lunes 2/8/21

A propósito del "press clipping"

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto el último caso del llamado press clipping

Con fecha 25 de febrero último, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto el último caso, por ahora, del llamado press clipping. Y lo ha resuelto en la línea que la propia Sala Primera inauguró en el año 2002 en el doble sentido siguiente.

De un lado, la calificación que merece desde el punto de vista jurídico, y en concreto de la llamada propiedad intelectual, el press clipping que consiste en la explotación empresarial de la recopilación de artículos de periódicos ya divulgados o difundidos;  de otro, la determinación del titular del derecho que se puede sentir lesionado con el ejercicio de esa actividad.

La primera cuestión reconduce la tarea al campo de la llamada cita como excepción a la exclusiva protección de la obra intelectual. Recordemos que desde la reforma introducida por  la Ley 23/2006, de 7 de julio, a la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 el límite de la cita no da cobertura a las “recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales” (art.32.1 Ley Propiedad Intelectual). El derecho que al autor concede el citado artículo 32.1 LPI bien de oponerse a la actividad comercial de recopilación de artículos periodísticos o bien de percibir una remuneración equitativa excluye que el press clipping pueda considerarse amparado por la cita como excepción al derecho del autor.

Por otra parte, es pacífica también la doctrina jurisprudencial que se refiere a la determinación del autor a que se refiere el artículo 32.1 LPI citado. Tanto las sentencias iniciales como la última del 25 de febrero de este mismo año consideran que el autor que puede o bien oponerse o bien devengar una “remuneración equitativa” es el editor y no propiamente los autores de los artículos e informaciones contenidos en el periódico dada la consideración de éste como obra colectiva. No parece impertinente subrayar además que ambos aspectos de la doctrina están generalmente aceptados y que no es infrecuente la jurisprudencia menor que la recoge.

La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero pasado prácticamente coincide con la fecha (21 de febrero) del Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados  que acoge el Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Está circunstancia de la coincidencia de la sentencia con la publicación del Proyecto de Ley justifica que podamos preguntarnos por la pertinencia del copyright sin que sea inoportuna la pregunta. Porque no es dudoso que ante el fenómeno de la llamada propiedad intelectual tanto como de la llamada propiedad industrial se plantean muchas preguntas que no tienen una respuesta segura. En último término estamos en presencia de la apropiación de las ideas y en definitiva del resultado del esfuerzo creativo humano. No deja de ser notable y curioso que el propio CC considerara de siempre una propiedad “especial” a la propiedad intelectual y es que en realidad de tan especial que es, resulta que no es propiedad. Pero con independencia del interés que encierra un estudio jurídico riguroso acerca de la naturaleza de las “propiedades especiales”, conviene aquí limitarse a subrayar si no habrá llegado el momento de preguntarse acerca de la pertinencia de seguir manteniendo supuestamente un derecho de exclusiva utilización sobre ciertos bienes inmateriales pertenecientes al reino de la cultura y al reino de la invención o la técnica.

Reduciéndonos ahora al campo de los bienes de la  primera categoría, en las circunstancias históricas actuales la multiplicación de los canales de la comunicación humana nos tiene que convencer, por lo pronto, de que el diseño jurídico tradicional de protección del derecho según el canon de la propiedad intelectual supone, dicho en lenguaje llano, intentar poner puertas al campo, y, técnicamente hablando, una más que discutible configuración del contenido del derecho y de la precisión de la persona a quien haya de atribuirse. En suma, ante una nueva reforma de la LPI me pregunto si no ha llegado el momento de buscar una respuesta jurídica realmente nueva, y acorde con la realidad y trascendencia actual para la persona de los bienes de la cultura y de la generalización de su disfrute, a las cuestiones que suscita su creación y su difusión.  Debe reconocerse que cuando la realidad, no la ideología, sale por sus fueros reclamando nuevas soluciones jurídicas para los nuevos problemas de éste carácter carece por completo de sentido persistir en el intento de reformular viejos conceptos sobre los viejos patrones.

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