domingo 19/9/21

Estas son las consecuencias que puede acarrear cometer un fraude contra el seguro

Más allá de perder el derecho a la indemnización por el percance sufrido, se puede incurrir en un delito de estafa o de falsedad documental

seguro

Cuántas veces habrán leído, escuchado o dicho aquello de que España es el país de la picaresca. La pillería hecha refrán en el “quien hizo la ley, hizo la trampa” es algo tan arraigado a la cultura nacional que basta con echar un vistazo al pasado para darse cuenta de que esta cualidad lleva siglos siendo inherente a la sociedad española. Buena muestra de ello es la literatura, que siempre ha sido reflejo del día a día y que ya en el año 1554 retrataba en La vida de Lazarillo de Tormes que esta actitud está vinculada en mayor o menor medida, y como si de un cliché se tratase, a la gente que vivía en la península Ibérica.

Está claro que los tiempos cambian y que las formas de intentar sacar tajada de las nuevas situaciones que se presentan también lo hacen. Si bien la pandemia sirvió de ejemplo para demostrar las distintas triquiñuelas utilizadas por determinados ciudadanos para eludir las restricciones impuestas por el Gobierno, cabe reseñar que estas artimañas (y no necesariamente las relacionadas con la pandemia) están al orden del día y siguen presentes en todos los entes de la sociedad.

El ejemplo de los fraudes contra el seguro

 

Uno de los campos más destacados dentro de esta particular clasificación es el compuesto por los intentos de fraudes al seguro. Así lo revela un estudio de la empresa ‘Axa Seguros’, que señala que a pesar de la pandemia y los meses de confinamiento la tasa de fraude al seguro creció del 1,9% al 2,21%.

Prácticas como simular un golpe con el coche con el objetivo de lograr una cantidad en concepto de indemnización, fingir una lesión que se padecía con anterioridad o tratar de reclamar unos daños que no se han sufrido son solo algunos de los ejemplos a los que día a día se tienen que enfrentar las empresas aseguradoras.

Cargos penales para el autor del delito

 

Lo que generalmente ignoran las personas que intentan engañar a estas compañías es que pueden incurrir en un delito de estafa y potencialmente en otro de falsedad documental si se alteran datos oficiales o se emplea información falsa para llevar a cabo el intento de fraude. Y ya no es sólo eso, sino que además también podrán perder cualquier derecho a indemnización.

Concretamente, para que exista ese delito de estafa el perjudicado -la empresa- debe sufrir un perjuicio económico a través de un engaño suficiente como para creer que estaba realizando un negocio lícito. Es decir, no basta sólo con que engañen a la persona o la entidad, sino que esta, además, debe sufrir un desplazamiento en su patrimonio que le cause un perjuicio. Las penas pueden ir desde los seis meses hasta los tres años de prisión, mientras que se tratará de una multa de uno a tres meses en el caso de que la cantidad sea inferior a los 400 euros.

En el caso de que se produjera un delito de falsedad documental y se tramitase o utilizase información de algún documento que no fuera real y se hiciera pasar como si lo fuera, habría que valorar si se trata de un documento público o de uso privado, algo que influirá sustancialmente en la pena definitiva, que pueden ir desde los seis meses hasta los seis años de prisión.

Pérdida del derecho a la indemnización

 

Pero no termina en una condena penal un caso como este, a las consecuencias judiciales hay que añadir las dificultades que a partir de una sentencia condenatoria se encontrará esa persona que desee contratar un seguro. El abogado especialista en responsabilidad civil y derecho de seguros, Juan Torroba, lo explica así.

La aseguradora perjudicada suele incluir al defraudador en una especie de lista negra (así se le denomina vulgarmente), que no es más que un fichero de prevención de fraude que tiene la UNESPA, patronal del sector asegurador”, comenta. Además, a esta situación hay que sumar la rescisión inmediata del contrato de seguro entre ambas partes.

El propio letrado explica que “si bien no es algo regulado como tal, lo que sí suele ocurrir en la gran mayoría de los intentos de fraudes es que, si el perjudicado tenía derecho a obtener una indemnización, al haber intentado defraudar a la aseguradora perderá ese derecho”.

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