sábado 25/9/21

Gallardón y Catalá avalan que el fiscal instruya, pero piden más independencia

Los exministros de Justicia del PP Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá han mostrado este miércoles su apoyo al anteproyecto de ley que dejará la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales, pero han pedido acompañarlo de reformas que refuercen la independencia del Ministerio Fiscal

Ministerio de Justicia
Ministerio de Justicia

Ambos han participado en un coloquio celebrado en la sede del Ministerio junto al actual titular del departamento, Juan Carlos Campo, y han expresado un inusual consenso ante una de las principales reformas que quiere impulsar Justicia esta legislatura.

Gallardón ha recordado que cuando en 2011 llegó al Ministerio ya había sobre la mesa un anteproyecto para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), con 140 años de antigüedad, y los sucesivos responsables de Justicia siguieron trabajando en la iniciativa, que no llegó a ver la luz por distintos avatares políticos.

Los dos exministros del PP han avisado de que habrá resistencias a la reforma y han abogado por buscar amplios consensos, pero han coincidido en la necesidad de que los fiscales investiguen las causas penales y que los jueces se centren en preservar la "igualdad de armas" de acusación y defensa y en juzgar.

Gallardón ha dejado claro su apoyo "incondicional" a una reforma que acabará "con un proceso inquisitivo en el que es el mismo organismo el que investiga y juzga" y Catalá ha elogiado un texto que fortalece las garantías de la defensa.

Pero han coincidido también en la necesidad de que el proyecto vaya acompañado de reformas del Ministerio Fiscal, para evitar que los ciudadanos sigan desconfiando de la justicia.

Campo ha destacado que el anteproyecto prevé que en el plazo de un año desde la aprobación de la ley se reformará el estatuto del Ministerio Fiscal, pero los dos exministros han pedido ir más allá y reformar el sistema de elección del fiscal general del Estado, en manos del Gobierno.

"El reto es que el ciudadanos no desconfíe del ministerio fiscal por estas nuevas atribuciones" y "lanzar el mensaje de que no existe la más mínima posibilidad de interferencia política en la instrucción", ha recalcado Gallardón, quien ha propuesto una mayor intervención del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso en la designación del fiscal general.

Sin citar a la actual fiscal general, la exministra Dolores Delgado, Catalá ha apostado además por establecer un régimen de incompatibilidades, para que no pueda acceder al cargo quienes hayan desempeñado responsabilidades políticas.

Campo ha eludido hablar de esas posibles reformas adicionales, pero ha destacado que el objetivo es que sea un "proyecto colectivo": "no puede ser una ley del PSOE", ha manifestado consciente de las dificultades de alcanzar consensos en el actual clima político.

El ministro, que ha apostado por reforzar la autonomía de los fiscales, ha hecho hincapié en la necesidad de sacar adelante un proyecto que, ha recalcado, homologará el sistema penal español con el europeo.

Y ante las reticencias de algunos jueces por la pérdida de competencias, ha asegurado que "nunca ha habido en el proceso penal más juez", ya que serán ellos quienes garanticen el respeto a los derechos fundamentales en la investigación, quienes decidirán la apertura de juicio oral y quienes juzgarán. 

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