domingo 31.05.2020

El Supremo confirma la anulación de la venta de 3.000 pisos de protección oficial realizada a un fondo buitre en 2013

El Supremo inadmite los recursos de la Comunidad de Madrid y de Azora contra la sentencia que anuló la venta de 3000 pisos sociales

El Supremo confirma la anulación de la venta de 3.000 pisos de protección oficial realizada a un fondo buitre en 2013

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había anulado recientemente la resolución del Instituto de la Vivienda de 29 de agosto de 2013 llevada a cabo durante el gobierno de Ignacio González según publicamos en este diario.  

Ahora la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha notificado la inadmisión de los recursos de casación interpuestos por la Comunidad de Madrid y Azora Gestión S.L. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), de 29 de agosto de 2013, y la posterior comunicación de dicho órgano, en relación con la enajenación de 32 promociones de viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles S.L. participada mayoritariamente por el banco de inversión norteamericano Goldman.

El Tribunal Supremo confirma en el auto la nulidad de la resolución del IVIMA por la que se vendieron 3.000 viviendas públicas por 201 millones de euros al consorcio de inversión Azora-Golden Sachs cuando era presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El Tribunal Supremo considera literalmente que no hay argumentos que consideren que estos pisos públicos ya no eran necesarios en su “labor social de proporcionar a las clases desfavorecidas una vivienda digna” pues el objetivo de “alcanzar la estabilidad presupuestaria no resulta suficiente”.

Además el Supremo considera que la operación ha supuesto un perjuicio injustificado a Rachid Boikou, con el respaldo de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública, pues el cambio de régimen jurídico de la vivienda no es meramente abstracto sino que tiene consecuencias directas y concretas en la situación del arrendador

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que está estudiando recurrir esta sentencia del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional e incide en la gravosa situación en que se encuentran los ocupantes de las vivienda.

Y por su parte Goldman Sachs sopesa demandar a la Comunidad de Madrid por los daños y perjuicios que le origina la anulación de la venta de las 3.000 viviendas de protección oficial.



Comentarios