miércoles 23/6/21

María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala 4 del Tribunal Supremo: "Es necesario que las sentencias judiciales se adapten a las nuevas realidades"

María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, repasa los temas más importantes relacionados con la justicia en esta entrevista en exclusiva para Estrella Digital

segobiano

María Luisa Segoviano Astaburuaga ingresó en la carrera judicial en 1987 por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, entre 1997 y 2002.

Ese mismo año es nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior con sede en Valladolid, hasta 2006, cuando fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo. Ejerció la presidencia en funciones de la Sala de lo Social cuando se jubiló su titular anterior, hasta que recientemente ha sido nombrada para presidir esta sala.

Nos encontramos ante una mujer progresista, apasionada del derecho, que cuenta con una dilatada saga familiar de notables juristas con su bisabuelo notario, su padre juez, su madre licenciada en Derecho y de los siete hermanos que son hay seis que desempeñan funciones que tienen que ver con el Derecho por lo que hay una gran tradición familiar: un hermano magistrado en Palencia, otro Registrador, otro Inspector de Trabajo y dos Letradas en la Administración de Justicia. Además, ha compatibilizado las funciones jurisdiccionales con la enseñanza del Derecho Procesal en la Universidad de Valladolid durante veinte años.

El 30 de septiembre de 2020 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial la eligió a usted como primera mujer que preside una sala del Tribunal Supremo en sus más de 200 años de existencia ¿cómo valora este hecho? ¿Qué ha supuesto para usted personal y profesionalmente?

Ha sido una enorme satisfacción, se trata de un reto profesional y espera no defraudar y hacerlo dignamente cumpliendo todas las obligaciones que conlleva el cargo. La Sala con esta crisis por la pandemia está saturada de trabajo y con visos de que aumente exponencialmente con problemas que se acaban judicializando. En septiembre de este año podrá haber nuevas cuestiones que terminan llegando al TS y están desbordando y hay que organizar los recursos, desde la presidencia hay que hacer un esfuerzo para emplear lo mejor posible los recursos escasos con que contamos para dar respuesta rápida al justiciable.

Nuestra legislación prohíbe la diferencia salarial entre hombres y mujeres pero lo cierto es que, todavía, en nuestro país no es una realidad. ¿Qué opina sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres? ¿Cómo cree que podría darse solución a este tema?

Hay una potente herramienta legislativa que es el Real Decreto 902/2020 que establece la igualdad retributiva. Se parte del principio de transparencia para que se conozca la retribución que reciben en las empresas los trabajadores y las trabajadoras. Todas las empresas tienen que llevar un registro separado para hombres y mujeres y si la diferencia de la media por grupos profesionales es superior a un 25% la empresa debe dar una explicación objetiva y razonable al respecto. Hay otra cuestión interesante y es que, en muchas ocasiones, los puestos cualificados no llegan a ser ocupados por las trabajadoras porque los sistemas de acceso a ellos tienen unos requerimientos que las trabajadoras entienden que no podrán cumplir porque muchas mujeres no aspiran a esos puestos porque consideran que no van a poder dedicar el tiempo y el esfuerzo que estos puestos necesitan. En este sentido cuando existen cargas familiares muchas trabajadoras no optan a ellos porque entienden que debe producirse la asunción de responsabilidades familiares. 

¿Qué medidas considera necesarias para que las mujeres, y también los hombres, puedan conciliar mejor la vida laboral y familiar ahora que con la pandemia trabajamos desde casa?

Hay potentes herramientas legislativas para poderlos hacer como son la adaptación de la jornada, el turno continuado o partido, tener en cuenta las especiales circunstancias o necesidades de los trabajadores, pero en definitiva la negociación entre empresas y representantes de los trabajadores es la que puede fijar unas buenas condiciones para esta conciliación. Por ejemplo, las empresas con muchas trabajadoras que piden conciliación suelen quejarse del problema y dificultad si la mayoría quiere trabajar en una franja horaria o en otra y eso se puede arreglar con negociación que comprende toda la empresa teniendo en consideración las necesidades de los trabajadores de la empresa y tener en cuenta las necesidades de organización del empresario. En estos casos es muy difícil por los jueces dar una respuesta satisfactoria para ambas partes y por eso es preferible siempre un acuerdo entre trabajadores y empresarios.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones están muy presentes en nuestra vida diaria dentro y fuera del trabajo, por lo que en algunos casos los invaden límites horarios de manera que la jornada laboral propiamente dicha queda difuminada. ¿Qué opina sobre el derecho a la desconexión digital?

Es absolutamente imprescindible esta desconexión digital teniendo en cuenta como estamos invadidos por las TIC. Todo el mundo trabaja con ordenadores, todos recibimos mensajes y avisos a los móviles, mails, etc. Este tipo de comunicaciones pueden llegar fuera del horario laboral, puede llegar en fines de semana, al acabar la jornada laboral o incluso en vacaciones y eso inquieta mucho a los trabajadores, por eso legislativamente en la Ley Orgánica de Protección de datos personales establece el respeto a la desconexión digital para que no sea vea interrumpido el descanso diario, semanal o anual de los trabajadores. Con el fin de evitar la "fatiga informática", después de la jornada laboral, se debería cortar la posibilidad de alargarla en exceso, puesto que el trabajador necesita descansar física y mentalmente.

