sábado 24/10/20

Tercera condena a Aragón por no dar equipos adecuados de protección sanitaria

El Gobierno de Aragón ha recibido una tercera condena por vulnerar los derechos fundamentales del personal sanitario al no proporcionarle equipos de protección individual (EPI) adecuados para garantizar su seguridad frente a contagios por COVID-19, esta vez del Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza

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Esta sentencia, hecha pública este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), se suma a las ya emitidas desde principios de junio por los juzgados de lo social de Teruel y Huesca, que condenaron a la Administración sanitaria regional por no garantizar la integridad física de los sanitarios de ambas provincias.

La condena, en respuesta a la denuncia interpuesta por los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón (FASAMET), considera responsables al Servicio Aragonés de Salud (SAS), al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y al Gobierno aragonés de la falta de EPI en las primeras semanas de propagación de la pandemia.

La magistrada del Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza obliga a la Administración regional no sólo a proporcionar equipos de protección adecuados, sino a reponerlos cuando sea necesario, "previa evaluación del riesgo y en función del grado de exposición al riesgo" del personal sanitario.

La jueza rechazada las alegaciones planteadas desde el Gobierno aragonés de "fuerza mayor" para justificar que no le sea exigible el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de la salud en el trabajo.

Argumenta a este respecto que la Ley General de Salud Pública destaca que las actuaciones de las administraciones inciden en la necesidad de adoptar las "medidas preventivas necesarias" para evitar un colapso de la salud pública.

Un colapso, subraya la sentencia, que "en parte pudo venir propiciado por la falta de medios que se proporcionaron a los profesionales sanitarios".

La magistrada responsabiliza al Gobierno aragonés de haber vulnerado, "de forma innegable", el derecho a la integridad física del personal sanitario, y resalta que la conducta "omisiva" de las administraciones en cuanto a la falta de acopio y aportación "insuficiente" de EPI vulnera el derecho fundamental a la vida de las personas.

Añade a este respecto que "este riesgo, lamentablemente, además consta materializado, pues un médico de atención primaria del centro de salud San Pablo de Zaragoza ha fallecido por la COVID, y son numerosos los sanitarios que han resultado contagiados".

Desde FASAMET han considerado la sentencia "muy oportuna", debido a los numerosos brotes de la enfermedad registrados en Aragón y a la solicitud a la administración sanitaria aragonesa, por este motivo, de EPI en "cantidad suficiente" y de "calidad homologada" para los profesionales de Atención Primaria en un momento de "empeoramiento" de la situación.

"Un empeoramiento de la situación -asegura este sindicato en un comunicado- a la que alude la magistrada y que incrementa el riesgo de exposición al virus a la que previsiblemente están sometidos los profesionales sanitarios".

En su opinión, los brotes exigen en Atención Primaria no sólo contar con equipos de protección, pruebas y material sanitario, sino también el refuerzo de las plantillas. 

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