lunes 09.12.2019

Un juzgado declara improcedente el despido de una trabajadora para sustituirla por un robot

Además de no considerar acreditadas las cifras aportadas por la empresa para justificar el cese, la sentencia considera  que “la automatización mediante bots o robots con la única excusa de reducir costes viene a significar lo mismo que reducir el derecho al trabajo para aumentar la libertad de empresa”
Un juzgado declara improcedente el despido de una trabajadora para sustituirla por un robot

El Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia recientemente por la que se declara improcedente el despido objetivo por causas técnicas de una trabajadora de una multinacional turística, que fue despedida, tras 13 años trabajando como administrativa, para ser suplida por un programa informático del tipo RPA, para la gestión de cobros.

Según la empresa, el despido de la trabajadora se justifica por la "robotización de parte de las funciones administrativas que hasta el momento venían siendo desarrolladas directamente por el personal", a fin de "aumentar la competitividad de la empresa dentro del mercado y mejorar los resultados en términos de eficiencia y coste".

Sin embargo, el juez considera no solo que no han quedado debidamente acreditados los términos objetivos en los que se justifica el cese de la trabajadora ("habría sido necesaria una pericia sobre si efectivamente la RPA hace en 55 segundos lo que antes se hacía en 15 minutos, y sobre si efectivamente la actora hacía en 15 minutos lo que ahora parece que se hace en 15 segundos"), sino que para justificar un despido en razones objetivas es necesario acudir a una causa “excepcional”, circunstancia que no concurre en la automatización de tareas, pues todos los estudios apuntan a que “la automatización de procesos como la operada en el caso presente implicará una destrucción de empleos de al menos el 35% de la población activa” en los años venideros, algo que hace necesaria "una reinterpretación del concepto de 'causas técnicas' para el despido objetivo".

Implantación de un RPA para la gestión de cobros

Según los hechos probados, la empresa, dedicada al sector de la hostelería, ya venía haciendo uso de un Programa de Gestión Hotelera para atender el tratamiento de las reservas de alojamientos y su registro; ventas, facturación, marketing y cobros; limpieza, servicios de conserjería etc. y de un SAP, un Sistema de aplicaciones y productos para el procesamiento de datos.

En diciembre de 2018, la demandada adquirió la licencia de un software de tipo RPA, acrónimo de Robotic Process Automation, o Automatización Robótica de Procesos, un software orientado a realizar tareas repetitivas, mecánicas y que varían muy poco en cada iteración.

Este RPA instalado en los servidores de la demandada ha sido destinado a las tareas de reclamación y compensación de cobros (conciliación de cobros). Según se explica en los hechos probados en la Reclamación de Cobros, el usuario introduce datos en un Excel Maestro de Reclamaciones, el robot verifica su hay reclamaciones pendientes de envía, descarga informe sobre las facturas pendientes de pago, realiza un tratamiento de datos del cliente y le envía por email el informe generado de reclamación. Mientras que en la compensación de cobros, el robot lee las cartas de pago que le envían los operadores turísticos, extrae los datos, realiza la compensación en el SAP y anexa la carta de pago en el SAP.

Esta máquina,  “realiza tareas desde las 17.15 hasta las 6.00” en los días laborales, y “en los festivos trabaja 24 horas”.

Automatización de tareas a través de un software

En su sentencia, el magistrado Javier Ercilla García explica que si bien “Se señala por la demandada que se ha procedido a la 'robotización de parte de las funciones administrativas que hasta el momento venían siendo desarrolladas directamente por el personal’ Desde un punto de vista puramente técnico, la empresa no ha procedido a la robotización, sino a la automatización a través de software, es decir, no existe "robot" físico alguno que haya asumido tareas, sino que un software dotado de reconocimiento óptico de caracteres, lee determinados documentos, extrae la información y hace con ella aquello para lo que está programado. Pero en ningún caso se trata de un robot, dado que para que ello así sucediera, debería de existir "la forma del soporte físico del robot", como exige el Parlamento Europeo. 

Se trata, en definitiva, del uso de ‘software’ en ‘bots’ para realizar tareas corporativas rutinarias, como el procesamiento de formularios, entrada de datos, etc.

Y si bien el juez da por cierto “que toda automatización suele conllevar una mejora en la eficiencia”, considera que en este caso, no se ha procedido a una acreditación específica, con números concretos y detalle explicativo de los mismos, ni que efectivamente la RPA hace en 55 segundos lo que antes se hacía en 15 minutos, ni sobre si efectivamente la actora hacía en 15 minutos lo que ahora parece que se hace en 15 segundos”.

Por ello, estima que en “el caso presente, no había una carga de trabajo inasumible que justificara la introducción de un elemento robótico que se encargara de dicho excedente de trabajo, igualmente, no ha quedado probado que el descenso de trabajo haya implicado la conveniencia, por ser mas “económico”, de tener un ‘bot’ trabajando 24 horas al día, frente aun trabajador cuyos derechos son no trabajar más de 40 horas semanales de jornada ordinaria. La razonabilidad de la medida no puede encontrarse en la mera conveniencia económica de introducir un “instrumento” que trabaje 392 horas al mes, frente a una “persona” que por derechos sociales alcanzados, no debería trabajar más de 160 horas al mes, ni por la mejor conveniencia económica de pagar 12.900 euros anuales por una licencia, frente a los 28.412,44 euros anuales de un trabajador, suponiendo un ahorro en Salarios y sobre todo en Cotizaciones a la Seguridad Social, esta última, la que sostiene el Estado Social (art. 1 CE)”.

Automatización y libertad de empresa

El Juez añade “se hace necesario volver a acudir a los dos elementos que se enfrentan en un despido objetivo, a saber, la Libertad de Empresa y el Derecho al Trabajo, pero por encima de ellos, se encuentra el interés público en el mantenimiento del empleo. Y este interés público nace de una de las características propias de nuestro estado, a saber, el ser un Estado Social, que reconoce derechos y ofrece una serie de garantías. En el presente caso nos encontramos ante un fenómeno que supera lo puramente “técnico”, y que supera incluso la “libertad de empresa”, alcanzando a la estabilidad del empleo en su conjunto, como es la automatización de labores repetitivas que no ofrecen un valor añadido”.

Mas información en Diario La Ley de Wolters Kluwer 

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