Domingo 19.05.2019

El Supremo decide hoy si Puigdemont puede ser candidato en las europeas

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) se reúne este domingo para decidir si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí pueden presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo

Fuentes del Supremo han indicado que la sala se reunirá a partir del mediodía para decidir sobre el recurso presentado por los políticos contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir a los tres políticos catalanes huidos, después de que este sábado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid haya resuelto -junto con los 9 y 21, donde han recaído recursos idénticos- elevar este asunto al TS.

Los juzgados de lo contencioso-administrativo entienden que el recurso plantea cuestiones que afectan tanto a la inelegibilidad de los candidatos presentados por JxCat en las tres primeras posiciones de la lista como a la proclamación de las candidaturas, y que debe ser el Supremo quien establezca el criterio jurídico que resuelva sobre estos dos asuntos interrelacionados.

Por tanto, y con el fin de evitar posibles resoluciones contradictorias sobre los recursos, los tres tribunales de lo contencioso-administrativo decidieron levar las actuaciones a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal.

Este viernes la Fiscalía de Madrid pidió que se estimara el recurso de Puigdemont, Comín y Ponsatí al considerar que en la decisión de la JEC se vulnera "el derecho fundamental de sufragio pasivo" que tienen los políticos huidos.

Puigdemont, Comín y Posantí conocieron la decisión del juzgado en Bruselas mientras comparecían en una rueda de prensa junto al abogado Gonzalo Boye, el exalcalde Xavier Trias y la columnista Beatriz Talegón, que les sustituirán de forma provisional en las listas a la espera de que se resuelvan los recursos.

Boye explicó que si la justicia no les da la razón prevén presentar un recurso ante el Constitucional y contemplan la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El expresidente catalán Carles Puigdemont se mostró convencido de que finalmente podrá presentarse a las elecciones europeas y afirmó que precisamente por ello recurrieron la decisión de la JEC de excluirles, porque están "convencidos" de que harán prevalecer sus derechos.

Puigdemont insistió en que es "factible" que, sin son elegidos, tanto él como los exconsejeros huidos en Bélgica puedan recoger su acta de eurodiputados y que, precisamente para "impedir" esto, el PP y Ciudadanos recurrieron su candidatura ante la JEC.

Y precisamente, el líder del PP, Pablo Casado, en un acto político celebrado en O Pino (A Coruña) ha confesado su desazón al ver a "la Fiscalía poniéndose del lado de Puigdemont después de que nosotros hubiésemos presentado una demanda ante la Junta Electoral para que no se presentara a las elecciones europeas; y ahora vemos una vez más como el Gobierno de España se pone del lado de los que están fugados de la Justicia".

La JEC, sin unanimidad y con cuatro votos particulares, estimó que la lista era una "burla" a la ley al pretender concurrir a los comicios pese a estar huidos de la justicia española; y alegó que los tres incumplían la normativa electoral al no ser residentes de las localidades en las que están empadronados, cuando la inscripción en el censo electoral es "un requisito indispensable" para ejercer el derecho al sufragio activo y también al pasivo.

También por parte de Cs, se ha pronunciado su portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa, quien ha aseverado que "acatarán" la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre la exclusión de la candidatura al Parlamento Europeo de Puigdemont, Comín y Ponsatí, pero ha advertido de que no descartan recurrir la sentencia.

Pero para la Fiscalía, esa interpretación restringe el derecho fundamental al sufragio pasivo de los recurrentes, cuando la doctrina del Tribunal Constitucional "impone el deber de optar por la interpretación más favorable" al ejercicio de los derechos fundamentales. 

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