Álvaro García Ortiz, un caso sin precedentes en la democracia española
Nunca antes en la historia reciente de España un fiscal general del Estado en activo había sido procesado por un delito cometido en el ejercicio directo de sus funciones. El auto dictado este lunes por el Tribunal Supremo sitúa a Álvaro García Ortiz en una posición inédita desde la restauración democrática.
La figura del fiscal general, nombrada por el Gobierno a propuesta del ministro de Justicia y ratificada por el Rey, pero con autonomía funcional reconocida en la Constitución y en el Estatuto del Ministerio Fiscal, no había protagonizado hasta ahora ningún proceso penal de esta naturaleza.
Aunque su designación depende del poder Ejecutivo, su función debe ejercerse conforme a los principios de legalidad e imparcialidad, tal como establece el artículo 124 de la Constitución. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerza esa independencia funcional al señalar que el fiscal general actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero sin subordinación política.
Casos anteriores: de la presión política a la dimisión por desavenencias
Aunque el caso de Álvaro García Ortiz es el primero en que un fiscal general del Estado en activo resulta procesado por un delito vinculado a sus funciones (en este caso, por presunta revelación de secretos), no es la primera vez que la Fiscalía atraviesa una crisis institucional relevante.
Jesús Cardenal, que ocupó el cargo entre 1996 y 2004, fue objeto de críticas internas por parte de asociaciones de fiscales, especialmente durante su último mandato. Su cercanía con el Gobierno de José María Aznar generó tensiones dentro del Ministerio Público, al tiempo que se le reprochaba una escasa interlocución con los fiscales de carrera.
Durante su gestión se registraron denuncias por falta de iniciativa en causas de relevancia pública, pero nunca fue procesado ni acusado formalmente. Pese a las presiones, no dimitió, y fue sustituido por Cándido Conde-Pumpido tras el cambio de Gobierno.
Otro caso relevante fue el de Eduardo Torres-Dulce, fiscal general entre 2011 y 2014 bajo el mandato de Mariano Rajoy. Torres-Dulce renunció de forma voluntaria tras profundas discrepancias con el Ejecutivo por la gestión del conflicto catalán.
En concreto, su dimisión se produjo semanas después de que la Fiscalía presentara una querella contra Artur Mas por la consulta del 9-N de 2014. Aunque firmó la denuncia, fuentes próximas confirmaron que no compartía el modo en que se estaba instrumentalizando su figura desde Moncloa. En su carta de renuncia, aludió a “motivos personales”, pero la propia carrera fiscal interpretó su salida como una consecuencia de las presiones del Gobierno.
El fiscal general del Estado, una figura clave en el engranaje institucional
El fiscal general del Estado no solo es el máximo responsable de la acción penal pública, sino también un actor esencial en el equilibrio institucional. Su papel abarca desde la supervisión de los fiscales hasta la coordinación con el Gobierno en políticas judiciales y criminales, siempre bajo el principio de legalidad.
La imputación directa de quien ostenta ese cargo plantea preguntas sobre los límites entre obediencia política, independencia técnica y responsabilidad penal. Aunque el auto es solo una fase previa al juicio, el precedente queda ya marcado: el Ministerio Público puede ser llamado a responder judicialmente por actos vinculados a su función institucional.
El momento en que se produce este hecho también lo hace especialmente significativo. García Ortiz fue designado por el Consejo de Ministros a propuesta del presidente Pedro Sánchez en julio de 2022, en sustitución de Dolores Delgado, cuya designación ya fue objeto de críticas por su estrecha vinculación política con el Ejecutivo.
El debate sobre la politización de la Fiscalía
El procesamiento de Álvaro García Ortiz ha reactivado el debate sobre la autonomía del Ministerio Fiscal. Aunque legalmente depende del Gobierno, la doctrina constitucional ha insistido en su independencia técnica. Este caso plantea si esa autonomía puede quebrarse cuando las decisiones del fiscal general coinciden con intereses gubernamentales.
En el auto del Tribunal Supremo, el magistrado instructor atribuye a García Ortiz haber actuado por “indicaciones” de la Presidencia del Gobierno. Esta expresión, inédita en resoluciones dirigidas contra un fiscal general, abre una línea de análisis institucional sobre el grado de instrumentalización de la Fiscalía.
A la espera de los próximos pasos judiciales, el caso de Álvaro García Ortiz entra ya en la historia democrática como el primero que pone a un fiscal general en activo en el centro de un procedimiento penal. No se trata solo de una imputación: es una señal de alerta institucional.