazos de planificación, los requisitos de información y la limpieza obligatoria en caso de accidente.

El Gobierno tiene ahora un plazo inicial para presentar alegaciones o subsanar los fallos antes de que el proceso avance a una fase más formal, que podría desembocar también en un nuevo caso ante la justicia europea si no se encuentran soluciones.