sábado 23/10/21

El amigo de Ardines tardó ocho meses en madurar su asesinato, según el fiscal

Los celos motivaron el asesinato con alevosía y mediando precio que la Fiscalía achaca a los cuatro detenidos por la muerte del concejal de IU de Llanes Javier Ardines, entre ellos el presunto inductor del crimen, Pedro L.N.A., que tuvo ocho meses para madurar el plan desde que se enteró de la infidelidad de su esposa

Pedro L.N.A ardines

Ardines fue objeto el 16 de agosto de 2018 de una emboscada en la que dos sicarios no profesionales contratados por el marido de su amante le aturdieron con gas pimienta y golpearon por la espalda con un palo y un bate de béisbol antes de ser estrangulado, según el relato del fiscal.

El Ministerio Público ha trasladado este viernes a los cuatro investigados los hechos que les imputa en este momento del procedimiento, tal y como establece la Ley del Tribunal del Jurado, en una comparecencia que ha tenido lugar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes.

Tras la comparecencia, que ha sido seguida por los dos presuntos sicarios desde la sala del juzgado, y por videoconferencia desde prisión por los otros dos investigados, la magistrada juez ha acordado continuar con el procedimiento para llevar a un juicio con jurado popular a los cuatro investigados.

La Fiscalía imputa delitos de asesinato, al igual que la acusación particular, a los cuatro investigados: a Pedro L.N.A., amigo de la víctima, como inductor; a los dos presuntos sicarios de nacionalidad argelina (M.K. y D.B.), como coautores, y a J.M.B., presunto intermediario, como cooperador necesario.

El ministerio público, que no concretará la petición de pena para cada uno de ellos hasta que no presente el escrito de acusación, considera que Pedro L.N.A. descubrió en diciembre de 2017 el idilio que su mujer mantenía con la víctima tras grabarles una conversación telefónica y que, tras hacérselo saber a su esposa, en julio de 2018 decidió acabar con la vida del concejal.

Según el fiscal, la relación encubierta entre Ardines y la prima de su esposa se remontaba a más de treinta años atrás y se desarrollaba en Llanes coincidiendo con los periodos vacacionales que ella, residente en el País Vasco, pasaba en el concejo llanisco junto a su marido.

El ministerio público considera probado que para cumplir con su decisión buscó la intermediación de J.M.B, que a su vez contactó con los dos argelinos, con los que negoció el precio para acabar con la vida de Ardines.

El inductor del crimen se reunió con el intermediario y uno de los sicarios el 27 de julio para darles indicaciones de cómo acabar con su vida, y el 1 de agosto los dos argelinos hicieron un primer intento a pocos metros de la casa del concejal, una zona rural aislada y boscosa, rodeada de prados y monte bajo en la que colocaron una valla para intentar bloquear el paso del coche de Ardines.

Tras salir mal este intento, la Fiscalía considera que Pedro L.N.A. convenció con más dinero a uno de los dos sicarios, reticente a seguir con el plan, para que matasen a Ardines una vez pasado el 10 de agosto y hubiesen finalizado las fiestas locales, para evitar que hubiese mucha gente.

En la madrugada del 16 de agosto, sobre las 4:30 horas, los dos sicarios colocaron dos vallas y se escondieron junto al camino por el que iba a pasar Ardines, que se vio obligado a bajar de su furgoneta para apartarlas, momento que aprovecharon para rociar su cara con gas pimienta.

El edil salió corriendo perseguido por los sicarios, pero cayó al suelo de rodillas tras ser golpeado con el palo o el bate de béisbol que portaban sus perseguidores, uno de los cuales le estranguló por la espalda cuando se encontraba boca abajo.

El crimen de Ardines exigió una compleja investigación que dio lugar a varias detenciones seis meses después del asesinato.

El último en entrar en prisión provisional fue el argelino D.B., el pasado 14 de mayo, después de que fuera entregado a España por las autoridades suizas tras cumplir una condena por otros delitos.

El 19 de febrero de 2019 ya había sido detenido en su vivienda de Amorebieta, en Vizcaya, donde el mismo día también fueron detenidos los dos supuestos sicarios, D.B., y J.M.B., que según los investigadores pudo servir de enlace entre el inductor y los autores materiales.

En su declaración ante la jueza, D.B. afirmó que el inductor les pagó a él y al otro supuesto autor material 25.000 euros y al mediador otros 10.000, aunque su compatriota M.K. ha rechazado su participación y que estuviera en Llanes el día del crimen, pese a que la señal de su móvil le situaría en la zona.

La autopsia reveló que el concejal murió de varios golpes en la cabeza y nuca con un objeto contundente de forma que sólo pudo moverse unos metros antes de caer desplomado donde poco después fue encontrado cadáver por un vecino. 

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