jueves 2/12/21

1.     INTRODUCCIÓN

Un Estado de Derecho se caracteriza por el imperio de la Ley, donde el ciudadano (que ha dejado de ser súbdito o esclavo) y la Administración Pública están sometidos a “…la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, como proclama enfáticamente el  artículo 9.1 de nuestra Carta Magna (en adelante, CE).

En ese Estado, los ciudadanos tienen deberes ante la sociedad y sus instituciones político-administrativas, entre los cuales, se encuentra el primordial de pagar impuestos (recuérdese el“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos…”, artículo 31.1 CE), pero también disponen de derechos y de garantías y, ente estas últimas, se encuentran los procedimientos administrativos que señalan qué puede hacer la Administración y cómo, cuándo y con qué medios e instrumentos puede y debe ejecutarlo.

Por su parte, la Administración Pública no es todopoderosa, ni omnisciente, ni irresponsable, sino que tiene límites, deberes y cargas. No sólo ha de cumplir la legislación, sino hacerlo de la manera más eficaz y eficiente posible, así como evitar cualquier arbitrariedad o discriminación en el ejercicio de esos poderes derivados que, democráticamente, el pueblo le delega para cumplir con funciones sociales y públicas, no particulares o en beneficio del funcionario o trabajador público.

Es más, ni siquiera un cumplimiento estricto de la Ley o un seguimiento riguroso de las normas procesales son hoy suficientes, ni para el ciudadano, ni para la Administración.

Nuestro Estado no sólo es de Derecho, sino “…social y democrático de Derecho”, el artículo 1.1 de la Ce “dixit” y ello obliga al ciudadano (persona física o jurídica) a un comportamiento solidario con los demás, a sostener el Universo, la madre Gaia, con una actuación ecológica cuidadosa, a pensar en las generaciones futuras y actuar de manera ética, con responsabilidad social, corporativa (empresas) o privada.

Por su parte, las Administraciones Públicas deben perseguir en sus actuaciones intereses generales, no de partido, grupo o localidad y a tratar con respeto y consideración a unos administrados, de cuyos impuestos dependen, no olvidando que son, a la postre, servidores públicos, servidores de la sociedad.

No es de extrañar que, en sociedades avanzadas, muy alejadas de esta España tahúr, zaragatera y triste, donde la avaricia, el compadreo y la ausencia de ética acampan por doquier; la transparencia, las buenas prácticas y la responsabilidad social de ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas sean el eje de la vida pública y privada.

2.     INSPECCIÓN TRIBUTARIA Y CIUDADANÍA

En ese marco han de entenderse e integrarse, las funciones que cumple el procedimiento de inspección tributaria y el papel que juegan en el mismo los obligados tributarios y sus representantes, cuando a él someten y los funcionarios públicos que son competentes para su realización.

El tributo, no lo olvidemos, es la forma moderna que las sociedades democráticas han inventado, para satisfacer la provisión de bienes y servicios públicos que el Estado del Bienestar y el modelo de economía social de mercado (tan amenazado por pseudo-liberales de toda laya, los cuales predican ajustes en los pobres, sin que ninguno de ellos haya “ajustado” sus salarios y prebendas) necesitan.

Este modelo no es, como cualquier obra humana, una construcción perfecta, pero tampoco la Humanidad ha encontrado hasta la fecha un sistema social donde cohabiten en equilibrio, siempre imperfecto y temporal, el respeto y fomento a las libertades individuales con la satisfacción de necesidades sociales básicas como son el fin del hambre o la sanidad y educación universales y gratuitas.

El tributo es, pues lo “que pago a cambio de civilización” y, siendo el hombre fundamentalmente egoísta, conlleva su exacción de manera coactiva, vinculada al “deber de contribuir” de los ciudadanos (artículo 2.1, primer párrafo, de la norma básica de nuestro Ordenamiento Tributario; Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; en adelante, LGT); por eso, para cobrarlo, la Administración Tributaria se dota, a veces, de poderes inquisitivos, de facultades muy relevantes y sujeta a obligaciones a los administrados de naturaleza muy variada, las llamadas “obligaciones tributarias”.

Cierto es que, en las sociedades modernas, el contexto, el crecimiento de la responsabilidad ciudadana, el convencimiento generalizado en el carácter adecuado de la provisión de servicios públicos que da el Estado, la solidaridad y otras causas, conllevan que la mayor parte de la recaudación se obtenga mediante métodos de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, mecanismos de ilusión financiera  o que, incluso, se estén desarrollando procedimientos de cumplimiento cooperativo.

Sin embargo, nadie puede llamarse a engaño, debemos reconocer (especialmente, en esta España de casta política, directiva y empresarial ausente de ética e incumplimiento generalizado de cualquier responsabilidad social corporativa) que es imprescindible la coactividad, el cumplimiento “inducido” mediante sanciones y el ejercicio de la exacción ejecutiva de los tributos para lograr  el pago de los impuestos.

Para ello, existen la Inspección Tributaria y otros procedimientos de aplicación de los tributos, como los denomina el artículo 83 LGT; es más, la escasez de medios personales y materiales de nuestra Agencia Tributaria (con uno de los “ratios” más bajos de funcionarios por población en la OCDE) y la debilidad del procedimiento de Inspección (tantas veces denunciada por la Organización Profesional de Inspectores) conllevan que se hagan pocas inspecciones tributarias, que éstas sean excesivamente largas y que no se efectúen en tiempo real, sino muchos años después de haber nacido el hecho imponible que controlan, con los costes de cumplimiento y de otro tipo que toda dilación administrativa conlleva.

En el procedimiento de Inspección Tributaria, en consecuencia, las facultades de la Administración y de sus servidores: Inspectores, Técnicos y Agentes Tributarios, se encuentran al máximo y, en consecuencia, los derechos y garantías de los contribuyentes (muy importantes en otros procesos tributos, verbigracia, en los relativos a las devoluciones de ingresos indebidos) son menores, pero, frente a la demagogia de algunos (sujetos interesados, precisamente, en no ser inspeccionados), tales derechos y garantías existen y son ejercidos y cumplidos, en primer lugar y, como no podía ser por menos, por la propia Inspección Tributaria.

Y existen porque la Inspección Tributaria, como cualquier órgano administrativo, no actúa arbitrariamente, a su antojo, sin orden, ni concierto, sino “sometida a la Ley y al Derecho”, en el marco, en suma, de un procedimiento de inspección tributaria, regulado, básicamente, en los artículos 141 a 159, ambos inclusive, LGT y artículos 177 y siguientes de su norma básica de desarrollo, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio; el conocido (¡oh siglo de siglas¡) por RGAT.

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