martes 28.01.2020

Entrevista al Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

Hoy entrevistamos a Gabriel De Diego, Decano de los Procuradores de Madrid desde 2015
Entrevista al Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

Cántabro de nacimiento, Gabriel Mª de Diego obtiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerciendo como Procurador de los Tribunales desde 1.986. Fue profesor de Derecho Penal en la Academia Regional de Seguridad de la Comunidad de Madrid, habiendo impartido clases prácticas en 5º curso de Derecho de la Universidad Complutense. Profesor del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en el Máster de Habilidades de la Abogacía. Colaborador de las Universidades Europea de Derecho, Francisco de Vitoria y Antonio de Nebrija, en actividad docente relacionada con la Procura. Profesor en la Universidad Complutense, en el Máster Acceso a la Abogacía. Ha asistido a varios Seminarios, relacionados con la Contabilidad de Colegios Profesionales. Es coautor del libro: “Legislación procesal Española para Procuradores de los Tribunales” editado por Colex.

Ha desempeñado el cargo de Tesorero del Consejo General de Procuradores durante los años 2000 y 2001. El 10 de mayo de 2005 fue elegido para desempeñar el cargo de Tesorero del Colegio en el que permaneció ininterrumpidamente hasta el 24 de febrero de 2015, fecha en la que tomó posesión del cargo de Decano del Colegio.

¿Qué ventajas supone contar en un procedimiento con un procurador?

El procurador es un especialista en derecho procesal con una misión importantísima en cuanto al cumplimiento de plazos y requisitos procesales.

Una buena representación requiere de un profesional que investigue, ejecute y, sobre todo, dinamice el proceso judicial. El procurador es básico en el organigrama de futuro de la Administración de Justicia.

¿Por qué cree que siempre ha sido una profesión tan desconocida para la ciudadanía en general?

Porque, a pesar de que somos somos el enlace entre la Administración de Justicia y el justiciable nuestro contacto con él es esporádico, y con quien mantenemos una comunicación continua y una estrecha colaboración es con el abogado. Nuestra labor es ejercer la representación procesal, y conlleva un trabajo diario ejecutado a nivel interno, burocrático y en contacto con el Tribunal

Estamos trabajando para poner en valor nuestra profesión; por ese motivo, en los últimos 5 años en el Colegio de Procuradores de Madrid hemos desarrollado una intensa actividad de difusión de la procura.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la Procura ahora mismo?

Ampliar nuestras funciones para que, colaborando con los órganos judiciales, agilicemos la justicia, por ejemplo con más funciones en la ejecución y en los actos de comunicación.

La sociedad actual nos demanda una mayor implicación en los intereses de la ciudadanía, por lo que estamos desarrollando funciones para la mejor atención a las víctimas de violencia de género, delito de odio y de la población reclusa de los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid.

Otro reto importante es avanzar en la digitalización de la Justicia, continuar con el proceso de transformación y modernización de nuestro ejercicio profesional. Esto redundará en un servicio más rápido y  ágil para la Administración de Justicia y, por supuesto, para el ciudadano.

¿Qué papel juegan los procuradores con la proliferación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Justicia con Lexnet, papel cero, etc?

La idea de Lexnet partió de los procuradores. Somos los impulsores por ser conocedores de la necesidad de tener una administración de Justicia ágil y eficaz y, a día de hoy, somos el colectivo más informatizado dentro de todos los operadores jurídicos.

Desde el año 2017 el ICPM recibe una subvención para la gestión del Servicio de Representación Procesal. ¿Qué actividades realiza el servicio concretamente? Este servicio ofrece información procesal al ciudadano, atiende a los internos de los internos de los centros penitenciario de la Comunidad de Madrid, estamos presente en el módulo penal de Albarracín prestando asistencia en la oficina de atención a las víctimas y poniendo en marcha un turno para las víctimas de violencia de género y delitos de odio

Con la reforma de la LEC en el año 2015 se otorgó a los procuradores la capacidad de certificación y usted lo calificó de “algo revolucionario” que consolidaba “la labor de servicio público de la procura”.  ¿Qué es el Servicio de Actos de Comunicación, cuál el balance de estos años y cuáles han sido los hitos que usted destacaría?