En los últimos años las denuncias a empresas por utilizar la figura del empleado autónomo de manera incorrecta se han visto aumentadas. La Sala IV del Tribunal supremo en sus dos sentencias de 24/01/18 y 08/02/18 unificó la doctrina y definió los criterios para poder identificar la existencia de un “falso autónomo”, sin embargo, la nueva economía presenta grietas como con los casos de Glovo o Deliveroo con  sentencias que discrepan en sus interpretaciones ¿qué línea considera adecuada?

La Sala IV ya dictó sentencia respecto a los trabajadores de Glovo y se llegó a la conclusión que era una relación laboral puesto que estos empleados han sido considerados como riders, pero en un primer momento tenían la consideración de traders por parte de las empresas.  Al tratarse de un servicio a demanda de los clientes, tanto el tipo de trabajo como el lugar del mismo quedaba diluido. Se estudiaron las características de su trabajo y se llegó a esa resolución. Es necesario y conveniente que las sentencias judiciales contemplen y resuelvan a las nuevas realidades,

Constantemente escuchamos que es necesaria una mayor flexibilidad en el mercado laboral ¿Cuál es su valoración al respecto?

Considero que la legislación surgida al hilo de la Covid-19 ha facilitado mucho la flexibilización laboral, como la movilidad geográfica, reducción de jornada, ERTES, etc. Es algo esencial que le empresa adopte la forma de prestación de trabajo a sus necesidades, de esta manera poder realizar su actividad de manera óptima.  Pero ésto tampoco tiene que llevar a un dumping social y lo que se pretenda sea la máxima ganancia a costa de reducir los derechos de los empleados.

Recientemente se ha promulgado una nueva ley reguladora del teletrabajo ¿considera necesaria alguna regulación concreta adicional en este aspecto?

El teletrabajo es la forma principal que ha llegado a utilizarse de forma generalizada por parte de la empresas, ya existía, pero ahora se ha hecho mucho más presente. Tiene aspectos positivos como la continuación de la actividad de las empresas y el consiguiente ahorro de costes. Para los trabajadores hay diferentes percepciones, puesto que parte están a favor y otros prefieren acudir a la oficina como antes de la pandemia.. Como desventaja, se debe destacar que se pierde el concepto de pertenencia a una empresa y esto se une a una menor socialización con el resto de los compañeros del trabajo.

En la actualidad se denuncia la lentitud de la justicia social pues supone señalamientos en algunos juzgados para dentro de más de dos años. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la carga del trabajo en la Sala?

En esta sala tenemos pendiente 7.200 asuntos por resolver. Todas las crisis económicas se plasman en un aumento de las demandas laborales. A nuestro Tribunal todavía no ha llegado el grueso, pero a los juzgados sí. Hay determinados asuntos que son prioritarios, como los casos de la legislación Covid-19 que al ser nueva, genera mucha conflictividad, porque una vez interpretada la norma por el Tribunal Supremo. ya no debería haber pleito. Hemos de tener en cuenta también la celeridad en la resolución de un despidos si es o no procedente.

Se está promoviendo por el gobierno una compleja red de cambios para mejorar el servicio publico de Justicia, Plan Estrategia 2030, con cambios de orgánica judicial, procesales y para incorporar las TIC. ¿Cómo lo valora?

Todo cambio que vaya a mejorar la situación debe ser siempre bienvenido y recibirlo con optimismo. Se están intentando otras vías, que hasta ahora no se empleaban de manera recurrente, como la mediación como una forma de resolver los conflictos, con el fin de llegar a un posible acuerdo y evitar judicializarlos. La figura de un tercero que permita resolver el conflicto, aproximando las posiciones de ambas partes.

La justicia utiliza términos técnicos a veces difícil de entender por parte de la ciudadanía, ¿está de acuerdo con está afirmación?

Es cierto que a veces es poco comprensible el lenguaje utilizado por los jueces y tribunales. Pero sin perder rigor, es muy importante que fuese más cercano y más entendible, ya que sería una forma de generar más confianza y comprender por qué se ha dictado una sentencia. Hemos de tener en cuenta que a veces hay asuntos tan complicados que es difícil hacerlos comprensibles,  pero sería positivo hacer un esfuerzo para conseguir que fuese más inteligible.

Y terminamos con una pregunta personal: Ha compatibilizado durante muchos años las labores jurisdiccionales con las labores docentes como profesora de Derecho Procesal, ¿qué destacaría cómo más positivo de cada una de ellas?

Tengo muy buen recuerdo de mi etapa como docente en Valladolid, donde en aquella época se hacía todo de manera presencial. La transmisión del saber es muy gratificante, poder explicar a los alumnos tus conocimientos y que le sirvan en un futuro para su desarrollo profesional. Por otro lado, también me fascina la labor jurisdiccional, el intentar impartir justicia, interpretar las normas y poder hacer del mundo un lugar más justo.

Comentarios