lunes 30.03.2020

Si queremos, podemos

El cambio en España comienza, sin duda, con la promulgación de nuestra constitución en 1978 que supone un giro radical en la situación de los derechos de la mujer

 

Fiscal de la Fiscalía de Madrid

El pasado 8 de marzo se celebró el día de la mujer trabajadora y, anticipándose a la celebración se publicó un estudio, muy riguroso, elaborado por la  Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), sobre las agresiones, tanto físicas como psíquicas, que sufre la mujer y de ellas la más execrable, la que proviene de sus propias parejas sentimentales, a las que no denuncian, como bien conocen los especialistas en esta materia y la propia sociedad, en la mayoría de las ocasiones por miedo, culpa, afán de protección de los hijos comunes y también, sin duda, por razones económicas. La encuesta deja aflorar que España es uno de los países de la Unión Europea en el que tiene menor incidencia la violencia machista sobre la mujer por parte de sus parejas o ex parejas, pues nos encontramos en un  13 % frente al 22 % de media que mantienen el resto de los países miembros.

Pero tan buena nota no se ha conseguido sin esfuerzos en España, donde no siempre estuvimos así, pues este tipo de violencia, a mi juicio la más importante de las violaciones de los derechos de las mujeres,  ha sido poco conocida precisamente por el marco en el que se producen, dentro del hogar, en la intimidad, en el ámbito privado y, por ello, consentido y aceptado hasta la segunda mitad del siglo XX en que se comienzan a dar los primeros pasos para la autodeterminación de la mujer. Quiero recordar al lector maduro e instruir al más joven, que no fue hasta 1975, en que se reforma el código civil, cuando se suprime la “licencia marital”, que obligaba a la mujer casada a obtener el permiso expreso de su marido para celebrar contratos, eso sí, probando previamente que los bienes que empleaban eran solo de su propiedad, y también se le exigía la obtención de dicho permiso, para  poder trabajar. También que el Código Penal castigaba conductas de infidelidad en el matrimonio de forma diferente si la conducta la cometía el hombre o por el contrario la mujer; así si la mujer cometía un solo acto de infidelidad hacia el marido se la castigaba por cometer un delito de adulterio, lo que no ocurría si era el esposo el que lo cometía, pues solo se le condenaba por amancebamiento si su infidelidad era habitual (esto es, si tenía una amante). ¡Ah!, si el marido sorprendía a su esposa en adulterio no era castigado con pena alguna si la agredía y ocasionaba lesiones que no fuesen graves, y sólo en caso de causarle lesiones graves, o de matarla, la pena con que se le castigaba era el destierro, justificándose esta benevolencia en el derecho del varón  a la  defensa de su honor.

El cambio en España comienza, sin duda, con la promulgación de nuestra constitución en 1978 que supone un giro radical en la situación de los derechos de la mujer, que dejo de ser una persona subordinada al marido o al padre para ser considerada como una persona titular de sus propios derechos; exigiendo su artículo 14 la igualdad y la no dis­criminación por razón de sexo. Ello marcó una línea de salida para abordar los problemas de violencia de género, que suponen la violación de esos derechos.

Y aunque en España no es hasta entrada la década de los 90 cuando se comienzan a castigar hechos cometidos por los varones contra las mujeres, finalmente arrancó con fuerza, modificándose el Código Penal para castigar  la violencia contra la mujer. Se creó el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial en 2002 y se dictaron importantes leyes que ahondan en soluciones para la erradicación de tan reprochable violencia, tales como la  ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica, y la  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,  que  extrae del ámbito privado la violencia sobre la mujer para conducirla al público; en la exposición de motivos de esta ley se recoge que “la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo

