martes 19/1/21

El futuro modelo procesal necesitará mínimo 6 años y reformas en leyes clave

El Gobierno ha dado el primer paso para cambiar el modelo procesal con la creación del fiscal instructor en sustitución del juez, una norma que en el mejor de los casos tardará, al menos, seis años en ejecutarse y que obligará a reformar otras leyes, lo que supondrá una revolución en el sistema judicial

Se trata del anteproyecto de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una vieja aspiración frustrada de los últimos gobiernos del PP y PSOE, que tampoco lo tendrá fácil en esta ocasión al afrontar un largo recorrido parlamentario y un posterior desarrollo para su implantación en el sistema judicial hasta su entrada en vigor, eso si no se queda en el cajón, como ha sucedido en otras ocasiones.

Porque la norma recoge una "vacatio legis" (periodo que tarda una ley entre que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su puesta en marcha) de un mínimo de seis años hasta su funcionamiento, tiempo en el que se deberán abordar otras reformas estructurales de enorme calado en leyes como, por ejemplo, la del Poder Judicial o el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para encajar la Lecrim.

Investigación de delitos

Esto es debido a que se trata de la primera vez en España que se va a producir, si culmina con éxito, una transferencia de funciones de un órgano a otro, en este caso de la dirección en la investigación de los delitos, que pasará del juez al fiscal.

Solo de esta forma la nueva Lecrim podrá funcionar de forma eficiente, dado que el cambio de modelo es tan estructural que precisa como mínimo de un tiempo prolongado de seis años, aunque esto luego puede variar al ser una propuesta inicial.

Pero también para dotar de los medios humanos y materiales suficientes para garantizar el funcionamiento de este nuevo modelo, como será ajustar las plantillas de jueces y fiscales.

Ahora bien, este periodo se contaría desde la aprobación de la norma, cuya tramitación puede conllevar años e incluso no agotar esta legislatura, aunque también cabe que se quede en un cajón, como ya ocurrió en 2011 y en 2013.

Con todo, este martes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado que la reforma integral del proceso penal español no es una necesidad, sino "un ejercicio de coherencia constitucional y de cumplimiento del mandato de la UE", que "supone una obligación política".

Esto es así porque en paralelo a la Lecrim, el Gobierno ha aprobado otro anteproyecto de ley que incorpora a nuestro ordenamiento la nueva figura del fiscal europeo, de manera que "atribuir la investigación al fiscal no es ya una opción, sino una obligación establecida de forma clara y directa por la UE".

Unión Europea

De hecho, el ministro ha destacado que la aprobación del Reglamento de la Fiscalía Europea en 2017 constituye el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español, puesto que viene a introducir, por mandato directo de la Unión Europea, la figura del fiscal investigador en nuestro sistema jurídico, cuyas funciones son "investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión".

Así se explica la estrecha relación que existe entre la nueva Lecrim y la Ley de Fiscalía Europea, ya que "comparten un mismo espíritu, el de la investigación penal moderna y europea a cargo del ministerio fiscal", como sucede en todos los países de nuestro entorno, a excepción "tímidamente" de Francia y Austria.

Para ello, Justicia ha tenido en cuenta los trabajos previos de los anteriores Gobiernos que trabajaron sin éxito en esta nueva ley, así como la jurisprudencia del Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos humanos para modificar una ley que tiene 138 años y ha sufrido ya 77 reformas.

En esos trabajos ya se contemplaba suprimir a partidos y sindicatos del ejercicio de la acción popular. Ahora, la reforma pretende que ni unos ni otros ejerzan de acusador público alternativo al fiscal, sino que lo haga la ciudadanía, ya que ambos forman parte de las instituciones y son personas jurídico públicas.

Lo que no recoge el anteproyecto es cómo desarrollará el Ministerio Fiscal su trabajo, ya que la reforma se limita a implantar un nuevo modelo procesal pero sin entrar en el terreno práctico. Según Campo, habrá que hacer "muchos retoques" en la futura organización de la Fiscalía, la piedra angular del nuevo proyecto.

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