La Ley de Enjuiciamiento Civil, ordena a los Colegios de Procuradores la puesta a disposición de sus colegiados de servicios necesarios para la práctica de los actos de comunicación. Los Procuradores, que desde el 2009 tienen esta competencia, fueron reconocidos con la reforma de la LEC con capacidad de certificación, lo que supone una mayor facilidad a la hora de la realización del acto de comunicación y una importante mejora en los tiempos para su realización, lo que sin duda es un beneficio para el justiciable y para la administración.

Personalmente, considero que esa capacidad supuso un momento histórico y revolucionario y una consolidación a la labor de servicio público de la procura. Para que nos hagamos una idea, los procuradores hacemos los emplazamientos en 3 (días, en lugar de la media de mes y medio.

Sin duda el balance es muy positivo, al ver como la realización de estos actosde comunicación por parte de los procuradores y el servicio creado por el colegio se va incrementado año a año.

¿Qué problemas tienen los procuradores para prestar el servicio de turno de oficio de Justicia Gratuita?

Además de la baja retribución, otro problema surge al ser prestado el Turno de Oficio de forma obligatoria. Según la reforma de la LAJG y dado que el art. 188 de la LEC no contempla la suspensión de las vistas por enfermedad o cualesquiera avatares personales del procurador (por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica de un pariente…) como el resto de los trabajadores, conforme establece el art. 37.3 del Estatuto de los Trabajadores), provoca que sea  imposible compatibilizar la conciliación familiar y la prestación del servicio de turno de oficio, y cuando se hace es a costa del procurador/a que debe asumir personalmente los gastos derivados de la sustitución por otro compañero.

Es imperioso poner en marcha de un servicio de guardias que permita cubrir las bajas y, en consecuencia, conciliar la vida laboral y familiar del procurador.

¿Cuál es su posición respecto a las amenazas, acoso y agresiones a Procuradores/as del turno de oficio de Justicia gratuita?

Los procuradores y abogados debemos ser considerados autoridad pública, tal y como sucede con médicos o profesores. Somos un actor más de la Justicia y, por tanto, exigimos la misma protección penal. Si el Código Penal contemplara a la abogacía y la procura como autoridad pública, contribuiría a dignificar la profesión, provocaría que cualquier amenaza o agresión a un procurador o abogado se sancionara de forma agravada y, en consecuencia, enviaría un mensaje a la ciudadanía para que muchos tengan en cuenta las consecuencias penales.

Debemos tener en consideración que aproximadamente el 70% de las designaciones del turno de oficio son en el ámbito penal y, por tanto, los profesionales que prestan el servicio se relacionan con un sector más conflictivo que otras profesiones.

¿Qué opinión tiene de la retribución que reciben los profesionales que prestan el servicio de turno de oficio?

Todos los profesionales del Derecho conocemos la insuficiente retribución del turno de oficio en general y particularmente en la “zona Ministerio”, que no cubre en la mayoría de los casos ni tan siquiera los gastos derivados de la prestación del servicio (gastos necesarios para el ejercicio de la profesión como son: informáticos de software y hardware, seguro de responsabilidad, protección de datos, gastos de locomoción, correo y teléfono; suministros como la línea de fibra óptica o ADSL, electricidad, alquiler del despacho, etc.), con lo que la retribución por el trabajo es cero, en la mayoría de los casos. Por tanto, reclamamos de la administración autonómica la subida de los baremos y de la Administración central una subida sustancial equiparándolos a los de la Comunidad Autónoma.

Está pendiente de tramitarse un anteproyecto de ley en el que, entre otras cosas se plantea que el Master de la Procura sea común con el de la Abogacía. ¿Cómo se valora desde el Colegio esta posibilidad?

La abogacía y la procura son dos profesiones diferentes, por tanto sería lógico que hubiera dos exámenes diferentes. Evidentemente, ambos tienen muchos puntos en común, y es lícito que un profesional desee cambiar de una profesión a otra. Por tanto, sería interesante plantear alguna homologación, requisitos, asignaturas, etc. para que quien tenga un máster pueda obtener el otro de una forma ágil.

El Colegio ha puesto en marcha un profundo saneamiento de sus cuentas y en 2018 cerró con beneficios. ¿Qué medidas pondrá en marcha en 2020 para seguir esta senda positiva?

Seguir trabajando en la contención del gasto corriente, esto nos permitirá realizar inversiones en tecnología para la optimación de los recursos colegiales. Con mejores servicios para nuestros procuradores y los ciudadanos. Y, por supuesto, seguir trabajando en políticas de comunicación para la difusión de la procura.

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