Del almuerzo en Alabaster al cerco a Hafesa: un patrón operativo que atraviesa una década de poder

El 4 de noviembre de 2014, en el restaurante Alabaster, situado en la calle Montalbán 9 de Madrid, se celebró una comida discreta pero altamente significativa. En torno a la mesa, compartieron conversación el comisario José Manuel Villarejo, el entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y director del CITCO, José Luis Olivera, el magistrado Fernando Andreu Merelles —en aquel momento titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional—, el empresario Adrián de la Joya, y el directivo de medios Mauricio Casals.

ESTRELLA DIGITAL ha tenido acceso a la grabación íntegra de ese encuentro, que recoge con nitidez el contenido de las conversaciones mantenidas por los asistentes. La charla transcurre en un ambiente de aparente distensión, pero deja entrever aspectos que, con perspectiva, resultan inquietantes. Se mencionan decisiones judiciales sensibles, contactos personales entre magistrados y el interés en determinados movimientos dentro del cuerpo policial. Se alude, en concreto, a una gestión que Andreu habría realizado con su homólogo del Juzgado Central nº 2, Ismael Moreno, sobre un asunto relacionado con un inspector de policía.

Si bien ninguno de los presentes estaba entonces formalmente investigado, Adrián de la Joya sería posteriormente declarado investigado en la Operación Lezo, no podemos olvidar que un investigado puede mentir, un testigo no. En todo caso, la composición del grupo y el contenido de la conversación revelan un ecosistema donde se entrecruzan poder judicial, policial, empresarial y mediático.

Archivo para las grandes, investigación para la competencia

Apenas tres años después de esa comida, el mismo Magistrado Fernando Andreu Merelles a instancias de la fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó Martínez decretó, en abril de 2017, el archivo de las diligencias penales contra REPSOL, CEPSA, DISA, GALP y MEROIL, investigadas por presunta fijación ilegal de precios en el mercado de los carburantes.

La causa, que se había iniciado en 2015 y había sido admitida a trámite por presentar indicios de gravedad, fue archivada a instancias del Ministerio Fiscal. Lo llamativo es que el sobreseimiento no fue solicitado por las defensas de las petroleras, sino por la propia Fiscalía, que durante dos años y medio había defendido la existencia de indicios de infracción penal. El cierre del caso fue duramente criticado por asociaciones de consumidores y expertos en competencia, que lo calificaron como un golpe a la transparencia del mercado.

Pero lo más relevante vino después: apenas tres meses más tarde, el mismo juzgado, con el mismo magistrado y la misma fiscal, recibieron una denuncia de la UCO contra Hafesa Energía, una empresa entonces en pleno proceso de expansión que se había consolidado como el principal operador independiente de hidrocarburos del país. El contraste entre ambas decisiones judiciales —el archivo para las grandes operadoras, y el impulso de una investigación penal contra su competidor directo— levanta sospechas sobre un patrón de actuación dirigido.

Hafesa y Gasogal: blanco de operaciones sin fundamento. Axoil, Gaslow y Golpetroleum: empresas en el otro extremo

El análisis de la grabación de 2014 y de las actuaciones judiciales documentadas posteriormente permite identificar un patrón de intervención institucional desigual en el sector energético, que ha afectado gravemente a algunos operadores independientes, mientras otros han operado sin apenas interferencia, a pesar de figurar en investigaciones relevantes.

Entre las empresas claramente perjudicadas figuran el Grupo Hafesa y Gasogal.

Hafesa, que entre 2017 y 2018 se consolidó como el principal operador independiente del país, fue objeto de actuaciones judiciales inmediatamente después del archivo de la causa contra las grandes petroleras.

La coincidencia temporal es reveladora: en abril de 2017, el magistrado Fernando Andreu Merelles —asistente a la comida de Alabaster— decretó el archivo de la causa abierta contra REPSOL, CEPSA, MEROIL, DISA y GALP por presunta fijación de precios, tras dos años de instrucción. La solicitud partió de la fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó Martínez. Solo tres meses después, ante el mismo juez y con la misma fiscal al frente, se abre una investigación penal contra el Grupo Hafesa, la primera petrolera 100 % española y principal competidora directa de las operadoras exculpadas.

Desde entonces, Hafesa ha sido blanco de investigaciones policiales promovidas por la UCO, con informes presuntamente manipulados, desaparición de grabaciones clave y filtraciones procesales que afectaron su desarrollo y reputación empresarial.

Gasogal, por su parte, fue objeto de un procedimiento judicial sin base sólida, que ha terminado por forzar el cierre de la empresa, pese a que no existía sustento probatorio ni resolución firme que acreditase infracción alguna. El simple hecho de la apertura de la causa fue suficiente para dañar irreversiblemente su actividad. ESTRELLA  DIGITAL ha podido confirmar que esta actuación se enmarca en un patrón que repite métodos descritos años antes en conversaciones como la recogida en la grabación del restaurante Alabaster.

