viernes 26/2/21

El juzgado rechaza imputar a varios altos cargos políticos en el caso `Hulla´

La jueza de Oviedo que instruye el denominado caso Hulla ha denegado la imputación del ex secretario de Energía Pedro Luis Marín y de otros tres ex altos cargos del Instituto del Carbón así como del ex consejero de Industria del Principado Graciano Torre al descartar posibles responsabilidades en la concesión de 30 millones de euros en ayudas para la construcción de un geriátrico con cargo a los fondos mineros

carbón

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ha dictado un auto por el que rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado mes de enero solicitó la declaración como investigados de Marín, Torre y de los tres ex altos cargos del Instituto del Carbón como presuntos autores de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

A este auto se suma otra providencia de la jueza instructora en la que cita al ex alcalde de Aller, el socialista Gabriel Pérez Villalta, para declarar en calidad de investigado el próximo 19 de marzo por el delito de prevaricación que le imputa Anticorrupción por su supuesta participación en el desvío de fondos públicos.

La jueza sostiene que la “desatención y favorecimiento” del desvío de fondos que les imputa la Fiscalía habría tenido lugar “de forma inequívoca e indiscutible” en Madrid, sede del Instituto del Carbón, y que, por tanto, su juzgado carece de competencia para esclarecer las presuntas irregularidades y añade que incluso el delito de prevaricación que se les imputa tendría un plazo de prescripción de diez años por lo que habría transcurrido “en exceso” este plazo.

Dado que el convenio por el que se concedió la subvención tuvo lugar en los años 2008 y 2009 lo mismo ocurre en el caso de la Mesa Regional de la Minería y de las comisiones de cooperación entre el Instituto del Carbón y el Principado en las que participó el exconsejero.

La jueza instructora señala en el auto que a la falta de competencia se suma el hecho de que no le consta que ni los políticos ni los ex altos cargos tuvieran conocimiento ni del sobrecoste ni de las demás circunstancias del proyecto que se presentaba a la mesa regional, al igual que cree que también desconocían las irregularidades en la tramitación del expediente seguido en Madrid.

A su juicio, resulta “dudoso” que las decisiones políticas adoptadas en modificación de los requisitos legalmente establecidos en su día para lograr la total subvención del proyecto, y que culminaron en una reforma legislativa aprobada por la vía correspondiente, puedan ser revisadas en el curso de la investigación del caso Hulla.

Anticorrupción inició esta investigación después de que el secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, y el ex presidente del Montepío de la Minería Asturiana, José Antonio Postigo, se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico, financiado con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.

Las pesquisas llevaron además a investigar a todos los miembros de la corporación de Aller que dieron su visto bueno a la compra de los terrenos y su posterior cesión a la mutualidad minera, un proceso que fue sobreseído por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras hacerse cargo del mismo por la condición de aforada de la entonces concejala del PP y actual diputada autonómica y presidenta de esta formación en el Principado, Teresa Mallada. EFE

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