España ha ratificado desde entonces todos los tratados internacionales, Declaraciones y Convenciones que  avanzaban en beneficio de la no discriminación y el fomento de la igualdad, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, confeccionada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, y su ingreso en la Unión Europea supuso un impulso aun mayor  al avance en lo relativo al principio de igualdad entre hombres y mujeres. Se adoptan dentro de la Unión instrumentos legislativos, directivas, decisiones, recomendaciones dirigidas a tal eliminación, con el objetivo de mantener e impulsar un espacio de libertad, seguridad y justicia, siendo la piedra angular, el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales en materia civil y penal., comprometiéndose a dar protección a las víctimas de delitos y a establecer normas de carácter mínimo en dicha materia. Es bajo la Presidencia de España que se forjó la Directiva 2010/99/UE, del Consejo, sobre la Orden Europea de Protección, que pretendía extender el modelo español de protección a escala comunitaria, trasmitiendo así el compromiso y la lucha de España en la eliminación de la lacra social de la violencia de género, y que de forma incesante era objeto de estudio y normativas en nuestro país, trasmitiendo en dicha Presidencia la idea de que se constituyese una verdadera orden europea de protección, aquellas órdenes dictadas por un órgano judicial de un Estado miembro, destinada a la protección de una víctima de infracción penal, tuviesen eficacia más allá del propio Estado de emisión, si bien quedó limitada a la trasposición del derecho interno de cada país miembro. El resultado final no fue tan ambicioso, pero aun así la Directiva supone un avance significativo al permitir que aquellas mujeres que gocen de un cierto estatus de protección en su país, no se vean desprovistas del mismo si se desplazan a otro Estado miembro.

Por último, La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, supone un punto y seguido en cuanto al compromiso de la UE de mantener e impulsar un espacio de libertad, seguridad y justicia, con  el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales en materia civil y penal,  garantizando a las víctimas de los delitos, que reciban  la información, apoyo y protección adecuados, así como facilitar su participación en procesos penales. Igualmente recoge la obligación de los estados miembros de velar por el reconocimiento de la condición de víctima, y que ésta reciba un trato respetuoso e  individualizado, profesional y no discriminatorio, y establece medidas especiales para evitar la victimización secundaria o reiterada, la intimidación o las represalias. Aborda cuestiones de índole procesal y penitenciarias, recogiendo la Información específica que debe prestarse a la víctima sobre la puesta en libertad o la fuga del infractor, e incluso prever la  posibilidad de que la víctima  pueda recurrir la decisión de puesta en libertad del infractor, si este derecho existe en la legislación nacional. También contiene especial previsión en cuanto a la formación de los profesionales que intervienen en el proceso pues todos los que puedan entrar en contacto personal con la víctima deben poder acceder a una formación adecuada, inicial y permanente que les permita poder identificar a las víctimas y determinar sus necesidades. Establece la propia directiva que no se puede hacer justicia si no se permite a las víctimas explicar las circunstancias del delito y aportar pruebas de forma comprensible para las autoridades competentes, estableciéndose como derecho,  entender y a ser entendido, el derecho a recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente, recibiendo información al interponer la denuncia, así como recibir  una traducción. Igualmente se establecen servicios de apoyo, asesoramiento y apoyo emocional. Se regula la protección de las víctimas, y el reconocimiento de las víctimas con necesidad de protección especial, tratando de evitar la victimización secundaria o la intimidación o las represalias, incluido el riesgo de daños emocionales o psicológicos.

España ha sido muy activa en la Unión Europea, como vemos, empujando la elaboración de normas y de estudios que se dirijan siempre a la erradicación de la violencia sobre la mujer, y sigue aflorando su participación, cuando, como en este último estudio  que nos llega de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), también realizado bajo la Presidencia de España en 2010.

Es de esperar que la situación económica que atraviesa España y las medidas de austeridad que están en marcha no resulten desiguales en términos de impacto de género, circunstancia que prevé como posibilidad el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 17 de diciembre de 2012, sobre las diferencias entre hombres y mujeres, en el que se hace un llamamiento a garantizar que los recortes presupuestarios "no socaven el progreso hacia la igualdad de género en el empleo", así como a evitar que "Las medidas de austeridad, aun centradas en preservar el acceso a los servicios públicos durante la consolidación fiscal, pueden resultar desiguales en términos de impacto de género".

Que no se socaven los avances conseguidos en los derechos de la mujer debe ser uno de los objetivos primordiales, no solo del Estado, sino de la sociedad, evitando políticas de empleo que finalmente cercene en las victimas su interés por denunciar, su interés por protegerse de sus parejas, de las que ante la situación grave de desempleo en muchos casos dependen, no solo ellas sino también sus hijos, económicamente.

Ojala que este siga siendo el empeño del Estado español, y que podamos seguir orgullosos de los resultados de las encuestas y, por qué no, apliquemos empeño similar en la lucha contra la corrupción.

Tomás Herranz Saurí

Fiscal Decano de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid

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