En contraste, empresas como Axoil, Gaslow o Goldpetroleum, que sí han aparecido en informes de la Guardia Civil relacionadas con tramas de fraude fiscal, operativas cruzadas y redes de distribución opaca, no han sido objeto de procesos judiciales equiparables.

Es el caso de Axoil, que entre 2016 y 2019 facturó más de 112 millones de euros a Gaslow y abonó más de un millón de euros en comisiones a un intermediario, según la documentación contable incorporada a varias diligencias.

Este contraste en el tratamiento institucional refleja un modelo operativo donde no impera el principio de igualdad ante la ley, sino criterios ajenos al interés general. La grabación de 2014, en la que se discuten decisiones judiciales y movimientos estratégicos con absoluta naturalidad, anticipa con inquietante precisión lo que vendría después.

De Villarejo al capitán Bonilla, de De la Joya a Rodríguez Estepa: un modelo que se repite con nuevos nombres

La grabación del almuerzo celebrado en noviembre de 2014 en el restaurante Alabaster muestra cómo altos responsables del aparato judicial y policial conversaban con total naturalidad sobre decisiones que, tiempo después, afectarían de forma directa a la vida de empresas y personas. Aquella escena no fue un hecho aislado, sino la fotografía de un sistema informal de relaciones cruzadas que ha seguido reproduciéndose con otros nombres y escenarios.

Uno de los paralelismos más llamativos surge al comparar la figura del comisario Villarejo, protagonista de numerosos episodios de injerencia y manipulación de procedimientos, con la del capitán de la Guardia Civil José Vicente Bonilla García, adscrito a la UCO y responsable durante años de investigaciones en causas donde, según denuncias documentadas, se produjeron irregularidades en atestados, desaparición de pruebas clave y actuaciones sesgadas. Entre las más destacadas, el caso abierto contra Hafesa Energía, tras el archivo de la causa contra las grandes petroleras, y el procedimiento incoado contra la empresa gallega Gasogal, que acabó derivando en su cierre sin que existiera resolución firme que acreditara infracción alguna.

Otro vínculo de peso se encuentra entre Adrián de la Joya, presente en la comida de 2014 y posteriormente declarado investigado en la pieza separada 2 de la operación Lezo, y el empresario Antonio Rodríguez Estepa, señalado en distintas informaciones como figura clave en la activación de denuncias que derivaron en procedimientos sin base firme, con consecuencias económicas irreversibles para terceros. En ambos casos, el denominador común es el uso —directo o indirecto— del proceso penal como herramienta para desplazar o eliminar a determinados actores económicos.

Aunque los contextos judiciales y las responsabilidades sean diferentes, el patrón es reconocible: actores públicos que, en colaboración con intereses privados, ponen en marcha causas penales carentes de sustento sólido, generando daños irreparables sin que nunca se llegue a juicio o condena. Hafesa y Gasogal no son ejemplos teóricos de esa dinámica; son sus principales víctimas conocidas.

Esta continuidad operativa —del comisario Villarejo al capitán Bonilla; de De la Joya a Rodríguez Estepa— no responde a una conspiración única, sino a una forma de operar tolerada, extendida y eficaz para determinados intereses. La grabación de Alabaster es su prólogo; los procedimientos judiciales que vinieron después, su desarrollo más crudo.

De una conversación privada a un patrón público: cuando la justicia se usa como instrumento

Lo que en 2014 era una conversación privada entre comisarios, jueces y empresarios en una mesa del restaurante Alabaster, ha acabado convertido —una década después— en un modelo que ha dejado un rastro reconocible en los tribunales, en la economía y en la confianza pública.

La grabación a la que ha tenido acceso ESTRELLA DIGITAL no es solo un testimonio del pasado, sino una pieza clave para entender cómo ciertos actores con capacidad institucional han utilizado el proceso penal como herramienta de control, exclusión o favorecimiento, en función de intereses que poco o nada tienen que ver con la legalidad.

Empresas como Hafesa o Gasogal, que trataron de abrirse paso en un mercado oligopolístico como el energético, han terminado perjudicadas por procedimientos sin sustento, con acusaciones que nunca se materializaron en sentencias, pero que sí provocaron daños irreversibles.

Frente a ellas, otras compañías vinculadas a entramados económicos bajo sospecha no solo no fueron objeto de la misma presión judicial, sino que actuaron en paralelo al aparato policial o en colaboración con quienes debían investigarlas.

Este medio ha documentado, con hechos contrastables, cómo se han perdido pruebas, manipulado atestados y activado causas a través de una estructura estable de relaciones entre policías, fiscales, jueces y empresarios. Y ha expuesto, sin concesiones, el impacto devastador de ese funcionamiento oculto para la equidad, la economía y el propio sistema judicial.

Hoy sabemos que el caso Hafesa no fue un error. Ni el caso Gasogal un exceso. Fueron consecuencia directa de una forma de actuar que sigue vigente. La grabación de 2014 no fue un episodio anecdótico, sino el primer capítulo de un modelo de intervención institucional que aún no ha sido desmantelado.